El 30 de octubre de 2020 la Procuraduría General del Estado junto a la Fiscalía solicitaron al Tribunal de la Corte Nacional de Justicia la pena privativa de libertad de ocho años para los involucrados del caso Singue. Entre ellos está Jorge Glas, exvicepresidente del Ecuador.
En el caso Singue, el exvicepresidente y otras 14 personas son acusadas del delito de peculado. Este delito, según el artículo 198 del Código Orgánico Integral Penal, se refiere a la persona que se apodera ilegítimamente de algo ajeno y será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años. Si el delito se comete sobre bienes públicos, la ley dice que se impondrá el máximo de la pena prevista aumentada en un tercio.
Según la Fiscalía General del Estado, la firma irregular del contrato de adjudicación del campo Singue en 2012, perjudicó al país con una tarifa incorrecta del precio por barril de petróleo. Entre las personas involucradas además de Glas están también otros funcionarios públicos como el exministro de Hidrocarburos, Carlos ParejaYannuzzelli y Wilson Pástor, exministro de Recursos No Renovables. Silvana Pástor Tapia, hija del exministro también está involucrada en el caso.
El proceso de la Fiscalía inició en septiembre de 2019, tras un informe de la Contraloría General del Estado que alertaba sobre ciertas irregularidades en la negociación del campo petrolero Singue al consorcio ecuatoriano Dygoil-Gente Oil Ecuador. El informe fue presentado en 2017 y decía que la adjudicación irregular del campo le causaron al Estado ecuatoriano una pérdida de 5,2 millones de dólares. Las investigaciones de la Fiscalía, dicen que el perjuicio real es de mucho más— 28,4 millones de dólares hasta septiembre del 2016.
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Sin embargo, la defensa de los acusados argumenta que no hubo ningún perjuicio para el Estado. Silvana Pastor, una de las abogadas defensoras dijo que durante el juicio, la Fiscalía no pudo probar que el Estado sufrió perjuicios por la adjudicación del campo y que de hecho, “es el mismo estado el que reconoce que la renta petrolera ha sido del 128%”.
Se han denunciado además ciertas irregularidades en la audiencia del caso. El Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador (ODJE) emitió un comunicado el 30 de octubre de 2020 en el que manifestaba su preocupación por dichas irregularidades. Según el observatorio, tanto en la primera como en la segunda semana se reportaron hechos que afectaron el desarrollo adecuado del proceso y que “tendían a favorecer la posición de la Fiscalía”.
El ODJ afirmó también que la audiencia se desarrolló de forma apresurada y en largas jornadas, y que hubo varias violaciones a la ley y los derechos de los involucrados en el caso. Como conclusión, el observatorio anunció que permanecerá vigilante a la decisión del tribunal de la Corte Nacional de Justicia conformado por los jueces Iván León, Javier de la Cadena y José Layedra.
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Jorge Glas está en prisión desde diciembre de 2017 cumpliendo una sentencia de seis años por un delito de asociación ilícita relacionado al caso Odebrecht. Además, fue sentenciado a ocho años de prisión por el delito de cohecho en el caso Sobornos— considerado como el mayor caso de corrupción del país. El cohecho es el delito que comete un servidor público al recibir o aceptar beneficios económicos para realizar alguna acción relativa a sus funciones.
El exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli también se encuentra cumpliendo una sentencia de seis años de prisión por el delito de asociación ilícita desde octubre de 2017.
