A las once de la mañana de hoy, 16 de junio, se instaló la audiencia para analizar la solicitud de habeas corpus del aún contralor encargado Pablo Celi. La acción fue interpuesta por su abogado, Francisco Moreno, que buscaba su libertad a cambio de medidas alternativas a la prisión preventiva.
Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), integrado por los jueces Katerine Muñoz, Alejandro Arteaga y la conjueza nacional Gabriela Mier, negó la solicitud después de las tres horas que duró la diligencia y tras una hora de deliberación.
El habeas corpus es una acción constitucional destinada a detener una detención ilegítima. Se presenta independientemente de las acusaciones o materia de fondo de un proceso penal, y su otorgamiento o negativa no es un juicio de valor sobre la culpabilidad o inocencia de quien lo solicita. Su objetivo es, única y exclusivamente, remediar presuntas violaciones a los derechos de los detenidos por errores, omisiones o excesos de quiénes ordenan o ejecutan una detención.
Celi no asistió a la audiencia de forma presencial, sino telemática. Cuando los jueces le dieron la palabra, el Contralor dijo que no estaba en “condiciones físicas” de hablar porque su estado de salud aún es delicado tras haber estado internado seis días en el Hospital Euguenio Espejo por covid-19. Ayer recibió el alta médica.
Su hija, Alejandra Celi, pidió la palabra ante la Corte y denunció una supuesta negligencia por parte de las autoridades carcelarias en el tratamiento sanitario del coronavirus. “Me preocupa que mi padre no llegue vivo al juicio”, dijo la hija de Celi ante los jueces Muñoz, Arteaga y Mier, según información que recogió Primicias.
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Francisco Moreno pidió a los jueces que a Celi se le permita defenderse en libertad y que se le concedan alternativas como la presentación periódica, prohibición de salida del país, el uso de grillete electrónico o un arresto domiciliario. Además, aseguró que la privación de la libertad de Celi es “arbitraria e ilegítima”, y adujo una serie de violaciones a derechos como el debido proceso y la seguridad jurídica.
Antes de terminar su intervención, Moreno explicó que el hábeas corpus tiene como objetivo recuperar la libertad de quien la haya perdido de forma ilegal o ilegítima, proteger la libertad y la integridad física de las personas. Además, afirmó que el virus aún está activo en el cuerpo de Celi y que todavía tiene síntomas. También, alegó que el aún alto funcionario estatal tiene un deterioro visual progresivo, con un alto riesgo de ceguera en el ojo derecho.
Frente a los alegatos, Felipe Córdova —juez que ordenó la prisión de Celi— explicó que varios planteamientos expuestos por el defensor no son motivo de habeas corpus y negó a existencia de discriminación o trato desigual.
El 13 de abril de 2021, el contralor general subrogante del Estado, Pablo Celi, fue detenido en el operativo denominado Las Torres que investiga la entrega de coimas a cambio del desvanecimiento de glosas de contratistas de Petroecuador. Hoy se cumplen los 60 días de licencia sin sueldo que Celi solicitó a la Contraloría como contralor subrogante. La semana pasada presentó una solicitud para acceder a una licencia por enfermedad.
El caso Las Torres se originó en los Estados Unidos. La investigación ecuatoriana es una consecuencia de un proceso por lavado de activos que se juzgó en ese país.
José Raúl de la Torre y Roberto Barrera fueron detenidos en Estados Unidos en una invetigación por lavado de activos, un delito que se configura cuando alguien quiere dar la apariencia de que su dinero tiene un origen legítimo, pero en realidad es producto de alguna actividad ilegal, como el tráfico ilícito de drogas, la trata de personas, los secuestros o de la corrupción. De la Torre y Barrera fueron procesados en Estados Unidos por lavar dinero producto de la corrupción en Ecuador.
