La Asamblea Nacional podría tener otro juicio político contra una de las autoridades del Estado. Ayer, 13 de octubre, la bancada legislativa de Pachakutik presentó un pedido de juicio político en contra de Ruth Arregui, superintendenta de bancos.
La Superintendencia de Bancos es el organismo técnico encargado de la vigilancia, la auditoría, la intervención, el control y la supervisión de las actividades financieras del sistema financiero nacional. Es decir, se encarga de controlar todo lo relacionado a las entidades financieras públicas y privadas del país. El Código Orgánico Monetario y Financiero dice que su propósito es que esas actividades “se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general”.
Ruth Patricia Arregui Solano se posicionó como Superintendenta de Bancos el 30 de abril del 2019. Fue designada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), después de que su nombre fuera propuesto en una terna por el entonces presidente Lenín Moreno. Según el sitio web de la institución, Arregui fue Gerente General del Banco Central del Ecuador entre 2011 y 2013. Además, fue Intendenta General en la Superintendencia de Bancos entre 2008 y 2009. Ha sido consultora nacional e internacional, y profesora universitaria.
El pedido de juicio político presentado por Daewin Pereira, uno de los asambleístas de Pachakutik, todavía deberá ser calificado a trámite por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Después, el pedido debe ser enviado a la Comisión de Fiscalización que lo analizará. Si la Comisión lo recomienda, el juicio político pasará al pleno de la Asamblea donde Arregui podría ser destituida y censurada.
¿Por qué se pide el juicio político contra Arregui?
Pereira dijo en una rueda de prensa de ayer que hay 8 causales para acusar a Arregui de incumplimiento de funciones. Una de esas, dijo Pererira, es que la Superintendencia no controló las renegociaciones de las entidades financieras con sus clientes en los primeros meses de la pandemia del covid-19. En este periodo, algunos bancos ofrecieron facilidades para pagar deudas y otros compromisos con sus clientes. Según Perira, muchos de los bancos cobraron intereses sobre intereses, otros cobraron valores que no estaban considerados y la Superintendencia no hizo nada al respecto.
Otra de las causales, según Pereira, es que persisten los problemas de ciberseguridad con el Banco Pichincha. El pasado 11 de octubre la institución bancaria confirmó que un “incidente de ciberseguridad” paralizó sus servicios por más de 72 horas. En la rueda de prensa de ayer, Pereira dijo que no es la primera vez que algo como esto pasa. “Pasó en febrero, julio y vuelve a suceder”, recordó el asambleísta.
Según él, “eso quiere decir que hay una negligencia y un incumplimiento de parte de la Superintendencia, que recién ayer dio la cara sobre los problemas que los usuarios del banco estaban pasando desde el sábado”. La Superintendencia de Bancos publicó un comunicado el 12 de octubre, tres días después de que comenzaron los reclamos por la falta de servicio, diciendo que designó un equipo de supervisión para determinar “las potenciales afectaciones y fallas a consecuencia” del incidente del banco.
Otra causal, dijo Pereira, es que hay “muchas casas y lugares en las que se está recopilando dinero y la Superintendencia no está haciendo nada”. Pereira citó el caso de Big Money, una red de captación ilegal de dinero en Quevedo, en Los Ríos, que prometía entregar el 90% del interés del dinero depositado cada 8 días.
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Las redes como Big Money no están reguladas por la Superintendencia de Bancos ni suelen ser empresas legalmente constituidas. Sin embargo, el Código Orgánico Monetario y Financiero dice que entre las funciones de la Superintendencia de Bancos está sancionar a las personas naturales o jurídicas que hagan “actividades reservadas a las entidades del Sistema Financiero Nacional, especialmente la captación ilegal de recursos a terceros”. La ley le permite a la entidad imponer estas sanciones por iniciativa propia o por denuncia.
Después de que salió a la luz el caso de Big Money, la Superintendencia dijo que había 113 entidades financieras que no tienen autorización y que son de dudosa procedencia. En el caso Big Money, la Fiscalía actualmente investiga una presunta captación ilegal de dinero, un delito que se sanciona con cárcel de entre 5 y 7 años. Entre enero y julio de 2021, la Fiscalía abrió 29 investigaciones por presunta captación ilegal de dinero en todo el Ecuador.
Ayer, Pereira dijo que estas y otras causales relacionadas con la aplicación de tasas de interés y a las regulación de los bancos son las que llevan a la bancada a pedir el juicio político por incumplimiento de funciones. Los asambleístas piden que Arregui sea destituida y censurada.
