Ecuador deberá pagar más de 374 millones de dólares a la petrolera Perenco. La decisión la tomó el Comité ad hoc del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) con sede en Washington, en Estados Unidos. El Comité resolvió la acción que había sido presentada dentro del arbitraje internacional planteado por Perenco en contra del Estado ecuatoriano. Según un comunicado de la Procuraduría General del Estado de hoy, 1 de junio, la decisión había sido notificada a las partes el pasado 28 de mayo. 

Un comunicado de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, publicado hoy, dice que el Comité dictaminó que el decreto ejecutivo 662 del 4 de octubre de 2007 violó el Derecho Internacional Público en perjuicio de Perenco. Este decreto, emitido en el gobierno del expresidente Rafael Correa, modificó el porcentaje de las ganancias extraordinarias que las empresas petroleras debían revertir al Estado por el incremento del precio del crudo. Con el decreto pasó de 50 a 99%. Es decir que, en lugar de entregarle al estado el 50% de las ganancias extraordinarias, pasaron a tener que darle el 99%.

El comunicado de la Secretaría de Comunicación de hoy dice que “el actual gobierno deberá asumir la responsabilidad de acciones y decisiones adoptadas por administraciones anteriores”. Originalmente, Perenco pedía que se paguen 1.430 millones de dólares. Sin embargo, el Comité determinó que el monto de la indemnización debía ser 435 millones de dólares. Según la Procuraduría, a ese total se debe restar 6 millones de dólares que corresponden a costos y gastos arbitrales. 

En septiembre de 2019, ese mismo Comité del CIADI reconoció que el Estado ecuatoriano tenía derecho a ser indemnizado por los daños ambientales causados por Perenco en los bloques bloques 7 y 21 de la Amazonía ecuatoriana. Por eso, el monto que debe pagar Ecuador también se le restarían más de 54 millones de dólares que corresponderían a lo que Perenco le debe pagar al país. Así queda una deuda total de 374.373.154 millones de dólares más intereses que se calcularán desde diciembre de 2019 y que el Estado tendrá que pagarle a Perenco. 

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El CIADI es una institución dedicada a resolver disputas de inversión entre estados e inversionistas, según Macarena Bahamonde, abogada por la Escuela de Derecho de Harvard que está familiarizada con el caso. El CIADI es una organización del Banco Mundial. Fue fundada por un convenio firmado por varios países. Ecuador fue parte del CIADI hasta el 2009. Desde ese año, otras disputas de este tipo ya no pueden resolverse en el CIADI. El caso de Perenco, que comenzó un año antes de que el país dejara el Centro, es el último que caso que el CIADI debe resolver sobre Ecuador. 

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El arbitraje del caso comenzó en abril de 2008. En su demanda, la petrolera europea alegó que la ley que estableció la participación mínima del 50% del Estado en los excedentes petroleros y el decreto 662 que la incrementó a 99% eran violaciones de los contratos que tenía para participar en los bloques 7 y 21. Además, decían que era una infracción al Tratado Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones entre Ecuador y Francia, documento que fue suscrito en 1994 por los dos países con el objetivo de proteger las inversiones bilaterales. 

Bahamonde dice que el tribunal ha ido resolviendo el caso por fases. La primera fue si podía decidir, para eso emitió un laudo —la decisión de un tribunal de arbitraje— sobre jurisdicción. Luego, dice Bahamonde, fue sobre el fondo de los reclamos de Perenco. Según la Procuraduría ecuatoriana, en septiembre de 2014, el Tribunal Arbitral decidió que sí se violaron los derechos de Perenco que habían sido establecidos en los contratos y que, por lo tanto, el Estado debía compensar a Perenco. Ese mismo año, la Procuraduría nombró un equipo de peritos medioambientales para confirmar la contaminación en los bloques 7 y 21 en los que trabajó Perenco. 

En agosto de 2015, el Tribunal aceptó los reclamos de Ecuador contra Perenco por los daños ambientales. Según la Procuraduría, lo hizo porque se pudo constatar “el mal estado en el que Perenco había abandonado los bloques en julio de 2009”, cuando la empresa suspendió las operaciones en Ecuador por esta y otras disputas con el gobierno ecuatoriano.

El laudo final se dictó el 27 de septiembre de 2019. Según Bahamonde, este fue una cuantificación de daños. En ese momento, el Tribunal decidió que Ecuador debía pagar más de 471 millones de dólares por violar el Tratado Bilateral. Sin embargo, Ecuador presentó una acción de nulidad del laudo arbitral. Bahamonde dice que este recurso puede presentarse cuando el tribunal se extralimite sobre sus facultades, cuando el laudo carece de fundamentos y cuando se quebranten normas procesales que puedan afectar la decisión del Tribunal. 

La decisión del Comité del CIADI que se hizo pública hoy acoge algunas de las causales de anulación alegadas por Ecuador. Por eso, dice la Procuraduría, el valor que Ecuador debe pagar se redujo. 

La decisión de anulación del Comité del CIADI es definitiva. Según la Procuraduría, “contra ella no cabe recurso alguno”. En el comunicado de hoy, añade que el Estado ecuatoriano “ha retomado las conversaciones” con la empresa petrolera para llegar a un acuerdo sobre la forma de pago.