Cuatro consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) fueron destituidos. El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ángel Torres Maldonado, emitió una sentencia hoy, 6 de enero de 2021, que ordena la destitución de la presidenta del Consejo, Diana Atamaint, el vicepresidente del consejo, Enrique Pita, y los vocales José Cabrera y Luis Verdesoto.
Según la sentencia de Torres, los consejeros Atamaint, Pita, Cabrera y Verdesoto también deberán pagar cada uno 70 salarios básicos unificados, es decir, 28 mil dólares. Sus derechos de participación política quedarán suspendidos durante cuatro años. Las sanciones se harán efectivas de inmediato cuando la sentencia quede ejecutoriada. Es decir, cuando se hayan agotado todos los recursos de defensa —apelación y casación— y la sentencia quede en firme.
La sentencia dice que los cuatro funcionarios incumplieron con la sentencia del TCE del 30 de octubre de 2020 a favor del movimiento Justicia Social. Según el artículo 279 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, incumplir con una sentencia del tribunal es una infracción muy grave. Se sanciona con una multa desde veintiún salarios básicos unificados (en 2021, esto equivale a 8.400 dólares), y con la destitución o suspensión de los derechos de participación entre dos y cuatro años de los condenados.
El 30 de julio de 2020, el CNE eliminó a Justicia Social y a otras tres organizaciones políticas del Registro Permanente de Organizaciones Políticas del Ecuador. Un informe de la Contraloría General del Estado decía que hubo “irregularidades en cuanto a la inscripción y entrega de personería jurídica” de los movimientos. Justicia Social apeló la decisión, y el 30 de octubre el TCE falló a su favor. El tribunal negó la eliminación del movimiento, y además ordenó al CNE que le permitiera inscribir candidatos para las elecciones generales de 2021. Justicia Social apoyaba la posible candidatura del empresario guayaquileño, Álvaro Noboa.
El 9 de diciembre, el TCE ratificó la sentencia de octubre. La resolución obligaba al CNE a otorgarle a Justicia Social “tiempo razonable y los medios adecuados” para que realice sus elecciones primarias y seleccione candidatos para todas las dignidades, incluyendo el binomio presidencial. El CNE tenía que dar al movimiento un nuevo plazo para que inscribiera sus candidaturas y además estaba en la obligación de calificarlas de acuerdo al Código de la Democracia.
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Sin embargo, no se cumplió con la sentencia. El lunes 14 de diciembre, el pleno del CNE conformado por Enrique Pita, Esthela Acero, Luis Verdezoto, José Cabrera y Diana Atamaint, dijo que no aceptaría la candidatura del movimiento. Además aprobó una resolución para presentar una demanda ante la Corte Constitucional para que resolviera el conflicto de competencias entre el TCE y el CNE sobre la participación de Álvaro Noboa por el movimiento Justicia Social. Se solicitaba que la Corte Constitucional revocara la ejecución de la sentencia del TCE porque supuestamente “constituye una evidente intromisión en las competencias exclusivas del Consejo Nacional Electoral”.
Diez días después, el 24 de diciembre de 2020, la Corte Constitucional resolvió no admitir a trámite la demanda. Dijo que no se presentaron “los fundamentos constitucionales en que se apoya su pretensión [la de la demanda], debidamente argumentados”.
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Los funcionarios fueron destituidos a tan solo 32 días de las elecciones generales del Ecuador que están programadas para el 7 de febrero. Hasta la publicación de este texto, ninguno de los funcionarios involucrados se ha pronunciado sobre la decisión del juez del TCE. En febrero de 2020 se votará en el país para presidente y vicepresidente, además de asambleístas y Parlamentarios Andinos.
