Me gustaría iniciar este espacio también, extendiendo una nota de pesar a los familiares de las personas privadas de libertad que en estos lamentables hechos de violencia han perdido a sus familiares y, desde la Secretaría de Derechos Humanos, desde la Presidencia del Directorio del organismo técnico de rehabilitación social, que asumimos este encargo desde el primero de octubre, hemos dado acciones concretas y urgentes para esta crisis del sistema penitenciario. La primera de ellas, justamente tiene que ver con la creación de una comisión de intervención emergente del Estado. ¿Por qué se dió esta Comisión? Yo, en otros espacios, he explicado las dificultades jurídicas que tenemos con el Código Orgánico Integral Penal para trabajar de forma articulada tanto el eje social como el eje de seguridad. 

En esta Comisión, que está liderada por la Defensoría del Pueblo, y con el apoyo de todas las funciones del Estado, por supuesto hemos tenido ya una primera reunión, un primer acercamiento con representantes de la Asamblea Nacional y de la Iglesia Católica para entablar un proceso de pacificación. 

El lunes [22 de noviembre] tenemos otro encuentro con organizaciones de derechos humanos que han seguido de cerca y que tienen un expertise en derechos humanos en contextos de privación de libertad.

Una precisión ahí, esta comisión a la que usted se refiere, ¿es la misma que el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, mencionó aquí en su entrevista el miércoles pasado? Él dijo que estaban creando una comisión para este proceso de pacificación que estaría liderada por Nelsa Curbelo, ¿es esta?

Esta Comisión, nosotros creamos en el marco del directorio del organismo técnico, le dimos un carácter jurídico y, en este proceso de pacificación también va a participar, por pedido del señor Presidente, la activista de derechos humanos Nelsa Curbelo

¿Son dos comisiones distintas o es la misma comisión?

Es del mismo proceso de pacificación porque este proceso está enmarcado en lo que, nos han dicho los expertos internacionales, tanto de Pacto como de las Oficina de las Naciones Unidas, este proceso de pacificación se va a construir en base a la metodología internacional que ha funcionado en otros países como México, como Italia, como Paraguay, como Colombia.  En algunos casos,  se llama “conscious building”. Esto es un proceso, que tiene una metodología muy particular; se lo hace con actores, terceros, para lograr un proceso de pacificación al interior de los centros de privación de libertad. Entonces es un solo proceso de pacificación.

En el que participan la Defensoría del Pueblo, estos activistas de derechos humanos incluida la señora Curbelo, también habrá iglesias, ¿no? Una de las preguntas que la gente se hace constantemente es ¿por qué las iglesias?

El pasado 28 de septiembre, cuando tuvimos también otros lamentables hechos de violencia y, como secretaria de Derechos Humanos, nos trasladamos a la Penitenciaría del Litoral y a Criminalística, una mamá de un fallecido me dijo “por favor, yo quiero una cruz para mi hijo, quiero una cruz”, y más allá de lo que uno pueda pensar, o más allá de los criterios que uno tenga, hay procesos en donde las personas privadas de libertad creen y se apoyan bastante en la Iglesia, no solo en la Iglesia Católica, sino en diferentes credos. Es por eso, que hemos hablado primero con la Iglesia Católica y con otros tipos de credos que hay en el país, como el evangélico.

Entonces, como le mencionaba Sol, este proceso no es de ir a hablar de una pacificación. Esto es una metodología que se hace por partes, que se hace con intervención de diferentes actores. De hecho, aquí en el Ecuador se encuentra ya el experto de las Naciones Unidas que ha trabajado en Paraguay, y él llevó y lideró un proceso de pacificación en Paraguay. Todas las funciones del Estado estamos trabajando para devolverle la paz al país.

Ayer se anunció el secuestro de la hija de Fito en Manabí, es decir, ya se empiezan a ver acciones por fuera de las cárceles en las ciudades.  La gente, a veces dice “que se maten” pero esa violencia irradia a las calles. ¿Cuáles son las primeras acciones de este proceso de pacificación y cómo se empezarían a evidenciar estos primeros efectos?

Ecuador vive una profunda crisis de violencia y en el tema penitenciario, una crisis que, desde nuestra perspectiva, la hemos llamado una crisis del olvido del Estado. 

Una de las primeras acciones, también, que hicimos como directorio fue un diagnóstico de la problemática y ahí pudimos de observar, por ejemplo, que las personas privadas de libertad se encuentran, más allá de los temas que hemos hablado de hacinamiento, del uso excesivo de la prisión preventiva, todo este tipo de de inconvenientes de índole legal; el 68% no tiene ni 25 años y empezaron a delinquir a los 11 años, cuando se involucraron en las redes de microtráfico y de violencia.

La violencia, aquí en el país, es un tema muy importante que hay que prevenirlo. El 18.68% de las personas que son detenidas en el país es por delitos de violencia, y específicamente violencia intrafamiliar. 

flecha celesteOTROS CONTENIDOS SOBRE LA CRISIS CARCELARIA

Ecuador es un país que está atravesando por una crisis de violencia estructural, y voy a poner un ejemplo muy concreto y muy específico, que está relacionado también a las adicciones. Ecuador tiene una de las tasas más altas de alcoholismo en la región, si es que la memoria no me falla, somos el tercer país en la región con la tasa de alcoholismo más grande. Chile es el cuarto, sí, pero Chile no tiene los problemas de violencia, Chile no tiene los problemas de inseguridad. Entonces,  aquí tenemos un problema de violencia, es muy importante trabajar en el proceso de pacificación con las metodologías y con las líneas que nos dan los organismos internacionales para que esta intervención sea la apropiada y la correcta, la violencia tiene que ser prevenida y tiene que ser atendida desde una mirada multidimensional. 

Lamentamos los hechos de los que hemos sido también testigos en los medios de comunicación, esperamos que la Policía Nacional investigue lo antes posible, se neutralice lo antes posible. Lamentablemente nosotros somos testigos todos los días de casos de violencia, de violencia hacia las mujeres, y es muy lamentable que este tipo de hechos se den en el país.

Repitiendo la pregunta sobre esta metodología, ¿cuáles van a ser las primeras acciones para aplicar ya está metodología y cuándo se podrían ver los primeros resultados?

La primera acción es establecer los actores, por eso tuvimos ya el día sábado [13 de noviembre] a las dos y media, tuvimos la primera reunión. El lunes, otra reunión porque esto es un proceso multi-actor. Entonces estamos ya con los sectores que pueden intervenir.  Esto estamos construyendo, lo estamos trabajando, se tienen que aplicar el contexto ecuatoriano y estos son los los primeros pasos que se han dado en cuanto a esta construcción de este proceso de pacificación.

Hay está urgencia de querer ver que las cosas se tranquilicen. Los últimos hechos violentos fueron a finales de septiembre, pasa apenas un mes y un poquito más y ocurren estos nuevos hechos. ¿El Estado no está en capacidad de garantizar el bienestar de las personas privadas de libertad en este momento?

Compartimos la urgencia a la preocupación, de ahí, que las acciones urgentes que hemos emprendido como directorio, que somos la institución encargada de las políticas públicas ha sido como le mencioné, esta comisión. La segunda de ellas, lo que tanto se ha hablado que tiene que ver con el censo penitenciario, en sesión del directorio, que estamos conformados por los ministros del eje social, aprobamos ya la metodología de cómo se va a hacer el censo penitenciario. 

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Este censo se construyó con la participación de todas las funciones del Estado, particularmente con el apoyo del Instituto del INEC para la metodología, conforme dice reglamento del sistema y este censo penitenciario va a permitir, no solo conocer una caracterización de las personas privadas de libertad, sino justamente hacer lo que tiene que ver con los procesos ya adecuados de la administración de las personas privadas de libertad, al interior de los centros. 

Otra acción urgente que tiene un impacto a corto y mediano plazo, tiene que ver con el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 45 millones de dólares, porque este crédito tiene cuatro componentes. Voy a referirme solo a dos de ellos. El primero, tiene que ver con infraestructura, que cumpla con los estándares de Derechos Humanos, con las reglas de Mandela, por ejemplo, una de las reglas te dice cómo tiene que ser la distribución de las personas privadas de libertad. Y, segundo, la capacitación y el perfeccionamiento, en procedimientos de intervención, de los agentes penitenciarios que intervienen. 

Entonces, estas acciones están ya en marcha y cómo le mencionaba, todas las funciones del Estado estamos trabajando arduamente para volver a la paz del país. En el ámbito de las reformas legales, las mesas ya se instalaron hace un mes, estamos ya avanzando con las reformas legales, de hecho a las 9 de la mañana, está instalada ya en la Corte Nacional de Justicia, la mesa técnica que está llevando a cabo las reformas al Reglamento y al COIP. 

Lamentablemente, hemos tenido estos candados jurídicos que han hecho muy difícil el trabajo operativo, sin embargo, poco a poco estamos ya solventando estas dificultades que hemos tenido como Estado y que repito, es una crisis de olvido del Estado en todas sus dimensiones, en todas sus aristas. Entonces, estamos trabajando fuertemente y esperamos realmente recuperar muy pronto esta paz.

 ¿Se ha podido ya hacer un perfil de las víctimas? Cuando ocurrieron los hechos de septiembre, ustedes presentaron un perfil de las presonas que murieron. Recuerdo que 75% de las personas asesinadas eran personas que no tenían sentencias ejecutoriadas. ¿Se ha podido ya hacer un perfil de estas personas? 

Estamos trabajando en la caracterización de estos nuevos hechos, sin embargo de los datos provisionales que tenemos, los datos se repiten, la realidad se repite; estamos frente a personas jóvenes. De hecho, de las 43 personas que los cuerpos ya han sido entregados, la mayoría tiene 20, 21 años. Habían dos personas que tenían 50 años. Había ocho casos que estaban con prisión preventiva.

¿8 de los 43? 

Sí. Entonces, apenas se termine el proceso de identificación, que realmente ha sido bastante complicado, vamos a hacer la caracterización conforme lo hicimos en septiembre, y esto nos permite a nosotros también tomar acciones desde la rehabilitación y desde la reinserción. Porque vuelvo y repito, son jóvenes que empiezan a delinquir a los 11 años y, como Estado, tenemos que trabajar fuertemente hoy en día en la reparación, en la reinserción y en la rehabilitación de estos jóvenes.

Justo iba eso hacia allá,  el tema de reparación hacia las familias, va a venir esta delegación de la Comisión Interamericana que podría incluso establecer responsabilidades por parte del Estado que debe ser el garante de la vida de las personas en las cárceles. ¿Ustedes qué esperan de esta reunión con esta comisión y qué medida se han tomado hasta este momento para reparar a las familias? 

Con respecto a la visita de la delegación de la Comisión IDH, está prevista una misión de alto nivel, del 1 al 3 de diciembre. Como directorio recibiremos a la comisión y se expondrán las acciones que cada uno de los ministros del eje social ha tomado. 

Uno de los puntos fundamentales en estos casos es la investigación multinivel, no únicamente administrativa, sino que ya involucra otras aristas, son investigaciones complejas que se tienen que llevar a cabo en el país, pero que sin duda alguna nos permiten llegar a algo que se llama la reparación integral. 

Con respecto a la reparación material y a la reparación integral de los primeros hechos de violencia del 28 de septiembre, la secretaría de Derechos Humanos, con los servicios de protección integral, nosotros ya hicimos el levantamiento de las personas que fallecieron. 

Hemos hecho una ficha social que contempla datos generales de identificación para tomar contacto, se lo hemos pasado al Ministerio de Inclusión Económica y Social, para que, en el marco de sus competencias, actúe, porque a este ministerio le corresponde la atención a los familiares de personas privadas de libertad, conforme  indica la normativa. 

Hemos dispuesto también, ya desde la presidencia del Directorio, que los ministros elaboren su plan para la contención y el acompañamiento a los familiares. 

Cada ministerio en el ámbito de sus competencias tiene que elaborar su plan de reparación integral. La reparación integral pasa por varias aristas, desde el inmaterial a la material, entonces se están construyendo estos planes, se tiene que hacer está reparación, por supuesto, porque nosotros estamos conscientes que esta es una responsabilidad ineludible del Estado y, como Estado, tenemos la predisposición de colaborar en todo lo que la Comisión requiera. De hecho, otra de las acciones importantes que hicimos como directorio fue aprobar las directrices para que los relatores de organismos internacionales de derechos humanos tengan todas las facilidades para hacer su trabajo de observancia.

Estos informes sobre la reparación que tiene que hacer cada uno de los organismos, de acuerdo a sus competencias, ¿pasan por el directorio o, simplemente se hacen? En el caso de las víctimas de septiembre, por ejemplo, ¿ya se ha aplicado un plan de reparación? 

Se está trabajando en los planes de reparación, cada ministerio en el ámbito de sus competencias lo hace. Lo que nosotros hacemos en el directorio es, por ejemplo, dar lineamientos de cómo debe ser la reparación, cuáles son los estándares internacionales de Derechos Humanos para las reparación y sobre todo, trabajar articuladamente.

¿Entonces, cada quien aplica y no pasa por una aprobación del directorio?

No, no pasa por una aprobación del Directorio,  lo que pasa por aprobación del Directorio, son los modelos de gestión y de intervención de cada uno de los ministerios, en cada centro de privación de libertad. Eso está en el Reglamento del Sistema.

Tengo la sensación de que a más de la intervención policial y militar, que se comprende como necesaria para poder tener control y tratar por lo menos de evitar que vuelvan a haber estos enfrentamientos, pero ¿dónde queda la rehabilitación? Porque es evidente que el sistema, como tal, no ha estado funcionando. Entonces escuchamos que faltan estos detectores de metales, que hay que controlar el ingreso a las armas, y sí es una parte fundamental, pero hay otra parte del trabajo que es en rehabilitación, ¿se ha empezado a hacer algo ya? 

Sí, por supuesto Sol, de hecho el directorio está compuesto por los ministros del eje social, y por disposición de la Corte Constitucional tenemos 13 acciones que cumplir. De hecho el 10 de noviembre, emitimos el primer reporte a la Corte Constitucional, en donde las primeras trece acciones que nos pide la Corte ya se han cumplido. Entre esas, está que recibamos al Consejo de la Judicatura para trabajar con los jueces de garantías penitenciarias; que trabajemos en reformas estructurales, nos pedían el censo penitenciario, nos pedían que se instale una mesa de trabajo con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Trabajo para darle la institucionalidad al SNAI, que como ustedes conocen, ha venido últimamente con un debilitamiento institucional a raíz de la eliminación del Ministerio de Justicia. 

Estas trece acciones también incluyen, por ejemplo, la aprobación de las directrices para el ingreso de cámaras y de personal de Derechos Humanos, estas directrices como le mencioné, ya se han aprobado y se han cumplido y ya se reportó a la Corte. Y en lo que tiene que ver con las rehabilitación y con las reinserción, estamos trabajando en lo que la Corte misma nos ha dicho en reiteradas ocasiones, que es la política pública con enfoque de derechos humanos del sistema de Rehabilitación Social. Ahí entra a intervenir cada eje de los ministerios, está el de Cultura, Trabajo, Deporte, Educación, Salud, Secretaría de Derechos Humanos y también la Defensoría del Pueblo. Lo que hicimos, desde el 1 de octubre que asumí la presidencia del directorio, primero fue un levantamiento de necesidades de cómo está la presencia de cada ministerio en cada centro de privación de libertad.

¿Qué se concluye ahí? 

Por ejemplo, de lo que hicimos en esta matriz que nosotros levantamos,  primero pedimos al SNAI que levante esta ficha en cada uno de los centros de privación de libertad y,  por su parte a cada ministerio, de ahí, cotejamos la información. De las necesidades más urgentes  están la salud y la atención a las enfermedades catastróficas, en el tema de las mujeres, es muy importante garantizar, por ejemplo, la salud menstrual. De hecho, estamos ya trabajando en un plan de intervención, que iniciamos las siguientes semanas, para garantizar el acceso a la salud de las mujeres, de una manera sostenida, no únicamente con acciones  “te doy una toalla sanitaria y ya está”. No, sino un plan sostenido y estructurado. Por ejemplo de Deportes, incluso de Cultura, ya se han hecho importantes proyectos de inversión, para que se pueda gestionar estos ejes. Desde la Secretaría de Derechos Humanos, uno de los puntos importantes que hicimos dentro fue el incremento en el presupuesto para trabajar la prevención de la violencia y para trabajar con mujeres privadas de libertad y también con los agresores. Entonces esto estaba presupuestado, ya está en nuestros planes operativos y estamos ya trabajando activamente.

En ese sentido, una de las quejas que había era que se habían quitado, por ejemplo, actividades que en algún momento tenían, o que el taller de carpintería solo era para pocas personas, pero eso excluía a la mayoría de presos. ¿Se ha planificado ya un calendario para poder insertar estas actividades, considerando, además, los niveles de peligrosidad de los presos?

 Sí, el primer punto es el censo penitenciario que nos va a permitir conocer cuáles son las condiciones en las que están las personas privadas de libertad y también hacer ese proceso de separación de las personas privadas de libertad de mayor peligrosidad con las de menor peligrosidad, por el tipo de delitos de personas que están, por ejemplo, por tránsito, por alimentación.

¿Eso ahorita no existe? ¿Pueden estar mezclados los presos más peligrosos con los menos peligrosos? ¿Alguien que debe pensión de alimentos o que está ahí por un accidente de tránsito puede estar mezclado con un narcotraficante?

Están medianamente separados, pero no de acuerdo a lo que a lo que establecen, por ejemplo, las mismas reglas de Mandela,  entonces, el censo penitenciario es el primer paso.

¿Que se hará cuando? 

Ya se ha avanzado en la metodología, en el costeo, en cuánto se necesita para intervenir, pero necesitamos tomar la seguridad del control dentro. Porque, por ejemplo, el censo penitenciario tiene un presupuesto de 200.000 dólares, necesitamos para hacer el censo 260 personas y tiene una duración de 15 días a nivel nacional. Entramos a intervenir en cuanto las condiciones de seguridad mejoren, porque también tenemos que comprender, que hay que garantizar la seguridad de todos los funcionarios. 

Con lo que respecta a la rehabilitación y a la reinserción, lo primero es la política pública. Recordemos que la política pública quedó aprobada el 18 de mayo del 2021, por la Corte Constitucional, eso nos dice dos cosas al directorio. Primero que esa política pública tiene que adecuarse a los estándares de Derechos Humanos y, segundo, esta política pública tiene que estar adecuada al nuevo Plan de Desarrollo. Desde esa política pública hay que trabajar en los planes anuales de intervención de cada ministerio y lo más importante, costear las actividades. 

Entonces, ¿va a haber presupuesto para todo esto? Digo porque no es políticamente popular darle presupuesto a las cárceles cuando hay muchas urgencias en el país golpeado por el Covid-19. En ese sentido, este presupuesto para el próximo año, ¿se va a aumentar con respecto a este año?

 El primer componente, por ejemplo, es el crédito del BID de 45 millones de dólares que tiene 4 componentes y que pasan también por el restablecimiento del SNAI, de la institucionalidad y se centra este crédito en el trabajo de adolescentes y mujeres. ¿Por qué adolescentes? Por lo que les explicaba previamente, porque empiezan a delinquir desde muy jóvenes. Entonces, hay que intervenir como Estado para evitar que los jóvenes sigan entrando en estas redes de delincuencia y de violencia. Ese es un trabajo a largo plazo pero es el más urgente. Trabajar con los jóvenes, con las mujeres, es lo más urgente. Por qué las mujeres, por lo que les indicaba, el 16.86% de los detenidos es por violencia y también porque el 56% de mujeres son reclutadas para microtráfico, y son mujeres jóvenes, son adolescentes. Hay que trabajar en estos sectores.

El tema de presupuesto, sin duda alguna, es uno de los más difíciles. La Corte Constitucional exige que la política pública  esté costeada. El SNAI tiene actualmente un techo presupuestario de 80 millones de dólares, adicional a lo que tenemos en gasto corriente. La información de presupuesto, eso lo maneja el director de la SNAI, pero lo que tiene que ver con la política pública va a ir  costeada y van a irse priorizando las acciones. ¿Cuál es el primer eje de intervención más urgente? El de salud. Necesitamos tratamiento para las personas con adicciones y necesitamos tratamiento para las personas con enfermedades catastróficas. En el caso de las mujeres, atención a mujeres que se encuentran en periodo de gestación, garantizar la salud integral de las personas privadas de libertad.

Ahora hay como esta urgencia de ver prontos resultados. Ha habido, sin embargo, esta sensación de que el Estado no ha estado presente, o de que hay indolencia por parte del Estado. El presidente tardó tres días en dirigirse al país tras la violencia en la Penitenciaría. Hemos visto varios reportes de periodistas que estaban afuera de la Penitenciaría que han recogido testimonios de familias, que decían que incluso han sido violentadas por parte de la Policía, que les insultan, que les dicen que se vayan y que dicen no hay una atención prioritaria hacia ellos. 

Con esta idea de que, como son “familiares de los delincuentes” está bien que sufran, que se mueran, etc. ¿Qué acciones ha tomado el Estado con respecto a estas víctimas, que también son víctimas de este sistema que usted bien explica, surge desde la pobreza extrema, la violencia, etc.?

Esta es una crisis diferente porque viene del producto del olvido del Estado en muchísimas dimensiones, desde la pobreza, desde la violencia, desde los círculos de violencia, de la inseguridad en los que crecen los niños. Entonces, este es un producto del debilitamiento también institucional, cómo Secretaría de Derechos Humanos siempre, desde el primer momento, nos hemos trasladado a donde han sido los hechos de violencia y hemos instalado filtros de atención a las personas y a los familiares de las personas privadas de libertad. Hemos tenido deficiencia, sí, porque la articulación ha sido lo más difícil en este momento; sin embargo, el 28 de septiembre logramos articular filtros de atención. Se instalaron carpas de Criminalística de la Fiscalía, del Registro Civil para atención de los trámites, para que los familiares se puedan llevar los cuerpos de sus seres queridos y, se haga sin tener que trasladarse de un lado al otro. 

También gestionamos, desde la Secretaría de Derechos Humanos, algo que a veces puede parecer muy pequeño, pero son los féretros y bóvedas para las personas privadas de libertad. Lo mismo volvimos a hacer en Guayaquil, creamos este flujograma de atención, que antes no existía. Se crearon filtros de atención, filtro uno, dos, tres para la  atención. 

Hemos levantado la información de los familiares para trabajar con todos los ministerios y con todas las funciones del Estado para garantizar la investigación, la reparación y el acompañamiento. Y lo que compete hacer en estos casos de grave crisis, que nos duelen profundamente al país e insisto que todas las funciones del Estado estamos trabajando para devolverle la paz al país desde todas las aristas. 

Desde la Función Judicial ya empezamos a trabajar con las reformas, con los jueces, con los expedientes para los beneficios penitenciarios, desde el Ejecutivo. Lo propio con el fortalecimiento del SNAI con lo que tiene que ver con la reestructuración de muchos procesos que han tenido varias dificultades. Entonces estamos trabajando en acciones inmediatas de corto, y sobre todo, de mediano y largo plazo, que nos permitan tener un sistema de Rehabilitación Social.

Ahora se siente el miedo de la gente; en este país no hemos estado acostumbrados a ver ese nivel de violencia. El propio ministro de Defensa advirtió a los periodistas, la semana pasada, que se vienen tiempos muy difíciles para la cobertura periodística por los riesgos del narcotráfico y del crimen organizado. A usted también le veo un poco conmocionada, preocupada. ¿Usted siente miedo con respecto a esto que está pasando?

Más que miedo, a veces es la impotencia, porque estos hechos nos duelen, como a todos. Sin embargo, también hay que tener presente que estas dificultades que hoy estamos viviendo, esta grave crisis que estamos viviendo, va a ser superada si es que todas las funciones del Estado trabajamos juntos, porque es un problema que requiere una intervención de todas las funciones del Estado. 

El Ecuador tiene ciertas particularidades que hacen que esta problemática sea compleja, tenemos dos fronteras; una norte por donde ingresan drogas y una por donde ingresan las armas. De ahí la complejidad del problema, sin embargo, estamos trabajando todas las funciones del Estado, todas, porque este problema requiere una intervención en tres niveles, el económico, el social y el de seguridad, económico, porque aquí existe economía sumergida; social, porque es una crisis de olvido del Estado. La violencia en el país está muy invisibilizada, cuando hablamos de las estadísticas de violencia, a veces pensamos que no nos pasa a nosotros, que no está en nuestros hogares, cuando, con datos, hemos demostrado, incansablemente cómo está la violencia en el país y según el tema de seguridad, que tiene una intervención pues directa con el eje de seguridad.

Otra de las preocupaciones es esta facilidad de permear que tiene el crimen organizado en las instituciones del Estado. Ha habido ya varios casos de policías involucrados en temas de corrupción y crimen organizado, dentro de las cárceles, militares también. María Paula Romo, cuando aún era ministra,  decía que los tentáculos del narcotráfico están en todas las instituciones. ¿Cómo se puede abordar eso? ¿Han pensado dentro de esta propuesta que están armando, de esta intervención más bien integral, en una depuración o un proceso de investigación en ese sentido? ¿Hay algún mecanismo para hacer una investigación de imposible infiltración del crimen organizado, dentro de las instituciones?

Bueno, al respecto hay dos puntos: el primero, como les decía, es tener esta escuela de agentes penitenciarios y de mejorar los procedimientos y el entrenamiento del personal. Va justamente hacia lograr prevenir, en gran medida, estos hechos que estamos comentando. Y el segundo eje que estamos trabajando, ya con las recomendaciones de los expertos internacionales, en lo que tiene que ver al diseño institucional del SNAI, nos recomendaban que siempre tiene que haber procesos de control interno dentro de cada una de las instituciones. 

Vino acá un especialista que ha dirigido durante 10 años centros de privación y nos hablaba de cómo son estas unidades de control, cómo se hace el control interno aleatorio, para justamente evitar la corrupción. Hay temas que son un poco delicados de comentar porque tienen que ver con la seguridad y con la estrategia del Estado, sin embargo, esto es de uno de los factores que más se ha tomado en consideración, es cómo mejorar  los procesos internos de control,  tanto de talento humano como administrativo.

Claro, no solamente se trata, digamos, de que puedan existir sobornos sino también de amenazas. Ecuavisa publicó un reportaje sobre amenazas que habían recibido las personas que construyen y venden los féretros para quienes murieron en los últimos hechos de violencia. Estas personas habían recibido llamadas de gente que se identificaba como parte de Los Choneros, pidiéndoles una comisión por la venta bajo amenaza de muerte.

Todos estos hechos requieren una investigación y estas investigaciones son complejas y se tienen que hacer para tomar las medidas de corrección. Lamentablemente, como podemos ver, es una crisis muy compleja la que estamos viviendo y requiere los esfuerzos de todas las instituciones del Estado para solventarla.

Otras de las preguntas que recibo de alguien que nos escucha en este momento, pregunta si usted tiene conocimiento de varias quejas sobre vulneración de derechos laborales, hostigamiento, demora en pagos de liquidación, en la Secretaría que encabeza. No tiene que ver con esto, pero de todos modos le transmito la pregunta.

Efectivamente, cuando nosotros asumimos funciones, encontramos una institucionalidad bastante débil. Yo he mencionado en otras ocasiones que el 24 de mayo, cuando asumí funciones, lo primero que me topé es que el IESS de la institución estaba bloqueado por unas glosas. Ventajosamente hemos ido superando cada una de estas dificultades. Ya tenemos los recursos para cancelar estas glosas que, de hecho, eran producto de la división del Ministerio de Justicia, de funcionarios que eran de la antigua Dirección Nacional de Habilitación Social. Estamos hablando de procesos que tiene más de 10 a 13 años y, que lamentablemente estamos hoy viviendo las consecuencias de este olvido institucional también.

Ya tenemos los recursos. Levantar una glosa no es un tema sencillo, incluso estaba con intervención judicial. Ya se ha hecho lo propio con las liquidaciones.

¿Son glosas por falta de pago al IESS?

Sí, glosas por no haber pagado al IESS. En este caso son de la ex Dirección Nacional de Rehabilitación Social o sea, antes de que se cree el Ministerio de Justicia, antes del 2008. Entonces la crisis institucional ha tenido bastantes años. Sin embargo, ya en estos pocos meses que estamos de gestión, hemos conseguido los recursos. 

Estamos al día en las liquidaciones. De la lista de personas liquidadas, incluso están liquidaciones pendientes de años anteriores, no solo de los funcionarios que hubo en ese momento de la transición de mando sino pagos pendientes desde hace muchísimos años. 

Han sido más de 260.000 dólares que hemos liquidado. La información se puede revisar en nuestros canales de transparencia y de acceso a la información pública, y si es que se requiere todo lo que tiene que ver con procesos de mejoramiento interno, lo estamos haciendo: instalando protocolos y mecanismos. Ha sido un proceso institucional bastante demandante, por ejemplo, otro de los temas eran los escáneres, los papeles, la contabilidad. 

De los 101 escáner que contablemente estaban en las cuentas de la Secretaría, 87, ya se han pasado al SNAI. Entonces, estas son cosas que no se han hecho en 3 años porque la secretaria tiene tres años de creada. Sin embargo, en este poco tiempo, hemos ido dando solución a cada uno de los temas que se han planteado. Oportunamente enviamos ya a la Contraloría General del Estado para que haga sus exámenes especiales de todos estos procesos.

Nos quedan un montón de temas, yo tengo que ir cerrando. No quiero dejar de preguntarle sobre la salida. ¿Hay salida a esto? hay mucha desesperanza, si usted conversa con la gente, hay la sensación de que no vamos a salir,  hay la preocupación de convertirnos en la imagen de  otros países donde el narco está infiltrado en todos lados, donde los periodistas no podemos ejercer, no hay garantías para que ejerzamos el trabajo y por lo tanto los ciudadanos no pueden recibir información; en donde hay atentados contra civiles. Se ha utilizado la palabra terrorismo, la palabra narcotráfico y crimen organizado. ¿El Estado va a poder garantizar una salida?

La salida es trabajando juntos. Y como Estado, como sociedad, estamos dando pasos muy firmes para recuperar esta paz. Nosotros conversamos con los expertos y personalmente he tenido la oportunidad de trabajar en procesos internacionales de Corte Penal, Corte interamericana y la respuesta del Estado está siendo, primero, en sintonía con lo que se quiere trabajar, juntos como un solo puño, con cada una de las funciones del Estado. El Ecuador tiene solución y tiene salida, trabajemos juntos que es lo que necesita hoy por hoy el país.

¿Amenazas y este tipo de hostigamiento no han llegado hacia usted? No podemos negar que hay crimen organizado, que hay violencia el interior de las cárceles, que hay personas que difícilmente se van a rehabilitar y por eso la preocupación de separarlos de aquellos que sí se pueden rehabilitar. En ese contexto le preguntaba hace un momento si tiene miedo pero también le pregunto si es que ha recibido amenazas, si es que los funcionarios que están trabajando en este tema han recibido amenazas.

A nivel personal no he recibido amenazas, de hecho cuando me traslado a Guayaquil, a Latacunga o a cualquier centro lo hago sola. No he viajado con seguridad o algún tipo de requerimiento adicional porque realmente, en mi caso particular no se ha presentado. 

Desconozco si en el caso de otros compañeros, de otros colegas ministro de Estado. Claro que también todo depende de la intervención, por ejemplo no es lo mismo lo que nosotros estamos haciendo o lo que hace Fausto Cobo, como director del SNAI y del Centro de Inteligencia (CIES). 

Para finalizar este espacio quiero agradecer por el tiempo y hacer un llamado a la unidad. Muy difícilmente vamos a superar esta crisis si no trabajamos juntos, en cada una de las funciones del Estado. Debo  reconocer que hemos tenido deficiencias como Estado a lo largo de los años,  sin embargo, estamos actuando y tenemos que seguir trabajando con la urgencia que lo amerita

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María Sol Borja
Periodista. Ha publicado en New York Times y Washington Post. Fue parte del equipo finalista en los premios Gabo 2019 por Frontera Cautiva y fue finalista en los premios Jorge Mantilla Ortega, en 2021, en categoría Opinión. Tiene experiencia en televisión y prensa escrita. Máster en Comunicación Política e Imagen (UPSA, España) y en Periodismo (UDLA, Ecuador). Ex editora asociada y editora política en GK.

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