Los habitantes de la parroquia La Merced de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, al norte del país, siguen resistiéndose al ingreso de la empresa minera HANRINE Ecuadorian Exploration And Mining S.A. En una rueda de prensa la mañana de hoy, 23 de abril, representantes de la parroquia dijeron que las actividades de la empresa eran ilegales y que estaba intentando invadir su territorio. El conflicto entre la empresa y la comunidad lleva al menos 2 meses.
En la rueda de prensa, una de las pobladoras de la parroquia, que no se identificó, dijo que había más de 200 residentes impidiendo el ingreso a La Merced de Buenos Aires. Al otro lado, dijo, había aproximadamente 150 personas de la empresa HANRINE que estaban intentando entrar a la fuerza. Añadió que le preocupaban los enfrentamientos violentos y el riesgo de contagio de covid-19 al que estaban expuestos.
Los representantes de la parroquia (ninguno de los cuales fue identificado) dijeron que ellos calificaban la entrada de HANRINE como minería ilegal porque no se había consultado a la comunidad antes de concesionar el territorio a la empresa. Según ellos, en la La Merced de Buenos Aires vive el pueblo indígena Awá, que ha sido uno de los más afectados por la minería en la zona, pero que nunca dio su consentimiento para que las actividades extractivas.
El artículo 57 de la Constitución dice que las comunidades y nacionalidades indígenas tienen el derecho a que haya una “consulta previa, libre e informada” sobre los planes de explotación de recursos de su territorio. Esa consulta debe ser hecha antes de comenzar el proceso de extracción. Además, el artículo 398 de la Constitución dice que las decisiones estatales que afecten el ambiente debe ser consultada a la comunidad. Las personas que voten a favor o en contra, deben haber sido informados “amplia y oportunamente”.
Ayer, 22 de abril, varios representantes de la parroquia se reunieron con Gabriela Jaramillo, gobernadora de Imbabura. Según los representantes de La Merced de Buenos Aires, Jaramillo no dio solución a lo que ellos consideran una invasión. En un video publicado en La Raíz, un medio de comunicación local, una de las pobladoras de la parroquia dijo que ellos “responsabilizan a la Gobernadora de lo que pueda pasar” mientras se resisten al ingreso de la empresa a su territorio.
Noticias Más Recientes
¿Quién es Ricardo Patiño, asambleísta por la Revolución Ciudadana?
En 2024, Ricardo Patiño regresó a Ecuador tras su autoexilio en México luego de que su proceso por el delito de instigación prescribiera. En 2025, fue elegido como asambleísta de la RC.
Así será la Copa América Femenina 2025
Quito será sede única de la Copa América Femenina 2025. Conoce el calendario completo, grupos, sedes y la historia del torneo sudamericano.
¿Quiénes son los militares asesinados en Orellana?
Los once soldados asesinados en la emboscada del grupo armado Comandos de la Frontera fueron velados y sepultados en las ciudades donde nacieron. Te contamos más.
Además, en la rueda de prensa de hoy dijeron que la gobernadora Jaramillo los ofendió porque dijo que eran “un pueblo que no tiene progreso” y por eso debían aceptar la minería en su territorio. “El gobierno vende la minería diciendo que es progreso”, dijo una de las personas que intervino. Añadió que querían aclarar que ellos sienten que no se trata de un progreso porque con la minería se está afectando el agua, los cultivos y el ganado que garantiza el sostén económico de la mayoría de la parroquia.
No es la primera vez que la parroquia de La Merced de Buenos Aires se resiste al ingreso de HANRINE. El pasado 26 de febrero los pobladores impidieron que entren más de 300 personas de la empresa. En un video grabado en Buenos Aires ese día, varias personas dicen que están en paro y que la empresa quiere entrar por encima de ellos, pero que no la van a dejar.
La minería en el norte del Ecuador sigue generando conflictos, desde hace ya varios años. El 2 de julio de 2019 hubo un megaoperativo contra la minería ilegal en la parroquia. Intervinieron más de dos mil policías y militares después de que el presidente Lenín Moreno emitió un decreto declarando estado de excepción en la zona. Según Moreno, se tomó la medida por “la grave conmoción interna” y “los constantes hechos de violencia” relacionados a la minería ilegal, la presencia de grupos armados, bandas delictivas dedicadas a la trata de personas con fines de explotación laboral y sexual.