La mañana de hoy, 17 de febrero de 2021, el concejal de Quito Bernardo Abad dijo que hacía un pedido formal para que Jorge Yunda, alcalde de la ciudad, saque licencia sin sueldo, mientras se resuelve el proceso judicial en su contra. Ayer, un juez vinculó al alcalde Yunda a la instrucción fiscal por presunto peculado en la compra de pruebas para detectar covid-19 en la Secretaría de Salud del Municipio. El juez también dictó medidas sustitutivas para Yunda.

En una entrevista con la radio Antena Uno, Abad dijo que pedía públicamente que Yunda saque “licencia sin sueldo o algún tipo de permiso el tiempo que se aclare su situación jurídica”. Según Abad, debería ser hasta que los jueces ratifiquen su inocencia o lo declaren culpable. Ayer Yunda fue vinculado al caso como autor mediato. El juez Vladimir Jhayya Flor, presidente de la Corte Provincial de Pichincha, le ordenó presentarse periódicamente ante un juez y le prohibió la salida del país. La Fiscalía también dijo que el Alcalde debía usar grillete electrónico, pero la medida fue desmentida por Juan Pablo Albán, abogado de Yunda.

Abad dijo que coincidía con la Comisión Anticorrupción que pidió a Yunda que encargue la alcaldía durante el tiempo en el que haya la vinculación “a un proceso penal tan grave como es el de peculado”.  La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), un órgano de la sociedad civil. En un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, la CNA dijo que instaba a Jorge Yunda a que “proceda a encargar de manera inmediata todas sus funciones municipales, mientras se esclarecen las graves inculpaciones que la Fiscalía ha señalado en su contra”. El comunicado también dice que “demanda celeridad y sanción ejemplar” a quienes hayas usado indebidamente los recursos públicos de los ciudadanos.

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Ayer también fueron vinculadas otras seis personas como coautores a la instrucción fiscal del caso. La lista de vinculados incluye a la científica Linda Guamán, asesora técnica de la Secretaría; Daisy Hidalgo, administradora del contrato; Erick Andrade, ex coordinador jurídico. Para ellos el juez ordenó medidas cautelares. Para la doctora Ximena Abarca, secretaria de Salud del Municipio de Quito, el juez dictó prisión preventiva. También lo hizo para otra funcionaria y un exfuncionario de la Secretaría.

Abad dijo que todas las personas vinculadas a la institución fiscal que siguen trabajando para el Municipio también deberían ser “removidos de sus cargos para evitar que continúen ejerciendo su función mientras están en esta vinculación”. Dijo que el Alcalde y otros funcionarios deben tener su derecho a la defensa, pero que también era un momento para que se asuma “esa responsabilidad y que se permita que la justicia actúe con absoluta transparencia”.

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A las declaraciones de Bernardo Abad, el alcalde respondió en Twitter. “Un tipo que le tuvieron que meter preso para que pague las pensiones de sus hijos no tiene moral para recomendar nada, si quieres ser alcalde gana las elecciones!!”. Yunda se refería a que en enero de 2011, Abad fue detenido con una boleta de apremio por un supuesto incumplimiento en el pago de una pensión alimenticia.