Las 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas del Ecuador tienen derechos que están garantizados por la Constitución, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y convenios como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Estas leyes y convenios de los derechos de los pueblos y nacionalidades existen para tener un marco jurídico que permita asegurar que los pueblos y nacionalidades indígenas vivan con dignidad, mantengan sus propias culturas y tradiciones, y se desarrollen conforme a sus necesidades.

Algunos de los más importantes son el derecho a un ambiente sano, al agua, a mantener la propiedad de su territorio ancestral y a la consulta previa. El Estado tiene la obligación de garantizar que se cumplan. Sin embargo, aunque están en papel, los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas no siempre se respetan.

Por ejemplo, en 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado ecuatoriano por haber vulnerado los derechos del pueblo kichwa de Sarayaku al entregar parte de su territorio a una petrolera sin haberles consultado antes y sin su consentimiento.

Otro ejemplo más reciente es la vulneración de los derechos territoriales de la Nacionalidad Sápara del Ecuador (NASE). En 2020, el Ministerio de Agricultura y Ganadería le entregó a Naruka —una organización de otras nacionalidades que viven en territorio sápara— 231 mil hectáreas de territorio de la NASE sin consultarles. Ahora la NASE presentó una acción de protección y espera que se haga justicia y que el Ministerio les devuelva sus tierras.