El ex policía Luis Guanotasig se desbordó de alegría y dolor al salir de la Corte Nacional de Justicia, hoy, 24 de noviembre —una fecha que, para él, es histórica. Levantando los puños, con los ojos nublados por las lágrimas, Guanotasig se arrodilló, se puso la mano en el corazón y gritó: “Nuevamente soy libre, ¡soy libre! Gracias, papito Dios, tanto sufrimiento…¿por qué me hicieron tanto daño?”. 

Los jueces Byron Guillén, Walter Macías y Luis Rivera lo declararon inocente a él y sus ex compañeros Geovany Laso, Eduardo Mullo y Jesús Jetacama, cuatro policías que fueron sentenciados a 12 años de cárcel en agosto de 2014 por tentativa de magnicidio contra el entonces presidente Rafael Correa, el 30 de septiembre de 2010, día en que una revuelta policial que reclamaba la eliminación de una serie de bonificaciones salariales se convirtió en un día de enfrentamientos armados y crisis social en el país. 

Ese día, el presidente Rafael Correa fue al Regimiento de Policía 1, en Quito, para intentar dar sus explicaciones sobre la eliminación de los bonos por ascensos a los policías que, desde el patio del cuartel, lo increpaban. En un momento, Correa perdió el control y le pidió a los policías, mientras se arrancaba la corbata, que lo mataran —una imagen que pasaría a la historia por sus ribetes dramáticos (para unos, una muestra del temperamento voluble del presidente; para otros, un acto histriónico premeditada y ensayado). 

Tras su intervención, Correa trató de salir del regimiento pero los policías sublevados se lo impidieron, y tuvo que refugiarse en el hospital policial. Ahí permaneció hasta las 10 de la noche, cuando un escuadrón de élite de la policía y el ejército intervino para lograr que saliera. 

Los policías de tropa y los cuerpos de élite que intentaban rescatar a Correa se enfrentaron en una escena más propia de una guerra urbana que de las calles que flanquean algunos de los mayores hospitales de la capital ecuatoriana. Cuando Correa era sacado del hospital en una caravana flanqueada por militares y policías que portaban escudos protectores, murieron un policía y un militar. 

Por esos hechos, fueron procesadas judicialmente 12 personas —entre ellos, los policías que hoy fueron absueltos. 

Lo celebraron con quien los apoyó desde que fueron acusados. Entre ellos, con Óscar Ayerve, presidente del colectivo ciudadano Asociación Víctimas 30-S. En varios testimonios recabados por la Defensoría Pública, los ex policías relataron su historia de vida. Cuando fueron procesados, no solo se convirtieron en un blanco de la opinión pública, sino que perdieron su trabajo y sus hogares quedaron rotos. Algunos desintegrados. Para poder defenderse tuvieron que vender sus bienes y solicitar préstamos, contaron. 

¿Cómo lograron su libertad los cuatro expolicías?

Los cuatro hombres habían sido ya condenados. Cumplieron cerca de seis años en prisión y ya estaban libres porque habían accedido al beneficio de la prelibertad para continuar el cumplimiento de su sentencia en libertad.  

El 29 de junio de 2020, los ex policías presentaron un recurso extraordinario de revisión, una vía legal a la que se suele recurrir como medio de impugnación a las sentencias penales ejecutoriadas que adolecen de un error jurídico.

Aquel día, Ayerve dijo que, además del documento en el que se detalla el pedido, también se adjuntó documentación que, según él, evidenciaba que no hubo un intento de magnicidio. Para él, la sentencia de los ex policías, que unieron esfuerzos para luchar por su libertad, no era más que una muestra clara de la “metida de mano en la justicia para que en todas las instancias fueran condenados y sentenciados a dos años de prisión”, dijo entonces a El Universo. 

Son tres causales por las que se puede presentar un recurso de revisión, de acuerdo con el artículo 658 del Código Orgánico Integral Penal. 

Una de ellas indica que puede interponerse la acción legal si la sentencia se dictó “en virtud de documentos o testigos falsos o de informes periciales maliciosos o errados”. La revisión, dice la ley, puede ser declarada “en virtud de nuevas pruebas que demuestren el error de la sentencia impugnada”. Con el análisis de la documentación entregada por los ex policías, el tribunal de la Corte resolvió que el presunto magnicidio por el que fueron sentenciados no existía. 

El fiscal a cargo del caso, Gustavo Beníntez, dijo en 2014 que los policías podían ser observados en videos con armas, con el rostro tapado y “dispuestos a disparar” contra Correa. Sin embargo, no logró demostrar que los hombres encapuchados eran ellos y tampoco presentó otros elementos probatorios para demostrar la identidad de los acusados. La defensa de los ex agentes siempre alegó que el séptimo tribunal penal de Pichincha condenó a sus clientes sin pruebas concretas. 

Una breve cronología del 30-S

El 30 de septiembre de 2010 sigue dividiendo al Ecuador. La frase “Si me quieren matar, que me maten” del ex presidente Rafael Correa late en la memoria colectiva del Ecuador. Para Correa y sus seguidores, fue un intento de golpe de Estado, desestabilizador de la democracia de su gobierno. 

Para otros, fue un show orquestado por el mismo gobierno. Las versiones son muchas y, a través de los años, se han ido reacomodando, según quién las diga. Pero más allá del abanico de historias, el 30-S será siempre recordado como un día que destrozó vidas: dejó 10 fallecidos y al menos 274 personas heridas, pues hubo enfrentamientos callejeros, saqueos y, en la noche, la intervención armada para sacar al presidente Correa del hospital policial. 

Lo innegable  es que aquel día hubo una sublevación policial, un día después de que la Asamblea Nacional aprobara la Ley Orgánica de Servicio Público, con 108 votos a favor, 2 negativos y 9 abstenciones. 

En la ley se eliminaban bonificaciones, premios, reconocimientos y beneficios que obtenían los policías y militares por ascensos y condecoraciones. Pero, además, se aprobaba que las instituciones educativas que eran manejadas por las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Aviación Civil y Comisión de Tránsito del Guayas pasaran a control del Ministerio de Educación, una resolución que generó malestar en las filas policiales.

Más de 400 policías se unieron en una protesta que empezó afuera del Regimiento Quito N°1, ubicado en la avenida Mariana de Jesús, en el centro norte de Quito. Los policías pedían que se derogue la ley que, a su criterio, les arrebataba sus beneficios. 

A las nueve de la mañana, llegó al regimiento el entonces presidente del Ecuador, Rafael Correa Delgado, para intentar calmar a los manifestantes. Correa fue acompañado del Ministro Interior, Gustavo Jalkh. Rafael Correa asistió a pesar que estaba con  muletas después de una operación de su rodilla izquierda. Al intentar ingresar al Regimiento, Correa fue agredido física y verbalmente por los policías que protestaban. 

Ya en el regimiento, Correa logró subir al segundo piso. Llegó a una ventana que daba al patio, en donde estaban concentrados la mayoría de los policías sublevados. 

Desde allí, Correa intentaba dirigirse a los policías, que lo abucheaban y le insultaban. Detrás de Correa, estaba Jalkh, a quien apenas se lo podía ver, nervioso, desde el patio, pues aparecía casi oculto tras Correa. Al ver que sus palabras no surtían efecto entre los policías, Correa empezó a subir el tono de su discurso. Los gritos, abucheos e insultos en su contra y en contra de su gobierno no cesaban. 

En un momento, Correa perdió la calma y empezó a gritar, desafiando a cientos de policías armados que lo abucheaban. “Si quieren matar al Presidente, aquí está, mátenlo pues si tienen valor”, les gritó. Como respuesta, los policías también gritaban consignas como “deroga la ley, deroga la ley”. Correa estaba furioso y dijo “señores estamos aumentando sueldos y mejorando condiciones de trabajo”. 

Tras finalizar su discurso, el presidente Correa, que estaba escoltado por la seguridad presidencial,  intentó llegar hasta el helipuerto ubicado en un edificio dentro del Regimiento Quito. Su seguridad quería trasladarlo al helipuerto porque era imposible que siguiera caminando. Rafael Correa llegó al Hospital de la Policía Nacional, ubicado al frente del Regimiento Quito. La decisión de ir al hospital fue tomada por el Jefe de la Escolta Presidencial. Correa estaba protegido por una máscara antigases.

Cerca de la una de la tarde, Ricardo Patiño, entonces canciller y Doris Solís, entonces Ministra Coordinadora de la Política, convocaron desde el balcón de Carondelet a los partidarios del gobierno a defenderlo y rescatar a Rafael Correa. 

A la 1:21 de la tarde desde el Hospital de la Policía, mediante el decreto 488, el presidente de Ecuador declaró el estado de excepción en todo el territorio nacional “en razón de que algunos integrantes de la Policía Nacional han distorsionado severamente o abandonado su misión de policías nacionales y por ende sus deberes consagrados en la Constitución”. 

El documento tiene 5 artículos entre los que dice que  el estado de excepción duraría 5 días, se movilizaría a “las Fuerzas Armadas para garantizar la soberanía nacional”. Según la Constitución, durante un estado de excepción la presidenta o presidente puede suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, y libertad de información. En ese caso se aplicaron todas esas medidas. 

En la tarde, las protestas de los sublevados se intensificaron cuando muchas personas llegaron hasta el Regimiento para apoyar al presidente Correa. Policías y militares comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas. Correa seguía dentro del hospital, donde fue ingresado y dijo que se sentía secuestrado por los uniformados. El hospital fue cerrado para evitar que salieran vehículos con Rafael Correa adentro. 

Alrededor de las 8 de la noche, los equipos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) entraron al hospital para sacar al expresidente Correa. Los medios de comunicación nacionales privados y públicos recibieron la orden de unirse a una cadena de televisión en la que se transmitía la versión oficial de los hechos. Fuera de las instalaciones del canal estatal Ecuador TV hubo manifestaciones, con algunos actos violentos de personas que exigían que se transmita la información sin ser parcializada. El grupo de personas derribó la puerta de vidrio después de forcejear con los vigilantes del edificio. 

A las 10 de la noche, el expresidente Rafael Correa fue sacado del hospital. En un operativo de los grupos GIR y GOE y algunas unidades de élite militares, y en medio de una rafaga de disparos, salió Rafael Correa escoltado por los comandos. El cabo segundo de policía Froilán Jiménez y el cabo del Ejército Jacinto Orlando Cortez murieron en el rescate a Correa. Ambos pertenecían al grupo que escoltaba el carro en el que salió el presidente.