Paola Pabón deberá presentarse tres días a la semana en la fiscalía. El presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vladimir Jhayya Flor, resolvió aumentar el número de días en los que, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, tendrá que presentarse en la fiscalía mientras duren las investigaciones en su contra por el presunto delito de rebelión. La resolución se anunció en la audiencia instalada –de forma virtual y reservada– este 7 de septiembre de 2020.
La abogada y política ibarreña deberá presentarse cada lunes, miércoles y viernes en las oficinas de la fiscalía “con el objetivo de asegurar su presencia en la audiencia de juzgamiento” según dice en un boletín de prensa emitido por la Fiscalía General del Estado.
Esta resolución se dio en respuesta a la solicitud de revisión a las medidas cautelares de Pabón enviada por el Fiscal de Pichincha, Alberto Santillán, a la Corte Provincial de Pichincha. Santillán hizo esa solicitud luego que la Policía Nacional alertó que Pabón estaba teniendo un acercamiento con la embajada de México, con la intención de obtener asilo político. Tanto Pabón como la Embajada de México lo negaron. Pabón escribió en su cuenta de Twitter “No he pedido asilo político, soy la prefecta; no voy a ir a ningún lado, estaré trabajando como hoy hasta el 2023”.
Pabón es acusada por ser supuestamente autora mediata del delito de rebelión en las protestas de octubre de 2019 en contra de las medidas económicas impuestas por el gobierno de Lenín Moreno entre esas la eliminación del subsidio a los combustibles. En los 11 días que duraron las protestas fallecieron diez personas y 1340 heridos según la Defensoría del Pueblo. Esta relación con el paro nacional se le imputan junto a Virgilio Hernández exasambleísta y Cristian Gonzales asesor político. Los implicados estuvieron en prisión preventiva hasta diciembre de 2019. La Jueza Patlova Guerra ordenó que salgan de prisión y dictó medidas como el uso de grillete electrónico y la prohibición de salida del país.
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El 27 de agosto de 2020, Pabón, Hernández y González fueron llamados a juicio por la Corte de Pichincha después de que fiscalía provincial presentará 140 pruebas testimoniales y 43 documentales. El artículo 336 del Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano establece que, de ser hallada culpable, Pabón podría enfrentarse a una pena privativa de libertad de 7 a 10 años.
