El Fondo Monetario Internacional (FMI) y las autoridades ecuatorianas llegaron a un acuerdo a nivel personal técnico sobre la primera revisión del préstamo entregado a Ecuador en 2020. El Directorio Ejecutivo del Fondo confirmó el pasado 1 de octubre que aprobó un préstamo por 6.500 millones de dólares que serán entregados en los próximos 27 meses. 

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El primer desembolso por 2 mil millones se hizo tres días después. Una vez aprobada la primera revisión del programa, Ecuador tendría acceso a otros 2 mil millones de dólares. El préstamo se hizo dentro del marco del  Servicio Ampliado del Fondo (SAF), que da asistencia financiera a los países con problemas económicos o de crecimiento lento.

Según un comunicado del FMI, una misión liderada por Ceyda Oner mantuvo reuniones virtuales con las autoridades ecuatorianas entre el 28 de octubre y el 20 de noviembre. El Fondo dice que se discutió “el progreso de las reformas y los planes de política de las autoridades en respuesta al impacto del covid-19 y del precio del petróleo”. 

Hoy, 23 de noviembre, Oner confirmó que llegaron a un acuerdo “a nivel personal técnico” —es decir, que no ha sido aprobado todavía por la gerencia y el Directorio Ejecutivo del Fondo— sobre la primera revisión del programa económico de Ecuador. El acuerdo, dijo Oner, está sujeto a las aprobaciones pendientes que se darán en las próximas semanas, a la implementación de las autoridades de las acciones previas requeridas y al cumplimiento de todas las políticas relevantes del FMI. 

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Oner dijo que alababa “las medidas decisivas de las autoridades para contener el brote de covid-19 y sus continuos esfuerzos para avanzar en su agenda de reformas, mientras toman medidas para estabilizar aún más la economía y ampliar la asistencia social”. Según Oner, las infecciones y muertes por covid-19 “se han moderado en comparación con los altos niveles observados a principio de año”. Además, la jefa de misión dijo que la economía ecuatoriana “está mostrando signos tentativos de recuperación” desde la reapertura de ciertas actividades en julio. 

El FMI considera que las autoridades ecuatorianas han cumplido “con todos los criterios cuantitativos de desempeño y metas indicativas para la primera revisión”. Según Oner, se incorporaron más de 63 mil familias de bajos ingresos a programas de asistencia social entre julio y septiembre. Por eso consideran que “están logrando un progreso significativo” para cumplir la meta de diciembre de este año: brindar beneficios a más de 161 mil familias más. 

Oner dijo que la contracción de la economía del país por la pandemia en 2020 podría ser menor. Aunque en la aprobación del SAF se calculó una reducción del 11%, el FMI proyecta que con los indicadores recientes la economía se contraiga en 9.5%. El Fondo espera que el crecimiento económico llegue al 2.5% a mediano plazo. Sin embargo, Oner reconoció que Ecuador —al igual que muchos otros países— todavía tiene una “incertidumbre significativa” por la pandemia y los precios mundiales del petróleo. 

Según un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas, el FMI “destacó la firme voluntad” de hacer reformas estructurales en el área laboral, seguridad social y tributaria. Esas propuestas, dice el comunicado, serán entregadas al nuevo gobierno para su consideración. El FMI dijo que las autoridades ecuatorianas están trabajando en “una serie de otras reformas importantes”. Entre las que mencionaron las regulaciones para que la Ley Orgánica de Planificación y Finanzas Públicas sea operativo y avanzar con el proyecto de Ley Anticorrupción. 

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El informe sobre el acuerdo con Ecuador publicado por el Fondo dice que se necesita un camino “ambicioso, pero realista” hacia la sostenibilidad de las finanzas públicas. Ese paso se deberá dar en 2021, según el FMI, una vez que los efectos de la pandemia disminuyan y que se eliminen las medidas relacionadas con la crisis. 

Otra de las reformas propuestas por el Fondo es una una reforma fiscal “ambiciosa, inteligente y progresiva”. El FMI sugiere que desde septiembre de 2021 se incremente el impuesto del valor agregado (IVA) en 3 puntos porcentuales —del 12% actual al 15%. Además, propone cambiar la devolución del IVA —que actualmente se devuelve en su totalidad  a las universidades— a una devolución parcial (aunque no detalla el porcentaje que se debería devolver). Propone también introducir un impuesto ambiental a las emisiones de dióxido de carbono, pero no especifica para quienes se aplicaría. El pasado octubre, el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo dijo que las medidas sugerida se —como el incremento del IVA— eran una “opinión del personal del Fondo” y que serán analizadas en su momento por las autoridades. Según Pozo, el próximo gobierno será el que decida qué camino tomar, tomando en consideración que se debe intentar mantener las metas del programa.