Este contenido se publicó originalmente en Mongabay Latam

El pasado 10 de marzo la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la amnistía para 268 personas, entre ellos líderes ambientales, sociales, indígenas y de derechos humanos. En el listado aparecen 153 personas defensoras del territorio, 12 vinculadas a temas de administración de justicia indígena, 43 defensores de la naturaleza y 60 personas judicializadas durante la protesta social de octubre de 2019, entre ellos políticos.

Estos indultos por parte del legislativo fueron el resultado de un largo proceso liderado por varias organizaciones sociales y de derechos humanos desde el año pasado. La lectura del informe final, preparado por la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea, empezó en la noche del 9 de marzo, seguido por el debate del informe y la votación final que se dio hacia las 4 de la mañana del día siguiente. Finalmente, las amnistías se aprobaron por mayoría: hubo 99 votos a favor, 16 en contra y 10 abstenciones.

Los líderes y las organizaciones sociales celebraron la decisión mientras que el Ejecutivo, en cabeza del presidente Guillermo Lasso y su entonces ministra de Gobierno Alexandra Vela, presentaron el 29 de marzo una demanda de inconstitucionalidad en contra de la decisión pues consideran que benefició a personas que son procesadas por delitos comunes, los cuales no se pueden incluir en este tipo de procesos que se reservan solo para delitos políticos o para indultos por cuestiones humanitarias.

Un largo proceso que ha traído oposición

El 15 de junio de 2021 fue un día clave para lo que sucedió con las amnistías otorgadas meses después. En esa fecha, la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador publicó un gran informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza, donde identificaron 449 personas defensoras en riesgo, amenazadas o que habían sufrido violaciones a sus derechos. Vivian Idrovo, abogada y coordinadora de la Alianza, asegura que después de eso se empezaron a hacer reuniones lideradas por Acción Ecológica para juntar más casos y solicitar las amnistías en la Asamblea. Finalmente, hicieron la solicitud el 21 de septiembre de 2021 y sus requerimientos se juntaron con los de otras organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

“Es muy grave que durante este trámite de amnistías falleció una de las personas para la que pedíamos este beneficio. Me refiero al defensor de Molleturo [parroquia rural de la ciudad de Cuenca] Víctor Guaillas, quien fue criminalizado por hechos ocurridos en el paro nacional de octubre de 2019 y que estaba privado de su libertad”, comenta Idrovo.

La abogada también asegura que la criminalización, como se ha revelado en informes de organizaciones internacionales como Global Witness y Front Line Defenders, es una forma de entorpecer la labor de defensa de derechos promovida por los líderes. “Se ejerce abusivamente del derecho penal en contra de personas que no tienen recursos para defenderse, que por lo general están en una situación de discriminación. Ellos tienen que destinar recursos a estos procesos y eso les produce angustia, tienen al Estado y, en muchos casos, a empresas muy poderosas en contra de ellos”, dice Idrovo y añade que al criminalizar personas defensoras se envía un mensaje de amedrentamiento a las comunidades y pocos querrán asumir nuevos roles de liderazgo.

Es por eso que, para las organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos, las amnistías son una reivindicación a la labor de defensa de los territorios. Tarsicio Granizo, director de WWF Ecuador y exministro de Ambiente, asegura que “las amnistías son una forma de reconocer que estas personas no son delincuentes, que la protesta está garantizada en la Constitución. Muchas de las protestas fueron necesarias para llamar la atención del gobierno”.

Para Granizo es muy diferente lo que pasa en las zonas urbanas de lo que pasa en zonas rurales o lo que pasa entre los que tienen redes sociales y lo que ocurre fuera de las redes. “La gente no es escuchada, entonces se toman la carretera para protestar y luego viene la represión, pero no se averigua lo que hay detrás: una permanente invisibilización de la lucha de la gente que vive más allá de las fronteras de Quito, de Guayaquil y de Cuenca. No hablamos de esas situaciones que están ahí latentes y que tarde o temprano explotan”, comenta.

Incluso, Mary Lawlor, relatora de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se pronunció sobre lo sucedido en Ecuador: “Este mes [marzo], tras un trabajo increíble de la sociedad civil ecuatoriana, 268 personas defensoras perseguidas injustamente recibieron una amnistía de la Asamblea. Cuando existe voluntad política, ¡sí se puede poner fin a los ataques contra las personas defensoras!”.

Desde el 19 de abril más de 300 pobladores de Buenos Aires impiden la entrada de la minera Hanrine a su territorio. Fotografía Cortesía comunidad de Buenos Aires.

A pesar de todo esto, lo que le llama la atención a los beneficiados por las amnistías, y a los abogados que han acompañado sus procesos, es que se ha intentado dejar sin efecto la decisión de la Asamblea. Un par de días después de conocerse la decisión del legislativo, el ex asambleísta Andrés Páez presentó una acción de protección para suspender los efectos jurídicos de dicha decisión. Según argumentaba en su demanda, al no analizar caso por caso y “aprobar una resolución en paquete” lo que hizo la Asamblea fue “otorgar de forma indiscriminada el beneficio de la amnistía”. Sin embargo, el pasado 29 de marzo, la jueza constitucional Lucila Soria, de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Quitumbe, Quito, decidió rechazar la acción de protección y dejar en firme las amnistías.

Aunque ese primer ‘round’ lo ganaron los líderes, están a la espera de la decisión que tome la Corte Constitucional sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Ministerio de Gobierno ese mismo 29 de marzo. El Ejecutivo se opone principalmente a las amnistías para personas que participaron del paro nacional de octubre de 2019. “El mensaje que se está enviando es que cualquiera puede venir a incendiar un edificio de Quito como la Contraloría General del Estado; a aterrorizar a sus habitantes, a atacar a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, a dejar sin agua a la población, y tienen derecho a hacerlo porque no existe ningún delito”, dijo la entonces ministra de Gobierno Alexandra Vela.

Por ahora no se sabe en cuánto tiempo la Corte tomará una decisión. “El tema es que en este caso hay una presión evidente del Ejecutivo pero esperamos que la Corte resuelva primero las causas urgentes que tiene en su despacho desde hace varios meses, incluso años, antes que tratar este tema que, evidentemente, lo que busca es seguir entorpeciendo la labor de las personas defensoras”, dice Vivian Idrovo.

Las voces de los defensores

Gabriela Fraga es defensora del territorio de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, donde decenas de comuneros se han opuesto durante años a la minería legal e ilegal. Fraga fue una de las 268 personas que recibieron amnistía el pasado 10 de marzo.

“Sobre mí recaían seis procesos, soy beneficiaria de amnistía en cuatro de ellos, ya que los últimos dos fueron interpuestos después de que se presentaron las solicitudes en la Asamblea”, cuenta . A la defensora ambiental la han denunciado por los delitos de daño en bien ajeno, intimidación, asociación ilícita y paralización de servicios públicos. Según dice, estas denuncias han sido estrategias de varios mineros, una empresa multinacional y de la misma Policía Nacional para que desista de su lucha.

Fraga asegura que en Buenos Aires hay un alto índice de criminalización. Solo en esta pequeña localidad ecuatoriana hay aproximadamente 70 casos. “Cada persona denunciada puede tener entre cuatro y cinco procesos de investigación. Cabe recalcar que aquí hay familias enteras criminalizadas, como es el caso de doña Teresa Romero, una persona de la tercera edad que está criminalizada junto a sus dos hijos y su nieto”, enfatiza la lideresa.

A pesar de las amnistías otorgadas a defensores de la naturaleza, preocupa que hay nuevas denuncias en contra de las personas que defienden el medioambiente y los recursos naturales. “Tenemos constancia de que se abrieron otros procesos. Por ejemplo, 21 en Buenos Aires, 28 en Pacto [parroquia rural de Quito en el noroccidente de la provincia de Pichincha] y 58 en Cahuasquí [parroquia en el cantón Urcuquí, Imbabura]. Por un lado, la decisión de la Asamblea reconoce el trabajo de personas defensoras pero, por otro, no aborda los problemas estructurales de que el Estado ecuatoriano siga utilizando el derecho penal para intimidarlas”, comenta la abogada Vivian Idrovo.

Parroquia Cahuasquí concesionada casi en su totalidad a la minería. Fotografía cortesía Stalin Ramírez (Anna Nicole Arteaga).

La historia de Gabriela Fraga en Buenos Aires es muy similar a la de Stalin Ramírez en Cahuasquí. Ramírez fue criminalizado por algunos trabajadores de empresas mineras luego de que, junto con otros pobladores, pusieran un puesto de control para no permitir el ingreso del personal que quería hacer explotación de minerales en zona de páramo. “Ahorita somos más de 50 criminalizados, nos acusan de paralización de servicios públicos, de intimidación y de un sinnúmero de cosas por el hecho de exigir que respeten nuestros derechos”, cuenta.

Ramírez recibió amnistía en varios de sus procesos pero aún tiene varios pendientes que no alcanzaron a entrar en el listado que aprobó la Asamblea Nacional.

Por su parte, Eddyn Cortés, en la parroquia de Pacto, no fue beneficiado con esta decisión del legislativo pues no tenía denuncias en el momento en que se hizo la solicitud en la Asamblea. Según dice, la criminalización de la que ha sido víctima sucedió hace solo dos meses y su caso es una muestra de que el gobierno ecuatoriano parece tener esta práctica como una política de Estado.

Según cuenta Cortés, en la zona donde vive hay 12 concesiones mineras pero los habitantes del sector nunca fueron consultados. Hoy lo acusan de haber participado en la quema de un carro durante un plantón de la comunidad. “Yo nunca estuve por esas partes, tengo testigos de que estuve en mi finca, tomaron mi nombre y lo pusieron en una denuncia sin ninguna evidencia. Siempre buscan vincular a las cabezas más visibles de las luchas para infundir miedo en la comunidad”, dice.

Uno de los principales temores de los defensores criminalizados y de los abogados que acompañan sus casos es la falta de garantías de seguridad que hay para ellos en caso de que sean detenidos y puestos en una cárcel, teniendo en cuenta los recientes motines que se han dado en centros penitenciarios y donde han muerto centenares de reclusos. “¿Qué busca el gobierno… llenar las cárceles de defensores para que seamos asesinados allí?”, se pregunta Gabriela Fraga.

Páramo en el cantón Urcuquí, Imbabura. Fotografía cortesía Stalin Ramírez.