A casi dos meses de que la Corte Provincial de Sucumbiós ordenara apagar los mecheros en la Amazonía ecuatoriana, aún no se notifica la sentencia por escrito. La tarde de ayer, martes 9 de marzo de 2021, las niñas que ganaron una acción de protección para apagar más de 400 mecheros hicieron un plantón frente a la Corte para exigir que se emita por escrito la sentencia.
El pasado 26 de enero, la Corte Provincial de Sucumbios aceptó la acción de protección presentada por nueve niñas y adolescentes para apagar más de 400 mecheros en la Amazonía ecuatoriana. Las niñas alegaban que la quema de gas de los mecheros vulneraban sus derechos a un ambiente sano. Además, argumentaron que los mecheros han causado graves daños en la salud de los habitantes.
La mayoría de estos mecheros están en las provincias amazónicas de Orellana y Sucumbíos pero también hay algunos en las provincias de Napo y Pastaza. Las provincias más afectadas son Orellana con 232 mecheros y Sucumbíos con 210. La quema de los mecheros es uno de los principales causantes del cambio climático. Entre los gases contaminantes que arrojan los mecheros están el sulfuro de hidrógeno y el disulfuro de carbono. Sustancias tóxicas, que provocan el deterioro de la atmósfera.
DEBES SABER:
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Los gases tóxicos de los mecheros pueden causar graves enfermedades respiratorias. Según el ingeniero Alejandro González, los mecheros expulsan partículas contaminantes diminutas, que al inhalarse de forma repetitiva y prolongada provoca graves afectaciones en el sistema respiratorio de las personas. Incluso, algunas partículas son tan pequeñas que pueden atravesar los bronquios y causar enfermedades pulmonares.
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La lucha de las niñas no es reciente. Al contrario, empezó el año pasado, en febrero de 2020, cuando presentaron un recurso de acción de protección contra el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables y el Ministerio del Ambiente y Agua (MAAE). Pero, el 7 de mayo de 2020, la acción de protección fue negada por la jueza María Custodia Toapanta Guanoquiza. El motivo detrás de la decisión de la jueza fue que no habían estudios que confirmaran la afectación a la salud de los habitantes de la zona. Aunque con la sentencia del 26 de enero pasado, se revirtió ese fallo.
