El cierre fronterizo en puertos y aeropuertos y la restricción a la movilidad aérea fueron dos de las primeras medidas adoptadas globalmente para combatir la pandemia de covid-19. En América, a partir de mediados de marzo del 2020, de manera generalizada, los países cerraron su espacio aéreo, permitiendo únicamente el ingreso de ciertos vuelos, como los humanitarios que traían a ciudadanos de retorno a sus países de origen. Pero esos no fueron los únicos que llegaron. Los vuelos del gobierno de Estados Unidos para deshacerse de migrantes indocumentados vía deportación, no han cesado durante la emergencia sanitaria global. Y no está claro cómo han sido y si han respetado las garantías de los ciudadanos.

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El informe de Witness at the Border del 11 de septiembre del 2020, dice que entre enero de 2020 y el 31 de agosto de 2020, 610 vuelos despegaron desde distintos aeropuertos estadounidenses para retornar forzadamente a migrantes indocumentados a sus países de origen. Los vuelos han ido a 16 países de América Latina y el Caribe y este es el top cinco de los destinos: Guatemala, Honduras, México, El Salvador y Ecuador. Juntos suman  el 88% del total de las deportaciones. 

Ecuador cerró su espacio aéreo el 14 de marzo de 2020 y lo abrió el 1 de junio. Pero según ese mismo informe, entre enero y agosto, 27 vuelos de deportación aterrizaron desde Estados Unidos, algunos haciendo una parada previa en El Salvador o en Honduras, antes de llegar a suelo ecuatoriano. Trece de estos aterrizaron antes de marzo, y catorce entre marzo y agosto, en plena pandemia. ¿Qué protocolos se siguieron para garantizar la salud de las personas deportadas?  Si acaso ninguna medida de prevención fue usada, se confirmaría entonces que la población migrante y deportada es hoy confinada no solo a la abierta desprotección estatal, sino a tornarse en población sacrificable pues precautelar sus vidas parecerían no ser relevante. 

El informe de Witness at the Border llama la atención sobre las condiciones en las que suceden estos vuelos de deportación. En una emergencia sanitaria como la actual, la movilidad incrementa el riesgo de contagio, más aún si no existe ninguna certeza de que se han seguido protocolos de salud pública y se hayan tomado las precauciones del caso como tomar la temperatura de los deportados o hacer pruebas PCR para confirmar su condición de salud. 

Por ejemplo, el 21 de agosto hubo un vuelo de deportación a Guatemala con 60 menores de edad no acompañados de los cuales 8 dieron positivo a la prueba de covid-19 cuando llegaron a  Guatemala. Entonces los vuelos de deportación son posibles vuelos de contagio que expanden el covid-19 desde EE.UU. a los países de origen de los migrantes indocumentados, mientras llevan pasajeros criminalizados y encadenados de pies y manos, tal como nuestro trabajo etnográfico lo ha confirmado. 

En contraste con este informe recientemente publicado, ni los medios de comunicación locales ni las autoridades responsables en Ecuador —en este caso el Viceministerio  de Movilidad Humana y el Ministerio de Salud— han dado mayor información pública al respecto de las condiciones en las que habrían llegado los migrantes deportados en esos 27 vuelos desde EE.UU., 14 de ellos desde marzo. 

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Esas vidas deportadas merecen la misma protección que el Estado ecuatoriano dice garantizar a todos sus ciudadanos. ¿Cuáles son los protocolos que se implementaron para procurar la cuarentena y la atención de salud de los deportados que han llegado, y seguirán llegando, en vuelos desde los EE.UU.? En el caso de que se hayan detectado casos de migrantes deportados con covid-19, ¿qué medidas especiales está implementando el Estado para evitar el contagio en las comunidades de origen y procurar la sanación de aquellos que se han contagiado? Si acaso ninguna medida o protocolo de atención para su salud se ha adoptado, el Estado ecuatoriano  —tanto como el estadounidense— estaría contribuyendo en la producción de vidas sacrificables, de vidas migrantes deportadas que al parecer no merecen cuidado estatal. 

Estados Unidos no ha dejado de ser el mayor destino migratorio: al 2017, alrededor de 738,000 ecuatorianos residen en ese país, cifra que no incluye el número de indocumentados que engrosan las filas de los centros de detención y de los vuelos de deportación. Los ecuatorianos deportados durante la pandemia muy posiblemente salieron hacia  Estados  Unidos en el marco de las crisis pasadas, sean las del nuevo milenio o incluso las de finales del siglo XX. Ecuador es un país con una historia migrante tan larga y tan compleja, que no podemos olvidar que la economía nacional se ha sostenido a flote a lo largo de los últimos 20 años en parte por el envío de remesas, mayoritariamente provenientes desde EE.UU. Muy posiblemente, muchos de esos deportados, también enviaron remesas a sus familiares que ahora se encuentran enfrentando una crisis económica y existencial. 

Desde hace más de seis décadas, la emigración ha sido la respuesta social que desde muchas localidades rurales y urbanas del país, los y las ecuatorianas han desplegado ante las diversas crisis socio-económicas. Recientes reportajes de prensa dan cuenta de que desde comunidades indígenas en la Sierra del país, la salida irregularizada a EE.UU. parecería multiplicarse en estos meses. Es probable que estas nuevas salidas produzcan nuevas deportaciones en los meses que vienen. ¿Qué medidas de contención emocional, social y económica están poniendo en práctica el Estado ecuatoriano de cara a dar una protección integral que dé sostén a esos connacionales que retornan después de un proceso así de violento como es la deportación? ¿Qué mecanismos sociales y estatales se han puesto en marcha para cuidar las vidas deportadas? 

En la coyuntura convergen crisis de diversa índole, y aparentemente emigrar vuelve a ser la estrategia de subsistencia. En un inédito contexto de pandemia y de redoblamiento del control migratorio en la región y particularmente en EE.UU., la sociedad civil debe exigir al Estado ecuatoriano que decididamente genere formas de protección social para la población que pueda estar en mayor riesgo: tanto los migrantes que ahora mismo salen por rutas irregularizadas como aquellos que han llegado y seguirán llegando en futuros vuelos de deportación. 

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Las vidas de los migrantes y las vidas de quienes han sido deportados exigen reconocimiento y sobre todo formas de cuidado, ahora más que nunca.