Cuando el ECU 9-1-1 recibe una llamada denunciando la existencia de un posible asesinato, el operador que la contestó, la transfiere a la Policía Nacional. Luego, en base a la información de la llamada, la Policía envía a un equipo de la la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) para que vaya al lugar donde habría sucedido.
Cuando personal de la Dinased confirma que existe una persona fallecida, aísla el sitio donde está el cadáver para evitar que la escena se “contamine”, es decir, que se perjudiquen o alteren las evidencias que deja el crimen en su escena. Si el delito sucede en una vía pública, la Policía cerca el lugar con una cinta en un radio de alrededor de treinta metros. Si el asesisnato sucede dentro de un establecimiento, una casa o cualquier otro lugar cerrado, el cerco se amplía lo que más se pueda dentro de ese espacio.
Debes Saber
Una vez que se ha confirmado el asesinato y se ha aislado la escena, los agentes de la Dinased llaman al personal del departamento de criminalística del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (SNMLCF). El equipo de criminalística se encarga de recolectar evidencias en el lugar donde está el cadáver y dentro del perímetro que se cercó. Buscan balas, residuos de disparos, o el arma homicida, y recolectan huellas dactilares o restos de ADN. También identifican fibras, manchas o salpicaduras de sangre y otros residuos, y toman fotos de la escena. Todos los elementos que se recolectan se guardan en una cadena de custodia, que es un sistema de control de las evidencias que pueden servir para resolver un crimen.
Al mismo tiempo que el equipo de criminalística recoge evidencia, el personal de la Dinased presente en la escena llama al fiscal de turno, quien es el responsable de autorizar al personal del Servicio de Medicina Legal para que haga el levantamiento del cadáver. Al mismo tiempo que llega el fiscal y el personal médico legalista, los agentes de la Dinased entrevistan a los probables testigos del hecho —si es que los hay. Además, revisan las cámaras de seguridad cercanas para ver si encuentran pruebas que ayuden a resolver el crimen.
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Una vez que el fiscal lo autoriza, Medicina Legal hace el levantamiento del cadáver y lo lleva a una morgue. Allí, un médico patólogo se encarga de hacer la autopsia, el estudio del individuo para determinar la causa de su muerte. También se hacen estudios toxicológicos y clínicos para determinar si la persona fallecida tiene sustancias tóxicas en su organismo y si presenta marcas de agresiones físicas o marcas defensivas.
Cuando el fallecido no lleva consigo una identificación o el cadáver no ha sido reconocido por sus familiares o amigos, el personal de Medicina Legal hace pruebas de identificación. Toman huellas dactilares, ADN, o hacen un reconocimiento de la dentadura de la víctima para identificarla.
El equipo de Medicina Legal también es el encargado de manejar la evidencia como pertenencias personales que llevaba la víctima consigo o la ropa que tenía puesta. Esa evidencia también es ingresada a la cadena de custodia.
Con todas las pruebas recolectadas en la escena del crimen y el resultado de la autopsia que confirme la causa de muerte, empieza la etapa de investigación previa. En esta fase, el fiscal encargado del caso va a revisar las primeras evidencias y pedir todas las diligencias (como allanamientos) que sean necesarias para esclarecer qué pasó. Esta etapa puede durar hasta dos años. Si en ese tiempo, la Fiscalía no encontró pruebas suficientes para procesar judicialmente a un sospechoso, el caso debe ser archivado.
Si dentro de la etapa de investigación, la Fiscalía encuentra que las evidencias señalan a uno o varios sospechosos, puede iniciar la etapa del proceso penal conocida como instrucción fiscal y hacer la formulación de cargos contra los individuos sospechosos. En este punto, la Fiscalía también puede solicitar a un juez de garantías penales que dicte medidas cautelares contra los imputados para asegurar que comparezcan al proceso y para evitar que dilapiden bienes que podrían servir para la reparación material de los daños causados por el delito. Entre las medidas cautelares están, entre otros, la de presentarse ante una autoridad, la prohibición de salida del país y la prisión preventiva contra el o los sospechosos del crimen. Denise Vélez, máster en criminología, política criminal y sociología jurídico penal, dice que estas medidas son importantes porque garantizan que los presuntos involucrados estén presentes en el proceso y no se fuguen.
La instrucción fiscal puede durar hasta 90 días, pero puede extenderse hasta 120. Vélez explica que después de la instrucción fiscal, el juez debe convocar a una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. En esta audiencia, el fiscal a cargo del caso podrá presentar un dictamen acusatorio o absentivo, y el juez de garantías penales que conoce el caso definirá si es válido o no (es decir, si no se han violado reglas de procedimiento que lo anulen). En esta audiencia, la Fiscalía presentará las pruebas y el juez de garantías penales decidirá si los hechos que le han presentado constituyen o no un delito. En el caso de que resuelva que sí lo son, el caso pasará a su siguiente etapa: la audiencia de juzgamiento.
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En este momento procesal, en un juicio público, oral y adversarial ante un tribunal penal integrado por tres jueces, la Fiscalía presentará en detalle todas las pruebas y testimonios que recolectó en las etapas de investigación e instrucción contra la o las personas sospechosas del delito. Por su lado, la defensa de los acusados presentará pruebas de descargo para probar su inocencia. El tribunal penal analizará las pruebas de ambas partes, deliberará y determinará si la persona es inocente o culpable. En el caso del delito de asesinato en Ecuador, si la persona es hallada culpable, la sanción es de 22 a 26 años en prisión.
La sentencia del tribunal penal podrá ser apelada. La apelación deberá ser resuelta por una de las salas de la Corte Provincial del lugar donde se dictó el fallo. Existe otro recurso que permite impugnar la sentencia, llamado recurso de casación. Si una de las partes cree que se incumplió una ley específica, se lo puede presentar para que el caso pase a una de las salas de lo penal de la Corte Nacional de Justicia, el máximo estamento judicial ecuatoriano. Si ambos recursos son negados, la sentencia quedará ejecutoriada, es decir en firme, y deberá cumplirse.
Según datos del Ministerio de Gobierno, entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2020 hubo 1.361 homicidios intencionales en el país. De ellos, 1.015 fueron clasificados como asesinato.
