El Consejo Nacional Electoral (CNE) fijó poco más de 114 millones de dólares como el presupuesto para las elecciones de 2021. Además de ese dinero, se prevé designar más de 20.3 millones para la promoción electoral de las organizaciones políticas. 

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El CNE usará los 114 millones para las delegaciones provinciales encargadas de la votación, procesos de bioseguridad, entre otros gastos. Los 20 millones se distribuirán a las distintas organizaciones políticas que participen en el proceso. Los partidos y movimientos políticos tienen dos fuentes de financiamiento: el Fondo de Promoción Electoral y el Fondo Partidario Permanente. 

Fondo de promoción electoral

El de promoción electoral, según el artículo 202 del Código de la Democracia, sirve para garantizar la promoción electoral “de forma equitativa e igualitaria” y que “propicie el debate y la difusión de las propuestas” de las candidaturas. Según el Código, en las provincias con “importante población indígena” la propaganda electoral se difundirá también en idiomas propios de la zona. 

El Fondo de Promoción Electoral se activa durante las elecciones. Financia la propaganda en prensa escrita, radio, televisión, vallas publicitarias y medios digitales. La ley establece que las redes sociales no son consideradas medios digitales, por ende, no están cubiertas por el fondo. Eso significa que la publicidad que los candidatos decidan usar, por ejemplo, para promocionar una cuenta de Twitter o Facebook, no sería cubierta por ese fondo. Tendría que financiarla el propio candidato con alguno de los otros mecanismos que prevé la ley.

El Código de la Democracia dice que el presupuesto asignado a la promoción electoral no puede superar el 15% del máximo de gasto electoral, el monto tope fijado CNE para que cada candidato haga campaña, que es específico para cada dignidad. El límite es calculado tomando en cuenta el padrón electoral e incluye todos los aportes que el candidato reciba. Hay excepciones para el porcentaje del gasto electoral que deben respetar los candidatos al hacer promoción en medios.  Los binomios presidenciales, según la ley, no podrán superar el 12% del monto máximo asignado para la primera vuelta, es decir 627 mil dólares y el 40% del de la segunda vuelta que todavía no ha sido establecido. Los asambleístas del exterior no deben usar más del 45% del límite de gasto de su dignidad.

Las alianzas reciben un 20% adicional al monto asignado para promoción electoral por cada organización política del mismo nivel territorial que participe. Por ejemplo, CREO-PSC en lugar de poder gastar solo 627 mil dólares, recibiría un 20% adicional —un millón de dólares más— por participar con el binomio en alianza. Para las candidaturas de asambleístas, tanto nacionales como regionales, CREO y PSC, se presentan por separado, por lo tanto su fondo ya no cuenta, en esa ámbito, como una alianza. 

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El Consejo Nacional Electoral es el encargado de normar el gasto en medios de comunicación. Esteban Ron, exasesor del CNE, explica que el fondo de promoción es manejado por el Consejo. Ron explica que la entidad es la encargada de pagarle a los medios acreditados que fueron contratados por los partidos para su promoción una vez que se haya terminado la propaganda. 

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El dinero para la propaganda, no es el único ingreso de las organizaciones políticas durante la campaña electoral. El Código de la Democracia establece que las organizaciones políticas pueden recibir las cuotas obligatorias de sus afiliados y las voluntarias y personales que los candidatos aporten para sus campañas. El dinero entregado por los mismos candidatos no puede superar el 10% del máximo del gasto electoral para esa dignidad. Es decir, un candidato a la presidencia no podrá aportar más de 520 mil dólares a su propia campaña en 2021.

Además, reciben donaciones que, según la ley, deben ser lícitas y voluntarias. Otra de sus fuentes de ingresos son los que obtienen por las rentas de bienes o actividades promocionales. Las organizaciones deben declarar, registrar y justificar el origen de los recursos y bienes. Ese dinero no podrá exceder el límite del gasto electoral asignado por el CNE a cada tipo de candidatura. Para los binomios presidenciales, ese tope es de 5.2 millones de dólares y para asambleístas 3.929.745. 

Fondo partidario permanente

Más allá de la campaña electoral, el CNE asigna anualmente este fondo para financiar a cada una de las organizaciones políticas que cumplen con los requisitos para recibirlo. Ese dinero se entrega a los movimientos y partidos políticos para que hagan actividades de formación, publicaciones, capacitación e investigación. El Código de la Democracia establece que solo se lo entregará a quienes hayan presentado la documentación contable correspondiente a su último ejercicio económico y para quienes no tienen obligaciones pendientes con el Estado. Es decir que si una organización política no presentó un documento que respalde cada uno de los gastos que hizo con el fondo asignado en 2019, en 2020 no podría recibir el dinero que le corresponde. El dinero del fondo es entregado al CNE por el Ministerio de Economía y equivale al 0.3% x 1000 de los gastos de los recursos públicos permanentes del Presupuesto General del Estado. Eso significa que el fondo entregado en 2019 fue de aproximadamente 3,5 millones de dólares distribuido entre 7 organizaciones políticas nacionales.


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La cantidad que recibe cada movimiento es distinta, depende de varios factores. El 50% del fondo de 2019 —1.750.000— se divide en partes iguales a cada una de las organizaciones políticas que cumplan con los requisitos para acceder a este derecho. En 2019, se dividió entre siete organizaciones. Estas recibirán asignaciones cuando obtengan el 4% de los votos en dos elecciones consecutivas a nivel nacional, tengan 3 representantes en la Asamblea, el 8% de las alcaldías o un concejal en al menos el 10% de los cantones del país. 

El 35% —1.2 millones de dólares, en 2019— del fondo se distribuye en forma proporcional según el número de votos obtenidos por cada una en las últimas elecciones. Por ejemplo, la organización política que más votos tuvo en las seccionales de 2019 es la que más dinero recibiría en el fondo de 2020. Y el 15% restante —500 mil dólares— va para el Instituto de Investigación y Análisis Político Electoral cuyo funcionamiento estará a cargo del Consejo Nacional Electoral. Este instituto se encarga de “profundizar los principios democráticos”, según el CNE  

El dinero debe ser distribuido entre todas las actividades. El Código de la Democracia dice que las organizaciones políticas nacionales deben destinar al menos el 60% de los recursos recibidos para la formación, publicaciones, capacitación e investigación. Eso quiere decir que si una organización política recibió 587.110 mil dólares este año, al menos 352 mil se deben dedicar a esos rubros. El 20% de ese porcentaje, es decir 70 mil dólares,  debe destinarse a formación política de sus afiliados o adherentes. Enfocándose en grupos de atención prioritaria, mujeres y jóvenes. El propósito, dice la ley, es “promover la plena paridad de género, la erradicación de la violencia contra las mujeres y el fortalecimiento del liderazgo”. Además, se debe destinar máximo 30% —176 mil dólares, en el ejemplo— para el funcionamiento institucional. En ese rubro se incluyen alquileres, pago de servicios básicos y de sueldos para sus funcionarios.

Los partidos también tienen financiamiento privado para cumplir con sus actividades. La ley dice que al patrimonio de los partidos se pueden integrar las contribuciones de afiliados, los recursos obtenidos en actividades promovidas por ellos y las rentas obtenidas de inversiones, donaciones o legados. Sin embargo, están prohibidas las contribuciones anónimas y las contribuciones no pueden exceder las 200 canastas básicas familiares, tomando en cuenta el precio establecido en diciembre del año anterior. 143 mil dólares, en 2020. Las contribuciones privadas tampoco pueden ser más del 10% del presupuesto anual de la organización política. 

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Por ley, todos los ingresos deben ser registrados en la contabilidad de la organización y luego publicados en su página web o en la del CNE. Tampoco pueden recibir directa o indirectamente aportes de empresas estatales, que tengan contratos con el Estado o que sean extranjeras.