A la Defensoría del Pueblo le preocupa el posible contagio de covid-19 en las escuelas. Ayer, 1 de marzo de 2021, la Defensoría del Pueblo presentó una solicitud de medidas cautelares para evitar que niñas, niños y adolescentes de 77 escuelas regresen a las aulas.
La solicitud de medidas cautelares fue recibida por el juez Nelson Goyes del Distrito Metropolitano de Quito. Las medidas cautelares son solicitadas contra la Ministra de Educación, Monserrat Creamer, contra Rommel Salazar, director del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE) y secretario del Comité de Operaciones de Emergencias (COE Nacional), contra Juan Zapata, director general del Servicio de Emergencias ECU 9-1-1 y presidente del COE Nacional.
Las medidas cautelares son garantías para defender los derechos de una persona o grupo cuando sienten que se han vulnerado. Las medidas cautelares sirven para evitar, cesar la violación o la amenaza de violación de un derecho, según dice en el artículo 87 de la Constitución vigente.
DEBES SABER:
→ 77 escuelas y colegios en zonas rurales regresarán a clases semipresenciales
Según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, una medida cautelar la puede interponer: cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo y el Defensor del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo solicitó las medidas cautelares para que 77 escuelas públicas rurales no regresen a clases como lo dispuso el COE Nacional, el 28 de febrero de 2021. Los miembros del COE explicaron que 77 escuelas y colegios rurales regresarán a clases semipresenciales desde hoy, 2 de marzo. Monserrat Creamer dijo que los estudiantes de esas instituciones educativas volverán a clases porque existe un aumento de casos de depresión, ansiedad y otras afecciones de la salud mental de niños y jóvenes. Creamer dijo que los estudiantes volverán a las aulas cumpliendo protocolos de bioseguridad. Cada institución educativa debía presentar un Plan de Continuidad Educativa (PICE) en el que debía especificar que tendrá alcohol, gel o lugares para lavarse las manos, que el aforo será del 30% de estudiantes. Además, el PICE debía ser aprobado por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud dependiendo del número de contagios de covid-19, al que pertenece la escuela.
Sin embargo, en el documento presentado al juez Goyes, la Defensoría del Pueblo dice que “ no existen las garantías mínimas y necesarias para que la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes no se vean gravemente afectada”.
La decisión de volver a clases, dice la Defensoría, “expone innecesariamente a los niños, niñas y adolescentes y por ende a sus familiares directos”. Y pide que las clases siguen de forma virtual. Pero en el Ecuador, solo el 37,2% de los hogares tiene acceso a internet. En las zonas rurales solo el 16,1%, de acuerdo a un informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), por lo que seguirán las clases por internet se ha dificultado.
Joaquín González Alemán, representante de Unicef en Ecuador, dice que el riesgo es mayor para los niños al estar en casa, más que el supuesto riesgo de regresar a las aulas. En los hogares muchos niños y niñas sufren violencia. Las niñas deben asumir actividades del hogar como cocinar y cuidar a sus hermanos menores.
Un comunicado de prensa de Unicef dice que no asistir presencialmente a las escuelas afecta el bienestar, seguridad y desarrollo de los niños. Ir a las aulas para muchos niños representa alimentación y protección. La escuela es un lugar de encuentro con amigos, donde reciben el apoyo de sus docentes. González Alemán dice que las escuelas “No son lugares de aumento de contagio de covid-19”.
La Defensoría del Pueblo dice que en diciembre de 2020, alertó al COE Nacional y al Ministerio de Educación sobre los riesgos de volver a las aulas, en esa fecha se suspendieron los planes piloto de retorno a clases presenciales. Pero el COE también prohibió reuniones o eventos porque se había detectado la nueva variante británica del covid-19 en Ecuador.
Desde el 12 de marzo de 2020, los estudiantes de escuelas fiscales, particulares, municipales permanecen en sus casas en clases virtuales para evitar el contagio de covid-19. Algunos han recibido clases a través de plataformas por internet, otros estudiantes han seguido sus clases viendo y escuchando programas de televisión y radio. Unicef dice que en Ecuador 6 de cada 10 estudiantes dijeron que están aprendiendo menos desde el inicio de la emergencia sanitaria. Y 1 de cada 8 estudiantes tiene un computador o celular de uso personal para sus clases.
En agosto de 2020, decenas de escuelas rurales y particulares volvieron a las aulas como plan piloto. En esos días, el Ministerio de Educación no reportó que los estudiantes se hayan contagiado de covid-19 en las aulas.
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El Ministerio de Educación creó planes educativos para continuar con las clases. En el pico de la pandemia, el Ministerio aplicó el Plan Educativo Covid-19 para seguir las clases a través de Internet, transmisión de programas de radio y televisión. El Plan Educativo está compuesto de tres fases, dice el ministerio. La primera es “Aprendemos Juntos en casa”, la segunda fase es “Juntos aprendemos y nos cuidamos” que se aplica en el regreso progresivo y voluntario a las aulas, y la tercera fase es “Todos de regreso a la escuela”, que iniciará cuando se termine la pandemia y todos los estudiantes y docentes puedan retomar las clases presenciales.
Unicef, como una organización que protege los derechos de las niñas y niños presentará un amicus curiae para intentar que el juez no prohíba que los estudiantes regresen de forma progresiva a las aulas.
