Hoy, 26 de diciembre de 2020, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) aceptó parcialmente un recurso presentado por Justicia Social sobre sus candidaturas para las elecciones de 2021. Sin embargo, esto no significa que el empresario Álvaro Noboa podrá representar al movimiento en las elecciones presidenciales del próximo año.
El juez del TCE Joaquín Viteri aprobó la parte del recurso que anulaba la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) del 11 de noviembre en la que no se aprobaron las inscripciones de los candidatos por Justicia Social. Según un informe presentado por el CNE, los plazos del proceso electoral sí se cumplieron para el movimiento. Sin embargo, Viteri declaró nulidad de la resolución por “adolecer de falta de motivación”. Es decir, que no estaban debidamente justificadas las razones por las que el Consejo tomó la decisión de no aprobar las candidaturas.
Hubo otra parte del recurso que Viteri no aprobó. Que el movimiento efectúe nuevamente los procesos de democracia interna, designación, aceptación, inscripción y calificación de candidaturas “en todas las dignidades de elección popular”. Justicia Social solo podrá seleccionar nuevos candidatos en las categorías y circunscripciones en las que todavía no ha cumplido con los procesos electorales de democracia interna.
Con la aprobación parcial del recurso presentado por Salazar, la resolución del pleno del CNE del 11 de noviembre se anula. Sin embargo, el TCE dispuso que el CNE deberá precisar las circunscripciones y las candidaturas en las que todavía se deben cumplir los procesos de democracia interna de Justicia Social.
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El CNE también deberá especificar las circunscripciones y dignidades en las que la organización política ya cumplió con la democracia interna y se presentaron las solicitudes de inscripción de candidatos. Según un informe presentado por el pleno del CNE, Justicia Social finalizó el proceso de democracia interna para seleccionar el binomio presidencial —el cargo que espera ocupar Noboa— el 2 de septiembre, así que ya no podría seleccionar a un nuevo candidato para esa categoría.
El recurso subjetivo contencioso fue presentado ante el TCE por Jimmy Salazar, director ejecutivo de Justicia Social. Salazar es el esposo de Pamela Martínez, sentenciada por el caso Sobornos 2012-2016.
Los problemas con las candidaturas de Justicia Social comenzaron en julio de 2020, cuando el CNE lo eliminó —junto a otras tres organizaciones— del Registro Permanente de Organizaciones Políticas del Ecuador. Un informe de la Contraloría General del Estado concluyó que hubo irregularidades en la inscripción y entrega de personería jurídica de los movimientos. El 16 de septiembre, el Consejo dejó sin efecto las resoluciones que le otorgaban personería jurídica al movimiento.
El 6 de octubre, el TCE falló a favor de Justicia Social, declaró nula la resolución del CNE y resolvió mantenerlo en el Registro, lo que lo habilitaba para participar en las elecciones de 2021. El CNE apeló, pero la sentencia del Tribunal se ratificó el 30 de octubre. El TCE ordenó que el CNE que permita que el movimiento tenga el tiempo razonable y los medios adecuados para cumplir sus procesos de democracia interna.
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En la sesión del pleno del 11 de noviembre —de la que sale la resolución que fue anulada por el TCE el 26 de diciembre por falta de motivación— el consejero Luis Verdesoto pidió al CNE que reconsidere extender los plazos. El consejero presentó un informe con una cronología de los procesos de democracia interna de Justicia Social. Verdesoto argumentó que el movimiento aprobó algunas candidaturas —incluyendo la de la presidencia— en democracia interna días antes de la resolución del CNE. El consejero dijo que por eso la sentencia del CNE “de ninguna forma generó perjuicios a Justicia Social en su proceso de democracia interna”. Verdesoto aclaró que por la sentencia del 6 de octubre del TCE, el movimiento nunca perdió personería jurídica.
Hasta el 16 de diciembre había 17 binomios presidenciales en firme. El 24 de diciembre de 2020, las autoridades del TCE y del CNE confirmaron que las elecciones generales del próximo año no pueden postergarse.
