La investigación por presunta asociación ilícita —que nació a partir de los chats encontrados en el celular de Sebastián Yunda, hijo del alcalde de Quito— avanza, aunque sin su protagonista. El juez Máximo Ortega vinculó a Yunda hijo y su tío, César Yunda, a la instrucción fiscal del caso, que se extenderá 30 días más, en el Complejo Judicial Norte. Lo informó la Fiscalía a través de un corto comunicado en su cuenta de Twitter

El juez Ortega dictó prisión preventiva a César Yunda y dispuso medidas alternativas para Sebastián Yunda hijo: presentaciones periódicas, lunes y viernes, el uso de grillete electrónico y no podrá salir del país. Además, dictaminó la prohibición de enajenar bienes y la retención de sus cuentas bancarias. 

Sin embargo, las medidas no podrán efectivizarse de inmediato pues, aunque hay órdenes de captura que pesan en su contra, ambos están prófugos de la justicia. Édgar Molina, abogado de Sebastián Yunda, afirmó, ante medios de comunicación, que el hijo del Alcalde sí se presentará ante Fiscalía. «Sebastián se presentará el lunes (27 de septiembre), aseguró, al finalizar la audiencia

La Fiscalía inició la investigación a partir de los chats que el hijo del alcalde mantenía con funcionarios municipales y que fueron encontrados a raíz de la investigación por presunto peculado en la adquisición de 100.000 pruebas covid-19 en abril de 2020. En los chats, hechos públicos por el portal 4Pelagatos, el 25 de marzo último, Sebastián Yunda habla sobre supuestas negociaciones con un empresario chino, a quien llamó ‘Papá Dalong’, para presuntamente concretar la compra de cámaras de seguridad y de pruebas PCR para la detección del coronavirus.

La diligencia llevada a cabo hoy, se desarrolló sin la presencia de Sebastián y César Yunda, cuyo paradero es desconocido por la justicia ecuatoriana. La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) de Panamá anunció que Sebastián Yunda habría pasado por ese país el 21 de marzo pasado y ese mismo día habría tomado un vuelo hacia el Aeropuerto Internacional Viru Viru, de Bolivia. La Interpol entregó la información a la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía ecuatoriana el 7 de septiembre último. Ese es el último registro conocido sobre el paradero de Yunda hijo. Teleamazonas y Ecuavisa difundieron el documento oficial de Interpol, que no se hizo público hasta el 17 de septiembre, tres días antes de que se desarrolle la audiencia de vinculación. 

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De acuerdo con información de Interpol, César Yunda salió el 25 de junio pasado desde Quito hacia México pero no se conoce su actual paradero. 

El pasado 17 de septiembre estaba prevista la rendición de versión, vía telemática, del hijo del alcalde, ante la fiscal Mónica Tirado, a cargo de la investigación penal. Sin embargo, esta fue suspendida por fallas técnicas de la plataforma. La Fiscalía aún no ha informado sobre la nueva fecha para que finalmente Sebastián Yunda rinda versión. 

En esta investigación —hasta este lunes 20 de septiembre— están vinculadas formalmente ocho personas: Christian Hernández, sobrino y exasesor del alcalde Jorge Yunda; Cinthya Puga, exjefa del despacho de Jorge Yunda; Adrián Haro, exgerente de la empresa pública EMSeguridad; Pamela Novoa, organizadora de eventos; Yinlong Wang, —empresario chino identificado como ‘Papá Dalong’ en el celular de Sebastián Yunda— , y la esposa de Wang, Nancy Gaibor. 

Si el juez dispone la vinculación de Sebastián Yunda y su tío César serían ocho. Sin embargo, no son los únicos investigados. El 3 de septiembre último, la Fiscalía aclaró que existen dos personas más que están siendo investigadas, aunque no ha confirmado cuáles son sus identidades.

El alcalde Jorge Yunda ha apoyado a su hijo públicamente. Él dijo que confía en él y que deberán probarse las acusaciones que pesan en su contra, pues como cualquier otra persona, él goza de la garantía constitucional y legal de presunción de inocencia. En marzo pasado, Yunda afirmó que las alegaciones contra su hijo eran parte de una “persecución política, judicial y mediática”. Sin embargo, en las Entrevistas GK, Yunda también dijo: “Yo pensé que mi hijo se chateaba con sus amigos, con los compañeros de la banda, con sus fans”. Además, aseguró que tenía prohibido a los funcionarios municipales mantener comunicación con sus familiares, algunos fueron separados del municipio al incumplir esa orden.

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¿Qué investiga la Fiscalía? 

El 3 de septiembre de 2021, el juez Miguel Narváez formuló cargos contra Christian Hernández, sobrino y exasesor del alcalde Jorge Yunda; Cinthya Puga, exjefa del despacho de Jorge Yunda y cesada de sus funciones por el propio alcalde; Adrián Haro, exgerente de la empresa pública EMSeguridad, Pamela Novoa, organizadora de eventos, Yinlong Wang, un empresario chino identificado como ‘Papá Dalong’ en el celular de Sebastián Yunda , y la esposa de Wang, Nancy Gaibor. 

Los procesados fueron detenidos durante una serie de operativos realizados en Quito y Guayaquil en varios inmuebles entre los que están las empresas municipales de Agua Potable (Epmaps) y de Seguridad y Convivencia (EMSeguridad). Las oficinas de la compañía Geinco, la empresas que, según Fiscalía, se habría beneficiado con subcontratos de las empresas públicas indagadas. 

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Dos chats encontrados en el celular de Sebastián Yunda fueron clave. Una investigación del portal Primicias reveló que el 25 de octubre de 2019, ‘Papa Dalong’ habría enviado a Yunda hijo la captura de una fotografía de un comprobante de depósito de 8 mil dólares a la cuenta de Pamela Novoa, también vinculada al proceso. Según ese medio, también habría otro depósito de ‘Papa Dalong’ a Novoa que supera los 12 mil dólares, y se transferencias de Nancy Gaibor a las cuentas bancarias de Sebastián Yunda. 

Ahora, la investigación está en la segunda fase del proceso legal: la instrucción fiscal. El juez Miguel Narváez estableció que durará 90 días, el plazo máximo determinado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). En esta etapa procesal, la Fiscalía debe recabar evidencias de la existencia de un delito y, al final de ella, decidirá si acusa o no a los vinculados. Después, el dictamen deberá ser presentado en una audiencia preparatoria de juicio, en la que un juez de garantías penales decidirá si los procesados van o no a juicio oral y público ante un tribunal penal. De ser hallados culpables por el tribunal, los procesados podrían ser sentenciados a entre tres y cinco años de prisión, según el artículo 370 del COIP.

Si no se presentan evidencias suficientes, el juez sobreseerá a los procesados. 

¿Qué medidas cumplen los otros procesados? 

Pese a que la Fiscalía solicitó prisión preventiva para las personas investigadas, el juez dictó medidas alternativas para los acusados. Para Gaibor, Puga y Novoa, dispuso su presentación periódica ante Fiscalía, la prohibición de salida del país y el congelamiento de sus cuentas bancarias. Mientras que Haro, Hernández y Yinlong Wang deberán cumplir esas medidas y, además, usar un grillete electrónico.

La Fiscalía, sin embargo, apeló a las medidas cautelares dispuestas para Nancy Gaibor y Yinlong Wang y pidió nuevamente que se dictara prisión preventiva. La audiencia de sustitución de medidas cautelares  se instaló el 15 de septiembre. Sin embargo, la institución informó que el juez no acogió la solicitud.