El operativo “Rescate Querubín” se dio luego de una investigación de contexto de  la Fiscalía del cantón Puerto Quito, en la provincia andina de Pichincha. El pasado 21 de febrero la Fiscalía confirmó que 7  niñas y adolescentes fueron rescatadas de sus casas porque sufrían violencia sexual en su entorno familiar. Hubo 9 detenidos y se confiscaron 5 armas de fuego. El operativo, según un comunicado de la Fiscalía, abarcaba ocho investigaciones previas por delitos sexuales dentro del hogar. 

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En este caso —compuesto por las ocho investigaciones que no tenían vínculo entre sí— se aplicó la modalidad de investigación de contexto que permite analizar comportamientos criminales en una zona específica, en este caso, Puerto Quito. Francisco Vega, fiscal del cantón Puerto Quito, dijo en una entrevista con GK que el objetivo de este tipo de investigación es “establecer que en una población determinada hay un comportamiento criminológico inadecuado” que se repite en varios puntos de la población. Los delitos que se investigan con esta modalidad, según Vega, son aquellos que se vuelven tan frecuentes que se naturalizan, es decir se vuelven una costumbre. 


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La modalidad de investigación de contexto puede utilizarse también para otros delitos como robo y asociación ilícita. Sin embargo, el fiscal Vega dijo que en cada caso funciona de forma distinta. 

Es la primera vez que la Fiscalía de Puerto Quito utiliza esta metodología para investigar delitos sexuales. El 21 de febrero, el fiscal Vega dijo que es una “nueva técnica que está desarrollando la Fiscalía”. Sin embargo, en la entrevista con GK, Vega dijo que no se podía pronunciar sobre si esta modalidad había sido utilizada en otros cantones porque “cada uno responderá de acuerdo a lo que se ha aplicado en su zona” dijo refiriéndose a fiscales de otros cantones. En sus declaraciones públicas del 21 de febrero, sin embargo, Vega dijo que esperaba que la modalidad de investigación de contexto criminalístico se replique en otros cantones del país. 

Un comunicado de la Fiscalía dice que la investigación de contexto en Puerto Quito se originó el 12 de enero de 2021 con el rescate de una mujer de 24 años en este cantón, quien habría sido sometida a violaciones sexuales sistemáticas por su padrastro desde que era adolescente. Según el Fiscal, “a partir del análisis de ese caso pudimos establecer que podían existir más víctimas como ella”. A ese indicio se sumó el dato de que en el cantón Puerto Quito —con una población de 24 mil habitantes— se recibe un promedio de 2 a 3 denuncias de violación al mes. Una cifra “preocupante”, según el Fiscal. Por eso se abrió una investigación de contexto, y no por separado. 

Los 8 casos del operativo fueron conocidos por la Fiscalía de distintas formas. Según Vega, “un pequeño porcentaje de los casos de este operativo nacen de denuncias” y  la mayoría  son investigaciones de oficio de la Fiscalía. Es decir, sin necesidad de que haya sido presentada una denuncia. Los primeros indicios para abrir estas ocho investigaciones, dijo el Fiscal, llegaron por oficios del Ministerio de Salud, instituciones educativas y otros por la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Puerto Quito. Estas instituciones tienen espacios para receptar denuncias sobre derechos vulnerados de niños, niñas y adolescentes que muchas veces siguen procesos administrativos. En el caso de las Juntas de Protección de Derechos del país, estas notifican a la Fiscalía sobre sus procesos porque muchas veces las víctimas no acuden directamente a la Fiscalía sino a las Juntas.

En uno de los casos investigados, dijo Vega, una de las niñas dejó de conectarse constantemente a las clases virtuales y su maestra decidió visitarla para verificar si estaba bien. “La profesora observó que existe una condición psicológica inadecuada en ella. Lo puso en conocimiento de la Junta de Protección de Derechos y ellos en conocimiento de nosotros”, dijo el Fiscal. Aunque los indicios llegaron desde diferentes fuentes, los 8 casos se unificaron en esta investigación de contexto porque tenían similitudes: la forma en la que se cometían los delitos, la situación de vulnerabilidad de las víctimas y su relación que tenían con los agresores. 

Los detenidos, según la Fiscalía, no tienen relación entre sí ni se trata de una banda organizada.  Sin embargo, Vega aclara que la investigación de contexto permite establecer un grupo de casos en el que las víctimas “guarden una misma relación o característica”. En este caso, la forma en la que se cometieron los delitos es “plenamente agresiva”, según Vega. El Fiscal cuenta que los agresores ejercían violencia física y psicológica contra las víctimas para “obligarlas a realizar esos actos de naturaleza sexual”. Vega dijo que se confiscaron también armas blancas que se usaban con ese propósito. El proceso judicial será individual para cada caso y se tomarán en cuenta los agravantes —como que el agresor es parte del núcleo familiar de la víctima— que se apliquen para cada uno. 

No solo la forma de ejecutar el crimen es similar. Según el análisis de la Fiscalía, los agresores y las víctimas también tienen características parecidas. Todos los agresores son hombres y el  80% de los involucrados tienen una relación de consanguinidad con la víctima. Es decir, son sus padres o hermanos. El otro 20% tiene una línea directa de relación con la víctima, como sus cuñados, o son cercanos, como sus vecinos. 

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Las víctimas en los ocho casos son mujeres en situación de vulnerabilidad. Vega dice que por ser menores de edad o porque pese a ser mayores de edad, son personas con discapacidad física o mental. Un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), dice que las niñas y adolescentes con discapacidad son 4 veces más vulnerables a ser víctimas de incesto. Según Plan Internacional, en el 70 y 80% de los casos de cualquier tipo de violencia, los agresores están en casa o cerca de ella. Los hogares no son lugares seguros para las niñas, especialmente para aquellas que tienen una discapacidad. 

Además de las acciones tomadas en Puerto Quito, en el operativo “Rescate Querubín” hubo acciones simultáneas en las  provincias de Sucumbíos, Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas. En estas provincias se localizó a 3 agresores que luego fueron trasladados a Puerto Quito para ser procesados. Vega dice que cuando un presunto agresor sospecha que podría ser descubierto, trata de huir. 

El primer paso del operativo Querubín, según el fiscal Vega, fue atender a las víctimas. Cuando se trata de delitos de naturaleza sexual, dijo el fiscal, se deben evacuar inmediatamente a las personas agredidas. Además, es necesario tomar medidas de protección como la extensión de boletas de auxilio para que los agresores no puedan acercarse a ellas. El 21 de febrero la Fiscalía confirmó que a las niñas rescatadas “se les practicarán los respectivos exámenes médico-legales” y las pericias psicológicas del caso. Además fueron ubicadas en casas de acogida o con su familia extendida. 

El fiscal Vega dice que en Puerto Quito hay muchos casos de delitos sexuales como los de este operativo. “Por ahora hemos empezado con el operativo ‘Rescate Querubín’, pero eso no quiere decir que los demás casos se van a quedar en la impunidad”, según Vega. El Fiscal dijo que se irá “dando premura” a cada caso para que todos sean ajusticiados conforme lo establece la ley. 

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