La unidad de los pueblos que conforman Latinoamérica es un anhelo más antiguo que la existencia de nuestras repúblicas. La creación y el posterior desmantelamiento de la Gran Colombia fue la primera experiencia de integración latinoamericana y la primera prueba de las dificultades que enfrentan los pueblos para aliarse bajo intereses comunes. A pesar del fracaso de la Gran Colombia, el objetivo de la integración regional se retomaría con fuerza un siglo después con la creación de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). El 17 de julio, el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso —que lleva apenas dos meses en el poder—, asumió la presidencia pro tempore de este organismo que, para muchos, tiene competencias lejanas a las necesidades ciudadanas. ¿Cuáles son los retos de Lasso al liderar la CAN compuesta por países con presidentes en esquinas ideológicas extremas como los son Bolivia, Colombia, Chile y Perú?

La CAN, su historia y objetivos, pueden parecer hoy irrelevantes o anacrónicos, en un mundo interconectado donde la interdependencia entre las naciones es la norma. Pero cuando fue creado, en 1969, se lo consideró como un proyecto de avanzada, fue admirado y estudiado por la academia mundial. Incluso compitió directamente, desde su desarrollo institucional, con la Comunidad Económica Europea fundada en 1957. 

En su discurso de posesión como presidente de la CAN, el 17 de julio, Lasso recordó la historia de esta organización: “ha superado crisis económicas, en equidad y equilibrio”, dijo. El presidente ecuatoriano recibió el cargo de manos de Iván Duque, presidente de Colombia, porque el liderazgo responde a una rotación geográfica: todos los presidentes de los países miembros lo intercambian anualmente. Lasso asume el control político en un contexto de profunda división a su interior; la ebullición social ha marcado la política reciente de todos los países miembros. 

En el caso chileno, con un proceso constituyente iniciando donde las fuerzas anti establishment tienen mayoría, es difícil predecir cuál será la definición de las relaciones internacionales a futuro. Aunque, dada la tradición chilena de apertura y facilitación comercial, es muy posible que su relación con la CAN esté protegida y no sufra cambios considerables. 

En el caso de Perú, país que vivió una grave crisis electoral ya que estuvo más de un mes y medio sin conocer los resultados definitivos de las pasadas elecciones del 6 de julio, la incertidumbre es enorme. Con la confirmación del triunfo del izquierdista Pedro Castillo en la presidencia de Perú, quien se define como nacionalista e indigenista y ha sido crítico de otros espacios de integración regional como la OEA, se puede prevenir una posible tensión dentro de la CAN. Aunque cabe resaltar que Castillo ha tratado de suavizar su imagen asegurando que no afectará el modelo económico —algo que tiene relación directa con el libre comercio con los vecinos que promueve la CAN.

Para Bolivia, la situación es más estable porque el presidente Luis Arce ha expresado públicamente su apoyo a la CAN. Sin embargo, la lejanía con los gobiernos que podrían ubicarse en el espectro ideológico distinto —como es el caso de Duque y Lasso— podría generar distanciamientos cuando se tengan que resolver asuntos políticos, por ejemplo los relacionados a derechos humanos o democracia.

En el caso de Colombia, Duque ha priorizado todos los instrumentos existentes de integración económica, y como expresidente pro tempore de la CAN se esforzó para que la Corporación Andina de Fomento tenga un rol de financista y soporte para rescatar económicamente a los países andinos que fueron duramente golpeados por los estados de excepción de los años pandémicos. 

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Es clave considerar los contextos de los países sobre todo si se considera que la CAN no siempre ha sido estable. En 1976 el dictador chileno Augusto Pinochet retiró a Chile del organismo creyendo falsamente que el “Pacto Andino” simpatizaba con el derrocado gobierno de Allende. Venezuela, que entró a la CAN en 1976, se retiró en el 2006 por presiones del presidente Hugo Chávez, quien creía que la CAN era un espacio para fortalecer el denominado neoliberalismo en Sudamérica. Pero a pesar de estas crisis, sigue vigente y funcional, a diferencia de otros organismos regionales como la UNASUR o el ALBA que no sobrevivieron al fin de la hegemonía de la izquierda continental.

Ahora Lasso, en su rol de presidente pro tempore de la CAN, tendrá que mediar y buscar acuerdos en una organización marcada por la división política y la incertidumbre. También deberá facilitar la continuidad de objetivos comerciales y de financiamiento relacionados con la reactivación económica y la generación de empleo en la región, sin descuidar la promoción de que el proceso de vacunación avance de forma acelerada en la región andina.

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En términos prácticos una presidencia pro tempore como la de Lasso en la CAN se limita a un ejercicio simbólico del poder, más que a un real poder político. Sin embargo, en sus 50 años de vida, la CAN ha tenido logros tangibles y muy relevantes como haber permitido que los ciudadanos de los países miembros circulen libremente hasta por 180 días en los cinco territorios solo con el documento de identidad —sin necesidad de un pasaporte, o como haber creado una canasta exportadora de productos para venderla a países vecinos. 

Hoy, quizás la mayor oportunidad para Lasso es reactivar en el imaginario colectivo de la región el importante rol de la Corporación Andina de Fomento (CAF), como institución subregional que va a financiar la reactivación económica post crisis del covid-19. La CAF ayudó a Ecuador en el peor momento de la pandemia aprobando dos préstamos de 400 millones de dólares en total para que se asegure la compra de vacunas y se inyecte circulante a la tambaleante economía nacional.  

Si Lasso logra reactivar la CAF, ayudaría a mejorar la imagen del Sistema Andino de Integración —que es el conjunto de instituciones supranacionales encargadas de generar propuestas de política pública, marcos normativos, financiamiento directo y cooperación regional en general. En los últimos años, el SAI ha enfrentado una grave pérdida de legitimidad ante la ciudadanía por la parálisis institucional que ha enfrentado ante la falta de posición sobre temas tan sensibles como la crisis migratoria venezolana, producida por la politización de la institución a causa del incompatible choque de fuerzas políticas que ha afectado a Latinoamérica. El SAI y las instituciones que lo componen necesitan reinventarse, actualizarse de acuerdo a la nueva realidad andina, marcada por una crisis económica, social y de seguridad sin precedentes, y con permanentes atentados a la democracia por parte de sus gobernantes.

La creación de nuevos marcos normativos andinos sobre acceso a nuevas tecnologías, mecanismos de inclusión de la mujer en todos los aspectos, protección del medioambiente, protección de las personas en situación de movilidad son algunos temas que no pueden seguir siendo ignorados por la CAN. Incluso el Acuerdo de Cartagena —con el que se creó la CAN— debería entrar en un proceso de revisión por las cancillerías andinas para que las decisiones del Parlamento Andino —órgano legislativo supranacional de la región andina— sean vinculantes ya que actualmente son meras recomendaciones sin fuerza de obligatoriedad en su cumplimiento.

Solo una mirada crítica sobre la pobre gestión de la CAN de los últimos años motivará a un cambio profundo en la Comunidad que permita fortalecerla para que vuelva a ser una prioridad de la política internacional de los estados.