Después de que el expresidente Abdalá Bucaram fue tenido la mañana del 12 de agosto de 2020 empezaron a circular en redes sociales y varios medios de comunicación imágenes no públicas del allanamiento realizado en la viviendo de Bucaram. Tras la difusión de estos videos, la Ministra de Gobierno, María Paula Romo se pronunció a través de en su cuenta de Twitter. La Ministra Romo solicitó “evitar la exposición innecesaria y garantizar que el trabajo de la Policía se enmarque en el estricto apego a la ley y no a la espectacularidad”. 

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Romo envió una carta al Comandante General de la Policía del Ecuador, Patricio Carrillo, y al medio de comunicación Teleamazonas, que difundió las imágenes del allanamiento a la casa de Bucaram. En la carta a Carillo, la Ministra dice que si algún miembro de la Policía Nacional “permitió la toma de estas imágenes o el ingreso de cámaras ajenas a las instituciones estatales, solicito se haga un fuerte llamado de atención y se advierta que una actuación así no debe repetirse”. Mientras que en la carta dirigida al Gerente General de Teleamazonas, Sebastián Corral, Romo expresó su preocupación por la transmisión de “imágenes de la intimidad del detenido”. Además dijo que la Policía Nacional actúa “en marco del profesionalismo y seriedad que su función ordena, al margen de cualquier exposición mediática”

Además de la Ministra de Gobierno, la Fiscalía General del Estado también se pronunció por el uso de videos íntimos de Bucaram. A través de su cuenta de Twitter, dijo que un camarógrafo de una estación de televisión “habría entrado por la puerta posterior al inmueble y accedido al dormitorio del ahora detenido antes del ingreso de la Fiscalía”. Al percatarse de que no era parte del elemento policial, un miembro de la Fiscalía le habría exigido que se retirara, según el comunicado

Según la Fiscalía, se ha solicitado explicaciones a las autoridades porque “este tipo de procedimientos están a cargo de la Policía Nacional”. De acuerdo al comunicado, se iniciarán investigaciones para determinar responsabilidades sobre lo ocurrido.

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El expresidente Abdalá Bucaram es investigado por el presunto delito de delincuencia organizada. Según el artículo 369 Código Orgánico Integral Penal (COIP)  la pena para este delito es de siete a diez años de prisión. Para “los demás colaboradores” será una pena de cinco a siete años.