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Un Santo. Así consideran en Santa Isabel, una pequeña ciudad al sur del Ecuador, a José Luis Sánchez, un sacerdote católico español que llegó en 1989 a este recodo de la provincia del Azuay. A pesar de que murió en 2018, aún convoca a cientos de fieles, quienes han creado grupos de Facebook y Whatsapp en los que se comparten sus fotos y videos, misas oficiadas por el cura y oraciones para superar el covid-19, pidiéndole que interceda por ellas ante Dios para que los guarde de la pandemia del covid-19.

En 1988, Sánchez llegó a Cuenca, capital de la provincia, en una misión diocesana, solo seis años después de haberse ordenado en el seminario de Jaén, cerca de Porcuna, el pueblo español en que nació. El diácono Wilson Coronel, su amigo y admirador, dice que “de inmediato empezó a trabajar por los más necesitados, por los que no tenían ni siquiera nombre”. 

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En 1996 Sánchez creó Mensajeros de la Paz, una fundación para acoger a niños y personas con discapacidad que eran separados de sus hogares por ser víctimas de violencia intrafamiliar, habían sido abandonados o sus padres no tenían los suficientes recursos económicos para mantenerlos dentro del núcleo familiar.

 La fundación, que tomó el nombre de una misión española dedicada a la caridad, instaló casas de acogida —la mayor de ellas, y la única que sigue en pie, es la comunidad terapéutica Santa María de Quillosisa en Santa Isabel, conocida comúnmente como La Granja.

En abril del 2018, Sánchez regresó a España para cuidar a su madre ya mayor. Eso les dijo a sus feligreses. No dio fecha para su regreso, pero afirmó que volvería. Llegó al Azuay cuando tenía 32 años, se fue a los 61.

Quizá muchos de quienes le rezan hoy no quieran creer que, dos días antes de morir el 19 de noviembre de 2018, Sánchez recibió una llamada desde Cuenca. En ella, monseñor Marcos Pérez Caicedo, arzobispo de la ciudad y que regenta la parroquia de Santa Isabel, le notificó que se había iniciado una investigación en su contra por presuntos abusos sexuales a menores de edad. Además, le retiró la potestad de administrar La Granja.

Pero esos no son los únicos señalamientos contra aquel hombre que muchos veneran como un santo. Hay al menos otras 12 denuncias que dicen que en Mensajeros de la Paz, bajo la dirección de Sánchez, hubo golpes, maltratos e insultos a niños, esterilizaciones forzadas a mujeres con discapacidad, y la retención de remuneraciones que las personas acogidas en La Granja recibían por trabajar en plantaciones agrícolas. 

La ovejita descarriada

Dos años después de haber hecho esa llamada, Pérez Caicedo habla con cautela sobre ella. En julio de 2020, el aún Arzobispo de Cuenca me dijo que recibió una denuncia en contra de Sánchez en secreto de confesión, por lo que no puede revelar detalles. Me dijo que la justicia divina es la única que puede sentenciar el caso, ya que Sánchez está muerto.

Pero la llamada de Pérez Caicedo no fue solamente entre dos personas. Tuvo dos testigos. Uno era César Zea, en ese entonces a cargo de la Defensoría del Pueblo —entidad que garantiza derechos en Ecuador— y actual director provincial del Consejo de la Judicatura en el Azuay —ente administrativo y disciplinario de juzgados y fiscalías. La otra fue una extrabajadora de la Curia Diocesana, que administra a la Iglesia Católica en Cuenca.

La extrabajadora de la Curia, a quien llamaré Rosa porque pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias, no solo estuvo presente en la llamada de noviembre 2018 como una exempleada de la Iglesia. 

Rosa había intentado denunciar al cura más de veinte años antes. En 1995, mediante secreto de confesión, reveló a un alto prelado de la iglesia cuencana los señalamientos a Sánchez. Recuerda que un día una madre y un hijo llegaron a su oficina en la Curia, el edificio administrativo de la Arquidiócesis cuencana, una casona patrimonial ubicada a 150 metros de la Catedral. Desde su portón de hierro se ve en su patio central la estatua de la Virgen María brindando auxilio a un niño que representa a Miguel Febres Cordero, un santo cuencano.

La mujer llegó preocupada porque su niño, beneficiario de una institución dirigida por el sacerdote Sánchez, se mostraba asustado y no quería ir donde el padre Sánchez. Rosa evita detallar lo que el niño le contó, pero concluye de manera contundente: “Claramente, lo que les hacían a esos niños era abuso sexual”, dice. Niños, en plural. Esa denuncia y los testimonios contra el cura se multiplicaron, dice Rosa. Tras el primer caso, a su oficina llegaron otras madres de familia y chicos sin hogar a dar testimonios similares. “No podría dar un número exacto, pero fueron varios”, dice Rosa.

Un año después, en 1996, Rosa asegura haber llevado sus denuncias ante la entonces Corte Distrital de Menores, hoy Juzgado de la Niñez y de la Adolescencia. El proceso que Rosa inició parece haberse diluido entre los archivos de la Corte de Justicia del Azuay. Para este reportaje, pedí a la Corte los archivos de los procesos en contra de José Luis Sánchez, y aunque se acogió mi solicitud favorablemente, los funcionarios no han logrado localizar los documentos correspondientes. “El Ministro Juez recibió mi caso y me ofreció que le daría celeridad, pues no era la única denuncia que recibía al respecto, estoy segura de que así hubiese sido, pero pocas semanas después fue removido de su cargo por el régimen de Abdalá Bucaram”, dice Rosa. Las Cortes Distritales de Menores, tres en el país, una en Quito, otra en Guayaquil y otra en Cuenca, vigilaban el cumplimiento del Código de Menores, reemplazado por el Código de la Niñez y la Adolescencia en 2003. César Zea, la otra persona que estuvo en la llamada, no quiso hablar: “Me disculpa, pero en esta ocasión no quiero hacer ningún comentario sobre el sacerdote, está muerto y es suficiente”, dijo. 

Rosa asegura que también le informó lo que pasaba al entonces Arzobispo de Cuenca, monseñor Luis Alberto Luna Tobar. Fernando Vega, exsacerdote y activista por los derechos humanos y hombre cercano a Luna Tobar, dice que ninguna denuncia escrita contra Sánchez llegó a sus manos, pero no niega que hayan existido. “Entiendo que monseñor Luna debió recibir alguna denuncia, si fue verbal o escrita, no lo sé. Tuve información de una denuncia escrita que estuvo a punto de darse trámite en algún ministerio, pero hubo cambio de ministro y no avanzó la cosa”, recuerda.

Las denuncias también llegaron a la Defensoría del Pueblo, pero no trascendieron según Irene Pesántez, quien trabajó en dicha dependencia entre 1999 y el 2000. “Yo tuve denuncias verbales contra Sánchez, pero nada oficial”, afirma. A Rosa no le extraña. Dice que cuando le llevó las denuncias listas a Luna Tobar para que las firmase, “él miró hacia otro lado”. Rosa dice que escuchó a Luna decir que no era la primera vez que tenía noticias de esta índole sobre Sánchez. “Dijo que él como pastor no podía sino estar al lado de todas las ovejas y con mayor razón debía proteger a la ovejita descarriada”, recuerda con voz de desconsuelo. 

Desde entonces, todo quedó en el olvido. Hasta que Rosa escribió un post de Facebook en 2018 sobre los hechos que ella intentó denunciar. Para ella, el caso no está cerrado, pues a pesar de que Sánchez murió, sus presuntas víctimas no recibieron reparación alguna. El post no ha llegado a más de 35 reacciones, pero para Rosa esto es irrelevante. Dice que “no ser escuchada, no es razón para guardar silencio”.

acusación sacerdote

La hermana de Sánchez, Matilde Sánchez, desconoce las denuncias. “Es la primera vez que lo escucho… yo me río, en vez de convulsionar, me río” dice en una entrevista concedida al periodista español Pablo Jímenez, quien colaboró en este reportaje. “Esa es la cruz que tienen todos los curas, conozco mujeres que son muy putas y acogen a niños que tiran ellas a la calle, luego son de todo”, dice Matilde Sánchez. “Esa es una cruz que los sacerdotes la tienen de toda la vida, que no digo que no haya casos reales, y eso no solo de él, de sus compañeros, de todo el mundo, es normal, es muy normal, pero no sé yo que él haya tenido denuncias ni nada de eso”, dice la hermana del sacerdote Sánchez. 

Pero las acusaciones contra sacerdotes no son casos aislados. De acuerdo con el informe de la organización británica Child’s Rights International Network en noviembre de 2019, al menos mil denuncias en contra de prelados católicos se han hecho en México, Chile, Colombia y Argentina. En su apartado para Ecuador, la organización apunta los procesos canónicos en contra de los sacerdotes Luis Fernando Intriago, en Guayaquil, y César Cordero, en Cuenca, así como las investigaciones de la Fiscalía sobre los presuntos abusos sexuales del ‘Padre Néstor’ en la iglesia de Guápulo, en Quito. En 2018, el papa Francisco pidió perdón en una carta por los abusos sexuales cometidos por religiosos católicos contra menores de edad  en todo el mundo. 

Pero hace un cuarto de siglo, la norma era mirar a otro lado, la connivencia y el silencio. Recién en 2001 se destapó el caso Spotlight, en Boston, que produjo una cascada de denuncias contra sacerdotes católicos por abusos de toda índole. En 2019, el cardenal João Braz de Aviz, prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, reconoció que durante más de sesenta años, el Vaticano supo de los abusos de Marcial Maciel, fundador de la congregación de Los Legionarios de Cristo, fundada en México. El papa Juan Pablo II protegió e incluso llamó “guía eficaz de la juventud”. 

En 2004, pocos meses antes de la muerte del Papa polaco, Maciel estuvo en el Vaticano. Dos años después el nuevo papa, el alemán Benedicto XVI, le ordenó a Maciel retirarse en penitencia y oración y no administrar los sacramentos. El fundador de Los Legionarios de Cristo murió en algún lugar de Estados Unidos, sin haber pedido perdón, reconocido públicamente sus abusos, ni hecho civil ni penalmente responsable. 

En su carta de 2018, el papa Francisco reconocía el encubrimiento y el silencio de las autoridades eclesiásticas de todo el mundo. “El dolor de estas víctimas es un gemido que clama al cielo, que llega al alma y que durante mucho tiempo fue ignorado, callado o silenciado”.

Ese mismo año, más de dos décadas después de que monseñor Luna Tobar prefiriera no hacer nada sobre las acusaciones contra Sánchez, quien ocupa ahora su lugar, monseñor Pérez Caicedo, escribió también una carta. No era pública, sino muy privada. Era para Rosa. En ella, le agradeció por haber contado lo que sabía sobre Sánchez. Rosa dice que guarda la carta del arzobispo con cariño.

El mal de Pomeroy

En 2017 en la Granja de Santa Isabel vivían nueve mujeres con discapacidad intelectual en edad fértil. Eran consideradas “un riesgo” por la fundación Mensajeros de la Paz, regentada por Sánchez.

Mensajeros de la Paz

Una  medida de protección de la Defensoría del Pueblo de 2017 relata cómo a una de estas jóvenes, por ese supuesto riesgo, le cortaron las trompas de falopio. Según la entidad, se lo hizo sin su consentimiento. La mujer, una guayaquileña de 34 años de edad con 71% de discapacidad intelectual, vivía en La Granja desde que tenía 14. Cuatro años antes había sido abandonada por su familia. Según el informe de trabajo social que se incluyó en la medida de protección, era colaboradora, participaba del cuidado del hogar, cocinaba y hacía parte de los talleres sin dar ningún problema. “Riesgo” era lo menos que representaba. 

Sin embargo, un informe psiquiátrico —elaborado por el hospital José Félix Valdivieso de Santa Isabel y el equipo técnico de Mensajeros de la Paz— determinó que las mujeres con discapacidad en edad fértil tienen “dificultad para manejar su potencial reproductivo y sexual”, por lo que, sin su consentimiento, las sometieron al procedimiento denominado Cirugía de Pomeroy, que consiste en cortar las trompas de Falopio. Como ella, otras nueve mujeres de entre 14 y 36 años de edad —que para el 2017 vivían en La Granja— fueron sometidas a la misma cirugía. Ninguna dio su consentimiento. Una de ellas ni siquiera tenía discapacidad, de acuerdo al informe de la Defensoría.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), que estuvo a cargo del seguimiento de que se cumpla la medida de protección, determinó que el procedimiento se le hizo a la joven guayaquileña cuando tenía 20 años. Además, determinó que se le practicaron exámenes de papanicolau (para detectar la presencia del virus del papiloma humano solo transmitido a través de relaciones sexuales)  “desde muy joven”, dice el informe de la Defensoría. Bernardo Vega, exdecano de la Facultad de Medicina y docente de Ginecología de la Universidad de Cuenca, dice que es potestad del tutor de la persona con discapacidad dar ese consentimiento, siempre que se demuestre que la persona con discapacidad no tiene posibilidad alguna de elección, por ejemplo en un caso de parálisis cerebral infantil. Añade que un papanicolau no se practica sin un consentimiento informado de la paciente, y no se recomienda antes de los 21 años, a menos que haya riesgo de cáncer de útero por el virus papiloma humano —que se transmite solo por relaciones sexuales— o de VIH.

El equipo del MIES determinó además que la joven tenía epilepsia, miopía, astigmatismo y tumoraciones de tejido subcutáneo. La trabajadora social del MIES, Yolanda Capó, en su informe para la medida de protección del 2017 sostuvo que fue “un proceso invasivo que violenta derechos”.

La abogada de Mensajeros de la Paz, Fabiola Coronel, dice que los casos llegaron a la Fiscalía remitidos por la Defensoría del Pueblo, pero que los procesos fueron archivados porque “no se logró determinar que hubo una violación de derechos”. En 2011, cuando se presentaron estas denuncias en la Fiscalía, esta práctica no estaba tipificada como delito. 

En la providencia de archivo de la denuncia, la fiscal de Santa Isabel a cargo de la investigación, Blanca León, dice que “a la víctima con discapacidad intelectual se le somete a un proceso de esterilización en el hospital José Félix Valdiviezo de Santa Isabel en noviembre de 2011 (vigencia del Código Penal), fecha en la cual no se encontraba tipificado como un delito la privación forzada de la capacidad de reproducción”. Añade que, por principio de legalidad, nadie puede ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal. En el expediente, la Fiscalía reconoce bajo el nombre protegido de “M.A.R.I.” a la “víctima con discapacidad intelectual a quien se le somete a un proceso de esterilización”. 

Desde entonces, el Ecuador ha cambiado su legislación. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos considera que la esterilización forzada a personas con discapacidad es una forma de “violencia sistemática, debe erradicarse y tipificarse como delito”. En 2013, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) ecuatoriano incluyó la privación forzada de capacidad de reproducción entre los delitos que sanciona. 

La fiscal León dijo también que, de ser necesario, se podrá solicitar la reapertura del caso cuando aparezcan nuevos elementos siempre que no esté prescrita la acción. Por ello, no calificó a la denuncia —que fue presentada por la Defensoría del Pueblo— como maliciosa o temeraria. La Defensoría fundamentó su denuncia en el pronunciamiento del entonces Director Nacional de Discapacidades del Ministerio de Salud Pública, Yorelvis Perdomo, quien informó que no existía norma que faculte esterilizar a personas con discapacidad y pidió que el expediente sea enviado a la Fiscalía para descartar un posible delito.

La Defensoría del Pueblo y su equipo en Quito logró trasladarlas a las jóvenes a sitios considerados más seguros para ellas en el 2018. En las valoraciones posteriores no se pudo determinar que las mujeres hayan tenido o no contacto sexual de manera forzada, pero el equipo de la Defensoría del Pueblo afirma que las razones para la esterilización aún son poco claras. Rosana Vintimilla, presidenta de Mensajeros de la Paz, dice que ha oído de los casos de abuso sexual y sobre las esterilizaciones forzadas, pero sostiene que “no nos consta que eso haya sucedido”. Para ella y los miembros de la fundación, la figura de Sánchez aún sigue siendo la del párroco caritativo, bondadoso y alegre que dedicó su vida a los más necesitados.

Sin paz

En el 2006 María Esther, Rosa, María de los Ángeles, Freddy, Braulio, Franklin, Fernando y Hernán, 8 niños de entre 1 y 13 años fueron acogidos por la fundación Mensajeros de la Paz, pero paz fue lo que menos encontraron.

maltratos físicos a niños

El juicio 469-06 resuelto el 7 marzo de 2007 contra la fundación Mensajeros de la Paz y el sacerdote Sánchez en el juzgado de Niñez y Adolescencia de Cuenca, determina que estos niños y adolescentes sufrieron insultos, golpes, y heridas físicas.

Mensajeros de la Paz tenía en aquel entonces un programa a través del cual contrataba parejas de esposos sin ninguna experiencia previa como educadores, les asignaban un grupo de niños para su cuidado. Los técnicos de la fundación, entre ellos psicólogos y trabajadores sociales, los visitaban una o dos veces al mes para verificar que los niños reciban alimentación, salud, educación, respeto y cariño.

Sánchez, que era licenciado en teología y no psicólogo o trabajador social, dijo durante el proceso judicial que dicho método trataba de emular una familia tradicional para dar “dignidad” a los niños acogidos por el programa. Sin embargo, entre las pruebas presentadas en el juicio, consta el informe social realizado por el hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca que identificó “claramente una situación de maltrato físico, psicológico y trato degradante”.

El detonante para las investigaciones fue la atención médica en ese hospital a María Esther, quien llegó a emergencias una medianoche del 2007 con golpes en la frente, pómulos, mentón y nariz, excoriación en rodillas y labio superior, así como una quemadura de segundo grado en el tórax. Sus cuidadores, asignados por Mensajeros de la Paz, adujeron que la niña se había caído. Los testimonios de los niños develaron prácticas como baños en agua fría, golpes con ortiga, ponerles vómito en la comida, cortarles la piel con cortauñas o cuchillos (de los que les quedaron cicatrices), golpes con cables eléctricos, apodos y agresiones por parte de terceros, así como amenazas si le contaban a alguien.

Mensajeros de la Paz y el sacerdote Sánchez conocían de los hechos ya que en sus inspecciones detectaron falta de limpieza y orden y la fuga de uno de los menores. Durante el juicio el sacerdote aceptó que una coordinadora encontró a los niños sumergidos en un tanque de agua fría durante una visita sorpresa. “A todos se nos fue de las manos” dijo Sánchez, quien durante la audiencia afirmó que caracterizar los hechos como maltrato le parecía “una exageración”.

La decisión del juzgado fue separar de la institución a los educadores y conminar a la fundación a mejorar sus prácticas. No hubo sanción alguna para los maltratadores o para su jefe, el cura Sánchez, solo una amonestación verbal.

Banquetes y silencio

La hoy jueza de la Corte Provincial de Justicia Martha Guevara fue quien a través de la Red de Abogados para la Defensa de la Vida defendió a los niños en el juicio del 2007. Fue también una de las pocas personas que se atrevió a iniciar una acción judicial en contra del sacerdote Sánchez y Mensajeros de la Paz. “Me gané el repudio de activistas y funcionarios”, dice. “Todos sabían lo que hacía el cura Sánchez y cómo se manejaba Mensajeros de la Paz, quien diga que no es así, miente” asegura Guevara, quien sostiene que el poder que ostentaba el sacerdote era “una cosa de no creer”.

Desde que llegó a Ecuador, Sánchez, recibió el beneplácito y la amistad de funcionarios del Gobierno. Guevara recuerda que tenía contacto con los alcaldes de Santa Isabel y de Cuenca, con personal de la Vicepresidencia de la República, jueces, rectores de universidades, empresarios, y la propia curia cuencana. 

ortiga

Era común para él invitar a las autoridades a comer en La Granja. “Hacía matar un chancho, les paseaba por aquí y por allá, les mostraba su fábrica de jabones, les daba regalos, era un cura galante, alto, bien parecido; así conquistaba a todos” recuerda la jueza. “La gente recibía los favores, pero no se daban cuenta que detrás de todo eso, de quien mataba al chancho, quien cocinaba, quien trabajaba para que el cura se luzca, eran los niños y las personas con discapacidad”, dice Guevara.

Los banquetes, halagos y regalos tampoco eran gratuitos. Siempre representaban algo a cambio para la fundación, desde una amistad hasta dinero.

Actualmente, Mensajeros de la Paz recibe fondos del MIES para el cuidado de las personas que acoge en La Granja. Rosana Vintimilla, presidenta de la organización, dice que en los últimos meses los pagos han tenido retrasos y no siempre son suficientes. El coordinador zonal 6 del MIES, Felipe Moscoso, dice que este año se ha destinado alrededor de 300.000 dólares para la atención de 30 personas con discapacidad en Mensajeros de la Paz y, aunque reconoce que ha habido atrasos, afirma que están siendo subsanados. 

Sánchez consideraba que el dinero recibido del Estado y de ciertas organizaciones no gubernamentales internacionales, como Save the Children o Porcuna por los niños, no alcanzaba. En la audiencia en el proceso de 2007, sostuvo que el MIES le entregaba un promedio mensual de 200 dólares por niño y que requería al menos 500 para que estén en mejores condiciones. Guevara recuerda que durante el juicio, Sánchez le dijo en tono despectivo que ella se haga cargo de los menores de edad: “Me gritó que si no me parecía lo que estaba pasando, entonces que me lleve a los niños”.

No solo se lo dijo a ella. Viviana Bueno, quien fue directora distrital del MIES en el 2017, dice que los filtros de control empezaron a ser más rigurosos, y exigían mejores condiciones de vida, asistencia social y médica especializada para los beneficiarios, lo que representaba más gastos para la fundación, cambios que, sostiene, sí estaban contemplados dentro del presupuesto asignado por el Estado. Pero Sánchez no estuvo conforme con los pagos estatales por lo que pidió que el MIES se hiciera cargo de 39 personas con discapacidad, de los que 25 no podían valerse por sí solos y dos tenían problemas psiquiátricos. El MIES trasladó a otras casas asistenciales a esas 39 personas.

No solo el MIES aportaba a Mensajeros de la Paz. El Municipio de Cuenca, la Vicepresidencia de la República, las organizaciones no gubernamentales mencionadas y la Agencia de Cooperación Española entregaban dinero a la Fundación. Entre 2005 y 2006, Sánchez recibió unos 330.000 dólares de instituciones españolas Porcuna por los niños y la Agencia Valenciana de Cooperación para el Desarrollo. Entre 2007 y 2008 unos 250.000 dólares del Municipio de Cuenca y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). En 2011, último año en el que la Fundación hizo públicos sus registros de donaciones, recibió más de un millón y medio de dólares de varias instituciones públicas y privadas.

En Ecuador, el modelo de atención del MIES no es directo. El Ministerio entrega fondos a entidades públicas y privadas para que se hagan cargo de los niños, “esto convierte a los casos de protección de derechos en cifras y cuentas bancarias”, dice la jueza Guevara. El coordinador zonal 6 del MIES, Felipe Moscoso, afirma que los procesos que puedan generar las fundaciones en la atención de los grupos vulnerables son de responsabilidad de cada organización y no del Ministerio o de las organizaciones aportantes. “Nosotros revisamos los procesos sobre los fondos que asignamos, lo demás es responsabilidad de cada uno” señala. 

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Sánchez, además, regentaba una fábrica de jabones que eran elaborados por las personas con discapacidad y que generaban ingresos a la Fundación. Actualmente la marca Aquamarinna es parte de Mensajeros de la Paz y sustenta parte de sus gastos.

Pese a estas donaciones, la Defensoría del Pueblo recibió entre 2016 y 2017 denuncias de mujeres con discapacidad a las que se les enviaba a trabajar en florícolas del Azuay y se les retenía su sueldo. 

Una de ellas era la joven guayaquileña que fue sometida a una esterilización forzada, quien había ganado 9.286 dólares tras seis años de trabajo en una florícola y 541 dólares en terapia ocupacional. Cuando la Defensoría exigió que se le entregue lo que había ganado en esos años, el sacerdote Sánchez le descontó 6.185 dólares de los gastos que se habían hecho para su manutención, según reposa en los archivos de la Medida de Protección.

La realidad y punto

Rossana Vintimilla, presidenta de Mensajeros de la Paz, insiste en que en la actualidad la fundación busca el bien de las personas con discapacidad y se deslinda de lo que pudo haber pasado antes. La abogada de la fundación, Fabiola Coronel, afirma que no se cobra a las personas con discapacidad por su permanencia en La Granja, y se deslinda también de cualquier proceso legal previo.

Cuando Sánchez murió, el MIES emitió un comunicado por sus redes sociales lamentando su deceso. Lo publicó en diarios locales —lo mismo hicieron autoridades, activistas y religiosos de Cuenca y el país. 

José Luis Sánchez

Su biógrafo personal en Ecuador, Marco Muñoz, afirma que mientras no tenga un informe médico, no hablará sobre la razón por la cual el religioso perdió la vida. Su partida de defunción, a la que tuve acceso para esta investigación, no tiene escrita la razón del deceso. En esa biografía, según Muñoz, “no escribiremos nada que no esté comprobado en papeles”, ya que las acusaciones, sostiene Muñoz (quien también forma parte de Mensajeros de la Paz) son “rumores y cosas sin sustento”. 

La hermana del sacerdote, Matilde Sánchez, dice desde España que, en la actualidad se prepara una biografía “ni lo más meloso, ni tan meloso, sino la realidad y punto” y evita referirse a la causa de la muerte de su hermano. 


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