Hoy, 14 de enero de 2021, Ecuador firmó un acuerdo macro con la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC, por sus siglas en inglés). En una rueda de prensa, el presidente Lenín Moreno dijo que el acuerdo con la DFC será de hasta 3.500 millones de dólares. El plazo de pago es de 8 años, con un año de gracia y con interés anual del 2,48%. Es la primera vez que se concede un acuerdo de este tipo a Ecuador. 

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El dinero, dijo Moreno, se utilizará para “prepagar la deuda cara y reactivar al sector productivo”. El Ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, que firmó el acuerdo en Washington D.C., aclaró que al ser un acuerdo macro “es un paraguas sobre el cual se van a anclar acuerdos particulares para cada proyecto”. La suma de esos convenios, dijo Pozo, equivaldrá máximo a 3.500 millones de dólares, el valor global de la resolución firmada hoy. La DFC aporta 80% del monto y el otro 20% lo hacen otros financiadores que pueden ser bancos comerciales. 

La DFC es un banco estatal de desarrollo estadounidense. Según su página web, la Corporación se asocia con el sector privado para “financiar soluciones para los retos más críticos que enfrenta actualmente el mundo en desarrollo”. Invierte energía, salud, infraestructura crítica y tecnología. Además, la página oficial de la DFC dice que da capital a “negocios pequeños y mujeres emprendedoras para crear trabajos en mercados emergentes”. Fue creada en 2018, durante el gobierno de Donald Trump, y comenzó a funcionar oficialmente en diciembre de 2019. 

Las autoridades ecuatorianas aclararon que todavía no se ha definido la “deuda cara” —las obligaciones financieras con tasas de interés altas, periodos de gracia cortos y otras condiciones que incrementan su costo— que será pagada ni los proyectos que se anclarían al acuerdo macro. Sin embargo, Pozo dijo que el Ministerio de Economía identificará las obligaciones financieras que tengan condiciones menos favorables para que sean refinanciadas. Por ejemplo, dijo Pozo, las deudas que tengan un interés por sobre el 7%. 

Según Adam Boehler, director ejecutivo de la DFC, Ecuador ha estado “en una trampa de deuda y es momento de resolver eso por completo para liberar a los ecuatorianos y dejarlos prosperar”. Los términos de deuda, dijo, “continúan atrapando a los ecuatorianos y se convierten en un ciclo que no se va”. El director de la DFC aseguró que es la primera vez que llegan a un acuerdo multimillonario con un país en menos de un mes. 

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Otro de los objetivos, según el ministro Pozo, es reactivar la economía y para hacerlo se necesita la participación del sector privado. Aunque todavía no se han definido los proyectos específicos, Pozo dijo que el proceso de reactivación “puede ir de la mano con usos más eficientes de activos que tiene el Estado”. Uno de los ejemplos que dio es vender las torres de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) o concesionar su administración a una empresa privada nacional o internacional. Pozo dijo que recibirán los recursos una vez identificados esos proyectos para con ese dinero promover la economía. 

En la firma del acuerdo también estuvieron presentes Juan Sebastián Roldán, secretario general de gabinete de la Presidencia de la República, e Ivonne Baki, embajadora del Ecuador en Estados Unidos. Roldán aseguró que se respetarán las leyes ecuatorianas —que establecen límites de los bienes que pueden delegarse o concesionarse— al momento de decidir los proyectos. La ley ecuatoriana, dijo Roldán, dice que las empresas petroleras no pueden venderse. Sin embargo, Roldán aclaró que sí está permitido vender las torres de CNT y optimizar la administración de esta empresa. 

Un artículo del medio especializado en economía The Financial Times asegura que el acuerdo con la DFC servirá para pagar los créditos que Ecuador tiene con China a cambio de que se excluya al país asiático de proveer servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, Pozo dijo que todavía no se ha identificado la deuda que será saldada con el dinero obtenido del convenio. El Ministro dijo que en caso de concesionar una de las empresas estatales que permita la ley, tampoco se dará preferencia a ningún país para su administración. Lo importante, sostuvo, es tener convenios con el sector privado nacional e internacional. 

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La embajadora Ivonne Baki dijo que el cambio de gobierno en Estados Unidos el próximo 20 de enero no afectará el acuerdo. Baki dijo que además de tener la aprobación de la junta directiva de la DFC, se notificó del acuerdo al Congreso estadounidense. Boehler explicó que notificar al poder legislativo no era un requisito en este tipo de convenios, pero se lo hizo para garantizar aprobación unánime del proceso.