En agosto de 2018, Brenda* habría sido abusada sexualmente por tres funcionarios del sistema de salud público ecuatoriano. Ella tenía 24 años y cursaba el cuarto año de la carrera de radiología. Brenda denunció el abuso ante la Fiscalía, y en primera instancia, sus presuntos agresores fueron condenados. Los hombres apelaron la sentencia y fueron absueltos. 

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Tras esa decisión, Brenda presentó un recurso de casación que fue negado. Ahora, espera que se acepte una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional. 

Los detalles del caso Brenda

En 2018, Brenda era estudiante de último año de radiología e imagenología en la Universidad Laica Eloy Alfaro, en la provincia de Manabí. Brenda hacía su internado en el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Portoviejo, en la capital de la provincia costera. 

Además del internado, para graduarse, Brenda tenía que hacer un proyecto sobre un caso clínico. Uno de sus exprofesores, con quien tuvo clases durante cinco semestres —desde segundo hasta séptimo— se ofreció a ayudarla con el proyecto. Brenda aceptó porque además de haber sido su profesor, dice —en un testimonio escrito al que GK tuvo acceso— que era un “amigo en el que confiaba mucho”. 

El 30 de agosto de 2018, Cedeño le envió un mensaje a Brenda en el que le pedía que lo acompañara a una cirugía que le iban a hacer. Según Brenda, aceptó “acompañarlo y ayudarlo en lo que fuera posible” porque era su profesor, su amigo, y porque él tenía una enfermedad catastrófica. 

La enfermedad de su profesor —que Brenda no ha dado a conocer a los medios— era precisamente el caso clínico que ella debía exponer en la universidad para graduarse, por lo que acompañarlo era además una buena oportunidad para avanzar con su proyecto. 

Tras aceptar la propuesta, Brenda fue al hospital. Pero al llegar, su ex profesor le dijo que le habían cambiado la fecha de la cirugía. El hombre se ofreció a llevarla a casa pero antes le invitó a comer. 

Después, dice Brenda, su exprofesor le pidió que le acompañara a una clínica para retirar un “material de radiodiagnóstico” —equipos que se usan en radiología para determinar un cuadro clínico. Al llegar a la clínica, se encontraron con otro radiólogo, Fabricio Zambrano, quien les dijo que no tenía el material ahí sino en su casa. Brenda no conocía al compañero de su exprofesor.

Brenda afirma que quiso tomar un taxi y volver a casa porque estaba cansada. Antes de aceptar acompañar a su profesor a la supuesta cirugía, había estado de guardia —en turnos hospitalarios que pueden durar entre 12 horas y 24 horas. Su exprofesor habría insistido en que no tomaría mucho tiempo retirar los equipos de la casa de su compañero, y le prometió que luego la dejaría en la casa. 

Al llegar a casa de Zambrano, los esperaba alguien más: otro radiólogo que Brenda no conocía. Según un testimonio de Brenda, allí la habrían drogado

La mañana del 31 de agosto, Brenda despertó desnuda. Además, tenía “quemaduras, hematomas, laceraciones, mordidas en el cuerpo y mucho dolor”, dice Brenda. Según la joven, intentó levantarse de la cama pero sintió que sus piernas no reaccionaban, así que gritó pidiendo ayuda. En lugar de ayudarla, uno de los radiólogos, Fabricio Zambrano, le dijo que no gritara y le pidió un Uber para que se fuera. 

Según Brenda, uno de los agresores le dijo que no denunciara los hechos porque tenía contactos en la Fiscalía. 

Brenda dice que al llegar a su casa, se sentía mareada y se quedó dormida llorando. Horas después, Brenda fue a buscar a su exprofesor y supuesto amigo, para que le devolviera sus teléfonos. Ella llamó al 9-1-1 y denunció lo que le habría ocurrido. 

En ambos teléfonos, Brenda encontró fotos que le habían tomado desnuda e inconsciente. Había además videos y chats que serían evidencias contra los tres presuntos agresores. 

El proceso judicial

Tras la denuncia de Brenda, se abrió una investigación contra el ex profesor de Brenda y los dos radiólogos.

En 2019, los tres supuestos agresores fueron sentenciados a 29 años y 4 meses en prisión por un juez de primera instancia por el delito de violación y abuso sexual. Los acusados presentaron un recurso de apelación. 

En esa instancia de apelación, explica el abogado actual de Brenda, Pedro Granja, el ex profesor de Brenda y los dos radiólogos que ella no conocía fueron absueltos, y ahora están en libertad. 

Ramiro García, ex abogado de Brenda, le dijo a GK que los argumentos que los jueces usaron para absolver a los dos presuntos agresores fue que no había suficientes evidencias que probaran su participación en los hechos. Sin embargo, el abogado asegura que hay videos, fotos de Brenda, exámenes toxicológicos y exámenes médicos que demuestran lo contrario. 

García dijo que “es increíble” que con todas esas evidencias se haya declarado la inocencia de dos de los procesados. Por eso, según García, en febrero de 2022 decidieron presentar un recurso de casación, que era el último recurso judicial para que se revisara la sentencia. El abogado aspiraba que con este recurso “se corrijan los errores de derecho de la sentencia y se declare la responsabilidad penal de los tres procesados”.

El recurso de casación

A pesar de que Brenda y su defensa esperaban que se aceptara el recurso de casación, el 13 de abril de 2022, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia resolvió negarlo

Con la decisión del tribunal, los tres presuntos agresores sexuales de Brenda —que además son funcionarios del sistema de salud público— quedaron absueltos. 

Según las amigas de Brenda, ahora los tres están libres y siguen trabajando en hospitales públicos de Manabí. 

Mary Poveda, amiga de Brenda, asegura que Brenda tiene miedo de sus agresores. Según Poveda, Brenda, quien se tuvo que mudar a otra ciudad, “tiene miedo de encontrárselos, tiene miedo que la busquen, y de lo que la gente puede decir, pero sobre todo tiene miedo de que la encuentren”. 

Poveda dice que Brenda ha recibido hasta amenazas de muerte por parte de sus agresores y ahora, sin justicia y con ellos libres, su amiga está aún más desprotegida, dice.

Las reacciones a la decisión de la Corte

La decisión del tribunal de la Corte Nacional fue cuestionada por amigos y familiares de Brenda en redes sociales. En la cuenta de Twitter de Justicia Para Brenda, una de sus amigas escribió “es terrible. No hay palabras que describan este acto tan miserable”. 

En la misma cuenta hay también una captura de pantalla de un chat de Whatsapp con quien sería Brenda. En el chat Brenda le dice a su amiga “me siento súper mal, siento que no puedo más con mi vida”. También dice “me siento tan mal, estoy destrozada, cómo quisiera morirme… y dejar de sentir tanto dolor”. 

Mary Poveda, una de las amigas de Brenda, habló con GK tras el fallo de la Corte Nacional. Poveda dijo que Brenda “está demasiado caída, dice que ella prefiere morirse porque las víctimas que mueren obtienen más justicia que las que están vivas”.

Poveda dice que Brenda ve como que su vida está truncada. “Este recurso de casación es lo que la mantenía en pie”, dijo la joven. Además contó que como amigas esto ha sido muy duro. Según Poveda, “le dijimos que haga esto para demostrarle que hay justicia, pero la hemos revictimizado y no le dimos nada, le quitamos la paz y no le dimos nada”.

La acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional

Después de que se negara el recurso de casación, Brenda decidió buscar justicia en el máximo tribunal constitucional del país. El 16 de mayo de 2022, la joven y su defensa presentaron una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. 

Mary Poveda, amiga de Brenda, le dijo a GK que decidieron presentar este recurso porque “no encontramos otra respuesta para lo que ha sucedido”. 

La acción presentada en la Corte dice que se vulneró el derecho a la seguridad jurídica. El documento dice que la vulneración ocurrió cuando —durante el proceso de apelación— se absolvió a los tres presuntos agresores de Brenda.

El caso fue remitido al despacho del juez constitucional Enrique Herrería Bonnet, quien el 24 de agosto de 2022 emitió un auto disponiendo aclarar y completar la demanda. En el documento, Herrería dice que la demanda no precisa de forma clara: 

  • los derechos constitucionales que se considera que han sido vulnerados,
  • si la violación de esos derechos ocurrió durante el proceso judicial,
  • y la identificación del momento en que se alegó la violación de los derechos. 

Tras la emisión de ese auto, los amigos de Brenda publicaron un comunicado en la cuenta de Twitter del caso. La publicación “alerta que la Corte Constitucional pretende alargar el proceso y perpetuar el accionar de la Corte Nacional”. 

GK consultó a la Corte Constitucional sobre la acusación de las amigas de Brenda, y la institución aclaró que el auto emitido por Herrería “no implica adelanto de criterio respecto de la admisibilidad o no del caso”. Es decir, el caso todavía está en la fase de admisión. 

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Doménica Montaño
(Quito) Ex reportera de GK. Cubre medioambiente y derechos humanos.
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