El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró que las elecciones no se aplazarán. En un comunicado publicado en su cuenta de Twitter la noche de ayer, 6 de enero de 2021, CNE dijo que el proceso electoral continuará ecuatoriano con normalidad a pesar de lo que llamó “los intentos de interferencia” en las elecciones de 2021.
El pronunciamiento se hizo pocas horas después de que el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ángel Torres, destituyera a cuatro de los siete consejeros del CNE. En la sentencia, el juez Torres ordenaba la destitución de la presidenta del Consejo, Diana Atamaint, el vicepresidente del Consejo, Enrique Pita, y los vocales José Cabrera y Luis Verdesoto.
El CNE aseguró que la sentencia de Torres “no altera el cumplimiento del calendario electoral”. Por ende, dijo, las elecciones se desarrollarán con normalidad el domingo 7 de febrero de 2021 —exactamente en un mes. El comunicado dice además que los cuatro consejeros que fueron destituidos, acudirán a “todas las instancias legales”. Según ellos, la sentencia “vulnera la estabilidad democrática” del país.
Además de destituirlos, la sentencia de Torres suspende los derechos de participación política de Atamaint, Pita, Cabrera y Verdesoto durante cuatro años. También establece que cada consejero pague una multa de 70 salarios básicos unificados, es decir, 28 mil dólares.
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Los cuatro funcionarios habrían incumplido con la sentencia del TCE del 30 de octubre de 2020 a favor del movimiento Justicia Social. La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, dice que incumplir con una sentencia del tribunal es una infracción muy grave. Se sanciona con una multa desde veintiún salarios básicos unificados y con la destitución o suspensión de los derechos de participación política de los involucrados. La suspensión puede durar entre dos y cuatro años.
El 30 de julio de 2020, el CNE eliminó a Justicia Social y a otras tres organizaciones políticas del Registro Permanente de Organizaciones Políticas del Ecuador. Justicia Social apeló la decisión, y el 30 de octubre el TCE falló a su favor.
En su fallo, el TCE negó la eliminación del movimiento. Además ordenó al CNE que le permitiera inscribir candidatos para las elecciones generales de 2020. Justicia Social apoyaba la posible candidatura del empresario guayaquileño, Álvaro Noboa.
Sin embargo, el CNE no cumplió con la sentencia del Tribunal. El lunes 14 de diciembre, durante una sesión del pleno del CNE, los consejeros dijeron que no aceptaría la candidatura del movimiento. También votaron a favor de presentar una demanda ante la Corte Constitucional para que esta resolviera el conflicto de competencias entre el TCE y el CNE sobre el caso. La Corte no admitió la demanda a trámite.
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Ninguno de los cuatro funcionarios del CNE ha hecho declaraciones individuales sobre la decisión del juez Ángel Torres. Sin embargo, en el comunicado del Consejo, reiteran su “compromiso con el país”. Dicen que seguirán cumpliendo con su deber “en defensa de la Constitución ecuatoriana y de la ley”.
