El Consejo Nacional Electoral (CNE) no aprobó que Álvaro Noboa sea el candidato a la presidencia por el movimiento Justicia Social. El pleno del CNE anunció su decisión en una muy nocturna sesión: comenzó el 11 de noviembre de 2020 a las 8 de la noche y terminó a las 2 de la mañana del siguiente día.

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Aunque el partido que dirigía fue eliminado del Registro Permanente de Organizaciones Políticas del CNE, Noboa anunció su candidatura el 7 de noviembre en su cuenta de Facebook. El empresario dijo que su sexta candidatura presidencial sería por el movimiento dirigido por Jimmy Salazar, esposo de Pamela Martínez, actual sentenciada por el caso Sobornos. Según Noboa, con su presidencia sería “los ecuatorianos los que gobiernen y velen por sus intereses”. Sin embargo, el CNE no aprobó que el movimiento inscriba nuevos candidatos a la presidencia. 

La negativa del CNE se basó en un informe técnico jurídico que determinó que Justicia Social sí cumplió con “los procesos de democracia interna” (las elecciones primarias al interior del movimiento) para seleccionar un binomio que lo represente en las elecciones presidenciales de 2021. Como los plazos del proceso se cumplieron, según el informe, no se pueden repetir la elección interna y seleccionar a terceros que lo represente como candidatos.

El CNE analizó el cumplimiento de los plazos de Justicia Social porque, el 16 de septiembre de 2020, el Consejo decidió dejar sin efecto las resoluciones que otorgaban y mantenían la personería jurídica de ese movimiento. Sin embargo, el 6 de octubre, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) declaró nula esa resolución. Aunque el CNE apeló, la sentencia del TCE se ratificó el 30 de octubre. 

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El Tribunal ordenó que el CNE diera las medidas necesarias para que Justicia Social y sus representantes tengan el tiempo razonable y los medios adecuados para cumplir con los procesos de democracia interna. Según el CNE, se debía garantizar que lo hagan en igualdad de condiciones que otras organizaciones políticas. 

El 5 de noviembre, el pleno del CNE aprobó dar plazos adicionales para que el movimiento termine con los procesos de democracia interna que no pudieron completarse. Sin embargo, se presentó un informe técnico jurídico que, según el CNE, incluía el estado en el que se frenaron las candidaturas y los trámites que debían retomarse para que Justicia Social tenga igualdad de condiciones. 

En la sesión del pleno del 11 de noviembre, el consejero Luis Verdesoto pidió que el CNE reconsidere la resolución de extender los plazos. Verdesoto dijo que el informe incluye una cronología de los procesos de democracia interna de Justicia Social y argumentó que el movimiento aprobó las candidaturas presidenciales el 2 de septiembre, 14 días antes de que se emita la resolución del CNE. Por tanto, dijo Verdesoto, la sentencia del CNE “de ninguna forma generó perjuicios de Justicia Social en su proceso de democracia interna”. Según el consejero, por la sentencia del TCE el movimiento nunca perdió su personería jurídica.  

Verdesoto expuso otras de las conclusiones del informe técnico jurídico del CNE. El consejero dijo que Justicia Social también cumplió con los procesos de democracia interna y presentó listas para parlamentarios andinos, asambleístas nacionales y algunos provinciales. Los procesos estaban pendientes de ser aprobados por el Consejo, pero Verdesoto aclaró que el informe concluyó que fueron presentados en los plazos determinados para las organizaciones. 

El pleno del CNE resolvió que Justicia Social retome la inscripción de sus candidatos en las provincias en las que no pudieron ingresar la documentación. Sin embargo, la resolución no incluye nuevos candidatos para el binomio presidencial porque el CNE determinó que la “inscripción para esta dignidad ya se cumplió de acuerdo a los preceptos reglamentarios” y que continuará con la calificación de las candidaturas ya presentadas. Por eso, Álvaro Noboa no podrá representar a Justicia Social como candidato a la presidencia en 2021. 

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El CNE y las Juntas Provinciales Electorales se encargarán de la inscripción de las candidaturas pendientes o concederán plazos para que subsanen inconsistencias, pero solo en las provincias que tenían pendientes. Según el CNE, así está cumpliendo con la sentencia del TCE del 30 de octubre que resuelve mantener a Justicia Social en el Registro Permanente de Organizaciones Políticas y lo habilita para participar en las elecciones generales del próximo año.