Estimado Pastor Almeida: 

Escribo esta carta con mucho malestar por su candidatura; una que se hace en un contexto político polarizado y con base a premisas que creo, no se compadecen con los fundamentos básicos del Estado de Derechos y Justicia que es el Ecuador. 

Empezaré por lo más grave, que es que usted pretenda gobernar desde la imposición de su fé como pastor evangélico. Cierto es que dice ser abogado, y alega tener una visión de “mundo” porque vivió y se educó en diferentes países, pero eso no subsana el hecho de que su candidatura pretende menoscabar de manera flagrante, uno de los baluartes fundamentales del Estado Laico: la separación clara entre el gobierno y cualquier religión.  

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Me temo, que más allá de lo que usted pueda afirmar, su razón de participar en este proceso electoral es insertar fundamentos religiosos en las políticas del Estado y eso es, a todas luces, inconstitucional. Esta afirmación la hago, en primer lugar, a partir de las declaraciones de varios de sus candidatos a asambleístas, pertenecientes a la Iglesia Pro Vida Evangélica, quienes han sostenido ante la prensa que “(…) están cobijando a Gerson Almeida”. Con eso, infiero yo, que realmente quien gobernaría, en caso de que usted o alguno de sus candidatos a asambleístas gane, sería la Iglesia Pro Vida Evangélica, y eso me preocupa profundamente porque la religión nada tiene que hacer en las decisiones de un estado laico. 

Pero justamente, al ser usted cuestionado sobre el respeto al Estado Laico, en su eventual gobierno, usted responde siempre con evasivas: “mi ética es la ética cristiana”, “apuntamos a establecer bases éticas”, “pretendemos hablar desde una ética”. Además, sostiene que no promoverá “ni el laicismo ni la fundamentación religiosa”.  Esto me preocupa, porque como jefe de Estado, su deber ineludible sería promover, respetar y garantizar el Estado Laico, ese que permite la libertad de cultos, pero no construye normas y políticas públicas a partir sus preceptos religiosos, sino a partir de lo que ordena la Constitución y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos. En este sentido le pregunto: ¿quién va a definir lo que es ético a la hora de diseñar planes y políticas en su gobierno? ¿Usted? ¿Su Iglesia? ¿Los movimientos mal llamados “Pro Vida” que lo respaldan? La sola idea de que sea así me causa temor.

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Me preocupa también que usted emplee la palabra “ética” de manera engañosa en su campaña, para ocultar lo que realmente propone: un modelo de Estado cuyas políticas se construyan en base a los preceptos de una sola religión, que sería la suya. Con esto además, se estaría discriminando a otros cultos, igualmente protegidos por la Constitución.  Para fortalecer su proyecto, ha elegido como binomio a Martha Cecilia Villafuerte, una mujer que quizás tenga muchos méritos, pero que está en esa papeleta por la sola razón de ser una conocida activista en contra de los derechos de las mujeres, y que ha fundamenta su causa con base, entre otras cosas, en “la fe que profesan la mayoría de ecuatorianos”, refiriéndose al catolicismo.  

En este sentido, su propuesta es, al menos, contradictoria. Ustedes afirman que su gobierno “se apegará a los derechos establecidos en los instrumentos internacionales”. ¿Cómo van a hacer esto, me pregunto yo, si su vicepresidenta y sus asambleístas se oponen a ello? ¿Querrá Martha, vicepresidenta “pro vida”, asegurar el cumplimiento de las varias recomendaciones emitidas desde el Comité de los Derechos del Niño, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW por sus siglas en inglés, y el Comité Contra la Tortura hacia Ecuador sobre despenalizar el aborto por violación, cuando públicamente ha sostenido que hay un “chantaje humanitario” de la Organización de Naciones Unidas en esta materia?  ¿Cómo garantizará su vicepresidenta el derecho a la salud sexual y reproductiva, mientras hace plantones afuera de la Asamblea para evitar que se aprueben normas en este sentido? Dudo mucho que ya en la Vicepresidencia de la República, en el caso de que eso sucediera, dé un giro y reconozca estos derechos que ahora niega. Si así lo hiciera, estaría de paso traicionando a esa parte del electorado que votará por ustedes porque los identifican con los movimientos que se oponen al aborto y a la educación sexual en el país. 

Usted, Pastor Almeida, ha afirmado que su política en materia de educación sexual se construye desde algo que llama “el pragmatismo ético” y que apunta a que ésta “no sea una liberalización para tener relaciones sexuales indiscriminadamente”. Ante ello, pregunto: ¿quién decide cuándo una relación sexual consentida se vuelve indiscriminada?  ¿Su propuesta acaso apunta a negarles a los y las jóvenes el derecho a explorar con responsabilidad su vida sexual, como lo disponen los instrumentos internacionales de Derechos Humanos que usted dice que va a respetar? ¿O quizás apunta a fomentar la abstinencia, algo que es contrario a la propia naturaleza humana, y que ha demostrado ser ineficiente a la hora de prevenir los embarazos adolescentes o no planificados? 

En un país donde 148 adolescentes entre 15 y 19 años dan a luz cada día, se requiere una respuesta que sea respetuosa con el derecho —garantizado por esos instrumentos internacionales a los que dice, en su propuesta, respetará— a tener una vida sexual, desde la información científica y la planificación informada, y no alusiones vagas a la “ética” (¿léase “religión”?). No hay nada antiético en ejercer una vida sexual libre, si se lo hace con responsabilidad e información adecuada y suficiente.  


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En lo relativo al “Eje Familia”, su propuesta presenta a las familias diversas —monoparentales, transnacionales, homoparentales… como un problema a solucionar, cuando la propia Constitución y los instrumentos internacionales las reconocen, garantizan y protegen como opciones válidas de vida. El solo hecho de que se refieran a “la familia” y no a “las familias” evidencia un claro rechazo por las varias formas en las que las personas podemos crear nuestros lazos y relaciones afectivas. 

He leído detenidamente el resto de su propuesta, y con preocupación veo que no hay realmente un plan de trabajo claro o estructurado en ninguno de los temas abordados. De las 41 hojas del documento disponible en el Consejo Nacional Electoral, más de la mitad es un diagnóstico sobre diferentes aspectos, que incluyen temas económicos, laborales y de combate a la corrupción, sin planes o soluciones concretas a las cuestiones que menciona como fundamentales para el país. 

En este sentido, su candidatura, además de fundarse en preceptos que violan cualquier noción de laicidad y derechos humanos, carece de propuestas sólidas —no hay ninguna explicación acerca de cómo alcanzaría los objetivos que plantea— en otras áreas de medular urgencia en el país. 

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Las y los ecuatorianos, nos merecemos candidatos responsables que tengan proyectos claros de país, bien articulados y fundamentados en estudios, estadísticas y ciencia, y que sean algo más que un intento de predicar la fe desde Carondelet. Su candidatura fracciona innecesariamente el ya muy dividido tablero electoral, mientras intenta tumbarse uno de los logros más grandes de las democracias modernas: la separación entre Iglesia y Estado.  Por respeto al electorado, lo responsable sería renunciar.