Dos procesados por el asesinato de los periodistas de El Comercio —en marzo de 2018— quedaron en libertad. Gustavo Alonso Ospina, alias Barbas, y Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry, salieron de la cárcel en junio y agosto de 2020, respectivamente, por el vencimiento de los términos legales para iniciar la etapa de juicio, según el proceso penal en Colombia.
El vencimiento de términos es una política penal colombiana que permite la libertad de los procesados cuando se cumplen los plazos establecidos en su legislación. Usualmente, son una consecuencia de la congestión en la justicia por la falta de suficientes jueces, fiscales o defensores.
Ospina y Angulo no son los únicos liberados. Según la Procuraduría General de la Nación de Colombia, desde mayo más de cien personas privadas de la libertad han quedado libres por vencimiento de términos. En un comunicado, la Procuraduría dijo que la liberación se debe a la congestión del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tumaco, en Nariño —departamento colombiano que limita con Ecuador—, el único que maneja procesos contra personas privadas de la libertad.
Hasta agosto de 2020, dice la Procuraduría, el juzgado hizo 154 audiencias por vencimiento de términos. En un 70% de los casos se concedió libertad a los procesados. La mayoría eran acusados de homicidios, tráfico de estupefacientes, secuestro y agresiones sexuales.
Normalmente la Fiscalía General de la Nación de Colombia tiene un plazo de dos años para formular la imputación —en la que se informa al procesado de los cargos en su contra y se formaliza la investigación— ante un juez y empezar la etapa de juicio. En 2018 se publicó la Ley 1908 que aumenta la duración de las medidas de aseguramiento —como la prisión preventiva— y el plazo que tiene el Estado para llevar a juicio a una persona procesada sin que quede libre por vencimiento de términos. Según esa ley, el plazo para llevar a juicio a un acusado se puede extender hasta 4 años cuando se trata de Grupos Armados Organizados.
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Para que el Frente Oliver Sinisterra —el grupo al que presuntamente pertenecían los procesados— sea calificado como un Grupo Armado Organizado debe existir la certificación del Consejo de Seguridad Nacional. Sin embargo, el juez encargado del caso dijo que la Fiscalía no cumplió con ese requisito, el plazo no se extendió y el término venció sin que los procesados sean llevados a juicio.
Después de la imputación, se debe hacer una audiencia de formulación de acusación. La primera etapa de la fase de juicio en la que la Fiscalía expone los hechos por los que el acusado debe ser llevado a juicio ante un juez. Entre la imputación y la acusación deben pasar máximo 90 días. La siguiente etapa es la audiencia preparatoria en la que ambas partes presentan las pruebas que incluirían en el juicio y el juez decide una fecha para la audiencia de juicio oral en que se emite el fallo. Según el Código de Procedimiento Penal, se debe hacer máximo 45 días después de la formulación de la acusación.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) dice que por la “falta de celeridad en el juicio” contra Ospina y Angulo en dos años no se han adelantado nuevas vinculaciones a la investigación. Tampoco se inició la etapa de juicio contra los procesados y, por ende, “comenzó el vencimiento de los términos procesales” que no se han podido hacer. Eso permitió que durante la audiencia por vencimiento de términos de Ospina y Angulo el juez ordene su libertad.
Los dos procesados fueron detenidos en julio de 2018 por estar presuntamente involucrados en delitos de “secuestro extorsivo y concierto para delinquir con fines de homicidio”, según la Fiscalía. Los dos son presuntos integrantes del frente Oliver Sinisterra, un grupo de aproximadamente 300 personas disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El frente secuestró y asesinó a tres miembros del equipo periodístico de El Comercio.
Los periodistas Javier Ortega y Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra fueron secuestrados el 26 de marzo en Mataje, en Esmeraldas, en la frontera con Colombia. El 13 de abril se confirmó que fueron asesinados y sus cuerpos se encontraron después en una zona rural de Tumaco. Según la Fiscalía, Ospina fue el encargado de hacer los videos de supervivencia de los tres ecuatorianos y Angulo era parte del equipo de seguridad de alias Guacho, antiguo líder del frente Oliver Sinisterra.
Además del asesinato de los periodistas, en julio de 2018 la Fiscalía atribuyó al grupo la muerte de 3 funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI) que fueron asesinados el 11 de julio de ese año. Desde el 26 de julio de 2018, se dictó prisión preventiva para los dos procesados. Con el vencimiento del término esa medida fue levantada.
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La Procuraduría colombiana dijo que hizo pública su preocupación porque las audiencias se programan hasta en un plazo de siete meses. Esto, según la institución, desconoce “los principios de celeridad y oportunidad con los que se deben atender los procesos penales”. Además, dijo que aunque los procesados gozan de la presunción de inocencia, la liberación por vencimiento de términos “lesionan indiscutiblemente los derechos de las víctimas, quienes reclaman una justicia pronta y oportuna”. Ante la situación del juzgado de Tumaco, la Procuraduría hizo un llamado para que se nombre al menos un juez más para agilizar los procesos de esta jurisdicción.
