Un fallo de la Corte Constitucional vuelve a abrir la posibilidad de hacer la consulta popular para evitar la explotación del Bloque ITT en el Parque Nacional Yasuní. La consulta fue propuesta por primera vez por el colectivo ciudad Yasunidos en 2014. 

El 2 de diciembre de 2021, la Corte Constitucional emitió la sentencia que declara la vulneración de sus derechos por parte de los dos organismos que conforman la Función Electoral del Estado: el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y el Consejo Nacional Electoral (CNE). 

El fallo de la Corte se dio después de revisar una acción extraordinaria de protección que presentó Yasunidos en febrero de 2021.

¿Qué dice la sentencia?

La sentencia de la Corte Constitucional dejó sin efecto la sentencia del TCE emitida en enero de 2020. El fallo del TCE había negado una impugnación a una decisión del CNE sobre el pedido de consulta presentado por el colectivo.

En su sentencia, la Corte Constitucional declaró la vulneración del derecho al debido proceso. La Constitución del Ecuador dice que el debido proceso es un principio jurídico que ordena que el Estado respete todas las garantías que tiene una persona en un proceso judicial, como el ser informado de los cargos, ser juzgado por un juez imparcial, que haya celeridad en el trámite del proceso, entre otras. 

La Corte dejó sin efecto el fallo impugnado por el TCE y reenvió el expediente al tribunal para que vuelva a resolver el recurso presentado por el colectivo Yasunidos “con observancia de las reglas del debido proceso”. El caso, dice la sentencia de la Corte Constitucional, debe ser analizado por un nuevo tribunal del TCE.

Pedro Bermeo, integrante de Yasunidos, explica que su impugnación se basó en un informe de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio que aseguraba que, en 2014, el CNE vulneró los derechos de participación de más de 750 mil personas que habían firmado a favor de que se haga una consulta popular respecto de la explotación del bloque 33 en el Parque Nacional Yasuní. El CNE, habría eliminado más de 400 mil firmas de manera irregular para que no se diera paso a la consulta popular.

Bermeo dice que el colectivo Yasunidos quiere seguir adelante con la consulta popular porque consideran que es una deuda con los pueblos aislados, la naturaleza y también los derechos de participación ciudadana.

¿De qué se trata el caso de Los Yasunidos?

El caso se remonta a 2013, cuando se debatía la posibilidad de explotar petróleo en los campos petroleros Ishpingo, Tambococha y Tiputini, ubicados en el parque natural Yasuní, un sitio megadiverso en la Amazonía ecuatoriana. 

El colectivo Yasunidos se formó el 16 de agosto de 2013, después de que el entonces presidente Rafael Correa anunciara la cancelación de la Iniciativa Yasuní ITT. La iniciativa proponía a los países desarrollados pagar al Ecuador por el ahorro de emisiones de carbono derivado de la no explotación del petróleo debajo del Yasuní. 

El beneficio colateral era la preservación de una zona del Parque Nacional Yasuní en donde vivían —y siguen viviendo— algunos pueblos indígenas en aislamiento. En una cadena nacional, luego de anunciar el fin de la iniciativa, Correa lamentó que “el mundo nos ha fallado”.  Correa había anunciado la necesidad de extraer estos recursos para “combatir a la pobreza”, a la vez que había dicho que esta actividad afectaría a menos del 1% del Yasuní. Previamente, en 2013, el gobierno del presidente Correa había ordenado 555 spots de televisión para posicionar el supuesto bajo impacto ambiental que generaría la explotación del ITT.

De forma espontánea, el grupo de jóvenes que se autodenominó Yasunidos, empezó a recolectar firmas para que se realizara una consulta popular para que la extracción del petróleo en el Yasuní se decidiera por voto popular. Recogieron un total de 756.291 firmas y superaron con creces el 5% del padrón electoral requerido por la Constitución —que en aquel entonces eran unas 583 mil.

Una vez recolectadas las firmas empezaron las calamidades para los Yasunidos, ya que el CNE anuló 400 mil firmas en dos semanas, con varios argumentos, desde el gramaje del papel, las medidas, el color de la tinta del esfero, muchos de estos requisitos fueron impuestos retroactivamente, a pesar de que los motivos para que una firma sea anulada son: “ilegible”, “inidentificable”, “repetida”, “escritas por la misma persona”, “no manuscrita”, “no consta en padrón”, “fecha de nacimiento equivocada”. Además,  el presidente Correa atacó a los Yasunidos en sus enlaces sabatinos entre octubre y noviembre de 2013 y entre marzo y abril de 2014.

Sin embargo, en una investigación de Manolo Sarmiento publicada en GK se revela que las instrucciones para eliminar las firmas vinieron desde arriba. La inmensa cantidad de funcionarios que fueron contratados para anular las firmas tuvieron que hacer este trabajo a razón de 3 firmas por minuto (tiempo en el que se debía comprobar la veracidad de la firma cotejada por una base de datos), para alcanzar a anular las 400 mil firmas en los 14 días. Además, la misma investigación afirma que Paúl Salazar, entonces vicepresidente del CNE, tuvo que aumentar el número de firmas aceptadas porque era tan bajo que sería inverosímil para la opinión pública.  

Para el 8 de mayo de 2014, el CNE había aprobado 334.474 firmas y rechazado más de 400 mil en un proceso lleno de irregularidades que impidió que Yasunidos pudiera observar las firmas rechazadas. Según el organismo, había irregularidades que invalidaban las firmas. Entre ellas, mencionó cosas como que el gramaje del papel era incorrecto y no podía ser leído por el escáner del CNE, que los firmantes habían escrito su nombre en el casillero del apellido y su apellido en el casillero del nombre. Según Benito Bonilla, un yasunido, también se invalidaron firmas porque para los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, “parecían dibujos”.

A inicios de noviembre de 2019, la Dirección de Asesoría Jurídica del CNE resolvió que la solicitud de consulta popular era improcedente porque fue hecha por Julio César Trujillo, como representante de los Yasunidos. Como Trujillo falleció en mayo de 2019, el Consejo Electoral consideró que no había un proponente para una consulta. 

Pedro Bermeo, representante de los Yasunidos, dijo en una rueda de prensa que Trujillo actuaba como un representante al colectivo porque “el verdadero proponente somos todos los Yasunidos, incluido el doctor Julio César Trujillo. Parece que el CNE no entiende e intenta una vez más vulnerar nuestros derechos”, dijo Bermeo. 

En la rueda de prensa, Francisco Bustamante, abogado del colectivo, dijo que era la oportunidad de reparar los derechos de participación de todas las personas que suscribimos en respaldo a esta iniciativa”. Bustamante mencionó que el pedido no era “un capricho del colectivo Yasunidos”, sino que representaban a “todas aquellas personas que firmaron, suscribieron esos formularios y que han sido desconocidos por las autoridades del CNE”, dijo.

¿Quiénes son los Yasunidos? 

El colectivo Yasunidos fue creado el 16 de agosto de 2013, después de que el entonces presidente Rafael Correa confirmara que habría explotación petrolera en el Yasuní, una zona de la Amazonía del Ecuador de altísima biodiversidad. 

Los Yasunidos se oponían a la decisión, y promovían una consulta popular para que la cuestión sea decidida mediante voto popular. 

La frase de “El mundo nos ha fallado” que el presidente Correa utilizó para justificar la cancelación de la iniciativa Yasuní ITT fue el momento de quiebre definitivo con los colectivos ambientalistas que lo apoyaron para llegar al poder. 

Fue el inicio de una lucha desproporcionada, en la que los Yasunidos buscaron las firmas que la ley exige para que se convoque a una consulta popular y el Estado creó un paredón de artilugios burocráticos para impedirlo. Hoy, la lucha de un grupo de jóvenes autoconvocados, que han persistido en su causa, parece dar frutos.