Los próximos 4 años en la ciencia y la tecnología
La pandemia que vivimos ha evidenciado muchas carencias en el país, entre ellas, la falta de inversión en ciencia y tecnología. Los científicos del mundo entero se han volcado a estudiar todos los aspectos del coronavirus. Ese conocimiento permitió el desarrollo de test de diagnóstico, fármacos y vacunas. Esto es un gran ejemplo de lo que es la investigación+desarrollo, conocida como I+D; la investigación genera conocimiento, y a partir de éste se desarrollan soluciones tecnológicas.
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En Ecuador la ciencia y la tecnología no han recibido el presupuesto, ni el apoyo suficientes, a pesar de que en el 2016 se aprobó el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, denominado “Ingenios”; con el objetivo de normar y promover la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en el país.
Si bien el anterior gobierno generó estrategias importantes para este sector, como becas internacionales para estudios de pregrado y posgrado, constitución de 12 institutos públicos de investigación y programas de financiamiento de la investigación —entre 2009 y 2014, se multiplicó en casi cinco veces, la cantidad de investigadores y becarios de doctorado, según datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo, INEC. Sin embargo estas iniciativas se ejecutaron de forma aislada, sin pensar en una estrategia para, por ejemplo, emplear posteriormente a todos esos nuevos científicos y científicas que se estaban formado ni se pensó en una estrategia para garantizar su continuidad. En consecuencia, hoy contamos con una gran generación de científicos y científicas que está desempleada, en empleos no acordes a su formación, o que siendo investigadores tienen muchas limitaciones para su labor.
Previo a las elecciones presidenciales y legislativas de 2021, la ciencia, la tecnología y la innovación deberían ser una de las prioridades de los planes de gobierno. La ciencia y el desarrollo tecnológico son pilares del crecimiento económico sostenible e inclusivo de un país. Para que esto sea posible, se requiere de la aplicación de políticas efectivas en algunas áreas clave.
Inversión en investigación+desarrollo, I+D
Mientras países asiáticos contribuyen cada vez más a la I+D, América Latina está rezagada, según el reporte mundial de innovación de 2019. Entre el 2012 y 2014, el 74,4% de la inversión en innovación en el Ecuador, fue de origen privado y, apenas el 5% de origen gubernamental.
A nivel mundial, la inversión promedio en I+D corresponde al 2% del Producto Interno Bruto, PIB; países de la región, como Brasil, destinan el 1,2% del PIB. En Ecuador, la inversión es mucho menor, en 2020 constituyó apenas el 0.47% del PIB. Eso significa que, el Ecuador está bastante rezagado, incluso para la región. Y que no se cumple con la inversión mínima en I+D, que debería ser del 0.55% del PIB, según el Código Ingenios.
El programa INÉDITA, una iniciativa conjunta entre la Secretaría Nacional de Educación, Ciencia y Tecnología, SENESCYT, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, tiene como objetivo financiar proyectos de investigación. Inédita, es actualmente el único programa gubernamental de financiamiento de investigaciones, con un presupuesto de 6 millones de dólares, que corresponde a apenas el 0.03% del PIB del 2019. Es decir, que la inversión estatal en investigación es casi nula. Es así que la investigación en algunas universidades se ha sostenido gracias a fondos extranjeros, como los de España, que han sustentado el 40% de la producción científica ecuatoriana en la última década.
Por todo esto, es fundamental que el próximo presidente priorice la inversión en programas de financiamiento de la investigación y del desarrollo tecnológico; garantizando al menos el 0.55% del PIB declarado en el Código Ingenios, y se comprometa a aumentarlo, paulatinamente, cada año.
Inversión en educación superior
La educación superior es el corazón de la investigación, por su función en la generación de conocimiento. Sin embargo, el presupuesto para la educación superior ha ido reduciéndose desde 2015. La Universidad Central del Ecuador señala que el Ministerio de Finanzas le adeuda 319 millones de dólares desde ese año. En 2019 se redujeron 90 millones del presupuesto dedicado a la educación superior, a inicios del 2020 se disminuyeron 37 millones y durante la pandemia se recortaron 98 millones de dólares adicionales al presupuesto para la educación superior.
Estos recortes han puesto en riesgo a varias universidades públicas. A la Escuela Politécnica Nacional, el último recorte presupuestario le restó el 5% de su presupuesto total, pero ya en el 2019 le recortaron otro 9%. A la Universidad de Cuenca le recortaron 5 millones 619 mil 090 dólares, afectando todos los procesos académicos y administrativos, según su rector.
Esta reducción presupuestaria tiene un impacto directo en la investigación, pues según la Ley Orgánica de Educación Superior, deben invertir el 6% de su presupuesto en esta actividad. Pero el panorama se complica aún más con la resolución del Consejo de Educación Superior por la emergencia sanitaria, que incrementa la carga de las horas de clase de los docentes, relegando su función como investigadores. Por lo tanto, la investigación se queda sin presupuesto estatal y sin investigadores.
Esta situación es palpable en indicadores de la producción científica y de la calidad de la educación superior, como las publicaciones. La tasa de crecimiento anual compuesta es un indicador que se suele utilizar para describir el crecimiento económico de los países; y también se usa para medir el crecimiento de las publicaciones científicas a lo largo del tiempo. Esta tasa de crecimiento en el año 2006 era de 0.049, un valor que se cuadruplicó en el 2016, llegando a ser de 0.2, lo cual evidencia un aumento considerable de las publicaciones científicas en esa década. A partir del 2016, la tasa de crecimiento de las publicaciones científicas disminuyó sustancialmente. En el año 2019 la tasa de crecimiento llegó a ser de 0.02, un valor incluso menor que el del 2006.
Los estudiantes cumplen un rol esencial en el desarrollo de ciencia y tecnología, pues son científicos en formación que participan en las investigaciones. Lamentablemente, los recortes repercutirán en el acceso de los y las jóvenes a la universidad. De cada cien jóvenes en Ecuador, apenas 40 se matricularon en la universidad en 2011. Esa cifra cayó en seis años: en 2017, solo 27 de cada cien jóvenes se matricularon en la universidad. Muy probablemente ese porcentaje se reduzca aún más en 2020 como consecuencia de los recortes, y la actividad científica decaerá paralelamente.
Por lo tanto, la inversión en educación superior es una demanda social y ética urgente para el nuevo gobierno que deberá mejorar el acceso a las universidades, su infraestructura, recursos tecnológicos, deberá retomar con fuerza los programas de becas nacionales e internacionales, incrementar el número de docentes e investigadores, haciendo cumplir el escalafón que garantiza su estabilidad y promoción.
Una estrategia que propicia el avance científico es la implementación de programas de posgrado, debido a que aumenta el número de investigadores y su producción científica, actividad esencial de estos programas. Ahora, en nuestro país, la oferta de posgrados se limita a áreas alejadas de las ciencias como administración negocios, jurisprudencia y ciencias sociales; pero debe ampliarse a las áreas de investigación y desarrollo como ciencias e ingenierías.
Fortalecimiento de los Institutos Públicos de Investigación
Ecuador cuenta con 12 Institutos Públicos de Investigación, IPIs, dirigidos a la salud pública; biodiversidad; investigación agropecuaria; pesca; geología, minería y metalurgia; eficiencia energética y energía renovable; oceanografía; estudio del espacio; estudio polar antártico; cartográfico y geografía; meteorología e hidrología; estadísticas y censos; y patrimonio cultural. Según el Código Ingenios, estos institutos tienen como objetivo planificar, promover, coordinar, ejecutar e impulsar la investigación científica, la innovación, y la transferencia de tecnologías.
Los IPIs contribuyen a la investigación en el país. Algunos de ellos, hace ya varias décadas, como el Instituto Nacional de Ingeniería Agropecuaria (INIAP), fundado en 1959, que, entre otras cosas, genera investigaciones para desarrollar nuevas variedades de cultivos esenciales, y difunde estas tecnologías con los productores del sector agropecuario. Otro ejemplo es el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI), antes Instituto de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez”, fundado en 1941, que ofrece servicios de diagnóstico, incluido el de COVID-19, y genera proyectos de investigación en enfermedades infecciosas y no transmisibles. Sin embargo, ambos institutos tienen limitaciones en su infraestructura y presupuesto. Es una obligación del gobernante entrante fortalecer a estos institutos, invertir en el talento humano, cumpliendo con el escalafón del investigador, creado para garantizar la estabilidad, escalas remunerativas, capacitación, promoción, estímulos, cesación y jubilación de los investigadores en el país. Se debe incrementar el financiamiento de proyectos de investigación y fomentar la articulación de estos institutos con las universidades para generar proyectos macro, interdisciplinarios y colaborativos.
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Implementación de procesos regulatorios específicos para actividades de investigación
Según el Código Ingenios, la investigación en el país se rige por la SENESCYT, apoyada de los ministerios que correspondan, dependiendo del área de estudio. La regulación de la actividad científica garantiza el respeto a los principios bioéticos, a la sabiduría ancestral, a la biodiversidad, a la equidad y al bien común. El problema es que los procesos regulatorios son burocráticos y lentos, y eso perjudica la ejecución de la investigación. Por ejemplo, las investigaciones en salud que requieren muestras biológicas deben ser autorizadas por un Comité de Ética para la Investigación en Seres Humanos, avalado por el Ministerio de Salud Pública, y posteriormente debe ser aprobado también por el MSP, ambos procesos pueden llegar a tardar varios meses. El nuevo gobierno debe implementar procesos ágiles para que la regulación se cumpla, sin que se convierta en un obstáculo para el quehacer científico.
Por otro lado, el Código Ingenios hace referencia al establecimiento de procesos especiales y expeditos para la importación de equipos e insumos con fines de investigación. En la práctica no se han implementado estos procesos, que además deberían incluir reducción de aranceles, puesto que el costo de equipos e insumos para la investigación en el país, llega a ser hasta 10 veces mayor que en otros países. Es urgente que se desarrollen reglamentos que materialicen lo declarado en el código ingenios, para facilitar la importación de insumos y equipos de investigación.
Incluir a la comunidad científica en la toma de decisiones
La UNESCO recomienda promover estructuras y mecanismos de gobernanza científica, como consejos o comités científicos parlamentarios. Este nexo favorece la generación de políticas que fomenten el quehacer científico, y a su vez compromete a la labor científica con la producción de evidencia para la formulación de políticas públicas que resuelvan las necesidades de la población.
Es importante que el próximo gobierno incluya a la comunidad científica en los planes, proyectos y procesos de decisión sobre la ciencia. La presencia de representantes de esta comunidad permite un mayor conocimiento de la realidad que, como científicos, vivimos en los distintos ámbitos de nuestra práctica. Si el gobierno toma decisiones desconociendo la experiencia que se vive al ejercer la ciencia, estas pueden estar desconectadas de la realidad y resultar poco aterrizadas, poco útiles o incluso, pueden entorpecer el trabajo de la ciencia hacia la comunidad.
Implementación de políticas que fortalezcan la equidad de género en la investigación e innovación
La brecha de género en la academia, en Ecuador, se observa en datos como estos: el 75% de los estudiantes en carreras de ingenierías son varones; y en las carreras de salud y servicios el 67% son mujeres. En cuanto a los docentes, el 61% son hombres, y el 39% son mujeres, lo cual tiene impacto también en las publicaciones científicas con autoría predominantemente masculina. Pese a la evidente brecha de género en la ciencia, el Estado ecuatoriano no ha implementado ninguna política tendiente a eliminarla, ni en el Código Ingenios. La labor de promover la equidad de género en la ciencia ha surgido de iniciativas independientes como la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas.
Las políticas que favorezcan la equidad de género en la academia, son una demanda que deberá ser atendida por el nuevo gobierno, para incentivar la participación de las niñas y mujeres en la ciencia. Las políticas deberán ser generadas mediante procesos participativos en donde la contribución de las mujeres científicas es fundamental.
El nuevo gobierno debe entender que la inversión en educación superior, ciencia y tecnología no es un gasto, sino un camino al desarrollo económico sostenible, urgente en un planeta que ha sido devastado por la economía basada en su destrucción.
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La investigación es un proceso que debe ser inclusivo, que genera conocimiento para su uso social. Los beneficios de la ciencia no deben ser valorados solamente en términos económicos, sino también en principios sociales de equidad y calidad de vida.
El Código Ingenios es un documento con contenido muy valioso, construido de forma participativa; que le apuesta a la economía social del conocimiento, al reconocimiento y valorización de los saberes ancestrales, al desarrollo colaborativo de la ciencia y la tecnología, garantizando un acceso colectivo a los beneficios de ese progreso. Si bien la discusión sobre este sector debe ser ampliada y actualizada, se debe reconocer la valía de las leyes vigentes, que simplemente no son aplicadas.
