La investigación por presunta asociación ilícita —que se inició a partir de los chats encontrados en el celular de Sebastián Yunda, hijo del exalcalde de Quito— dio un nuevo giro. Este lunes 11 de octubre de 2021, el juez Máximo Ortega aceptó el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva para Sebastián Yunda, quien actualmente no se encuentra en el país, y no cumplió con su obligación de presentarse periódicamente como medida sustitutiva a la prisión preventiva.
La Fiscalía anunció el cambio de medida esta mañana. La audiencia de revisión de medidas cautelares se instaló hoy, 11 de octubre de 2021, a las 9:30 de la mañana en el Complejo Judicial Norte, en Quito. Allí, la fiscal Mónica Tirado, quien lidera la investigación, pidió revocar las medidas alternativas a la prisión que tenía Yunda. El 20 de septiembre pasado, el juez Ortega vinculó a Yunda hijo al proceso penal, pero le dispuso presentaciones periódicas, lunes y viernes, el uso de grillete electrónico y la prohibición de salida del país. Sin embargo, Sebastián Yunda no cumplió con lo dispuesto por el juez Ortega.
Yunda hijo no está en el país. La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) de Panamá notificó a la Fiscalía ecuatoriana que el 21 de marzo salió de Panamá hacia Bolivia.
Su abogado, Édgar Molina, había prometido en declaraciones a los medios de comunicación que su defendido llegaría a Ecuador y se presentaría ante Fiscalía el 27 de septiembre, pero no lo cumplió. Tampoco lo hizo el 17 de septiembre, cuando debía rendir versión ante la fiscal Tirado vía telemática —una diligencia que se suspendió debido a fallas técnicas de la plataforma.
La Interpol entregó los datos de los movimientos migratorios de Yunda a la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía el 7 de septiembre. Según lo ha dicho la fiscal Tirado, ese es el último registro de su paradero.
La investigación por las chats de Yunda hijo avanza
La Fiscalía abrió la investigación a partir de los chats que el hijo del ex alcalde Yunda mantenía con funcionarios municipales y que fueron encontrados a raíz de la investigación por presunto peculado en la adquisición de 100.000 pruebas covid-19 en abril de 2020. En los chats, publicados por el portal 4Pelagatos, el pasado 25 de marzo, Sebastián Yunda hablaba sobre supuestas negociaciones con un empresario chino, a quien llamó ‘Papá Dalong’, para presuntamente concretar la compra de cámaras de seguridad y de pruebas PCR para la detección del coronavirus.
Además de Yunda, están vinculadas formalmente ocho personas: Christian Hernández, sobrino y ex asesor de Yunda; Cinthya Puga, exjefa del despacho de Jorge Yunda y cesada de sus funciones por el propio ex alcalde; Adrián Haro, exgerente de la empresa pública EMSeguridad, Pamela Novoa, organizadora de eventos; Yinlong Wang, —el empresario identificado como ‘Papá Dalong’ en el celular de Sebastián Yunda—, y la esposa de Wang, Nancy Gaibor.
¿Qué investiga la Fiscalía?
El 3 de septiembre de 2021, el juez Miguel Narváez formuló cargos contra Hernández, Puga, Haro, Novoa, Wang y Gaibor.
Los procesados fueron detenidos durante una serie de operativos realizados en Quito y Guayaquil en varios inmuebles entre los que están las empresas municipales de Agua Potable (Epmaps) y de Seguridad y Convivencia (EMSeguridad). Las oficinas de la compañía Geinco, la empresas que, según Fiscalía, se habría beneficiado con subcontratos de las empresas públicas indagadas.
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Dos chats encontrados en el celular de Sebastián Yunda fueron clave. Una investigación del portal Primicias reveló que el 25 de octubre de 2019, ‘Papa Dalong’ habría enviado a Yunda hijo la captura de una fotografía de un comprobante de depósito de 8 mil dólares a la cuenta de Pamela Novoa, también vinculada al proceso. Según ese medio, también habría otro depósito de ‘Papa Dalong’ a Novoa que supera los 12 mil dólares, y se transferencias de Nancy Gaibor a las cuentas bancarias de Sebastián Yunda.
El 20 de septiembre, fueron vinculados Yunda hijo y su tío César.
Ahora, la investigación está en la segunda fase del proceso legal: la instrucción fiscal. El juez Miguel Narváez estableció que durará 90 días, el plazo máximo determinado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) —es decir, terminará en diciembre.
En esta etapa procesal, la Fiscalía debe recabar evidencias de la existencia de un delito y, al final de ella, decidirá si acusa o no a los vinculados. Después, el dictamen deberá ser presentado en una audiencia preparatoria de juicio, en la que un juez de garantías penales decidirá si los procesados van o no a juicio oral y público ante un tribunal penal. De ser hallados culpables por el tribunal, los procesados podrían ser sentenciados a entre tres y cinco años de prisión, según el artículo 370 del COIP.
