Durante la sesión número 42 del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el 22 de julio de 2020, cinco consejeros exigieron la renuncia del Presidente de la institución, Christian Cruz. El argumento que usaron fue que Cruz usó su carné de discapacidad para beneficiarse ilegítimamente de la reducción de pago de impuestos a la que tienen derecho, por ley, las personas con discapacidad. 

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Los consejeros David Rosero, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Juan Javier Dávalos y Sofía Almeida votaron a favor de exigir la renuncia de Christian Cruz Larrea, quien es presidente del CPCCS desde agosto de 2019. 

Cruz cuestionó la acción y cerró la sesión. Cruz habría suspendido una primera sesión el 15 de julio pasado  en la que también se exigía su renuncia. Sin embargo, la consejera Estupiñán anunció en su cuenta de Twitter que “legalmente y oficialmente” Sofía Almeida es la nueva presidenta del consejo. 

En medio de las polémicas por la emisión irregular de carnés de discapacidad, el 2 de julio se supo que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Christian Cruz, también tiene uno. Según el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, el carné de Cruz certifica que tiene 81% de grado de discapacidad visual y auditiva desde el 2009 y por ende una exoneración tributaria del 80%. 

En su campaña para llegar al CPCCS, Cruz se presentaba como un experto practicante de artes marciales y mostraba fotos donde hacía complejos movimientos deportivos. En el Ecuador, el porcentaje de discapacidad superior al 75 por ciento significa que una persona tiene una discapacidad que imposibilita la realización de las actividades cotidianas, y requiere del apoyo o cuidados de una tercera persona.

Mediante un comunicado, Cruz aseguró que el Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis) —encargado de entregar el carné en esa época— determinó que tenía 81% de discapacidad debido a un golpe en la cabeza que sufrió durante un entrenamiento físico de artes marciales en la Universidad Central del Ecuador. El comunicado tenía adjunto imágenes de su carné. Sin embargo, en un boletín, la Vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana junto a las consejeras Sofía Almeida, María Fernanda Rivadeneria  e Ibeth Estupiñán exigieron a Cruz que presente además el informe médico que certifique su discapacidad. 

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Christian Cruz emitió un pronunciamiento oficial el 8 de julio en el que señaló que a pesar de tener el derecho como persona con discapacidad, nunca ha importado un bien o un vehículo utilizando su carné. Dijo además que se reserva el derecho de iniciar acciones legales contra quienes difundieron esta “información falsa” que lo desprestigia y vulnera la credibilidad de quienes viven con diversas formas de discapacidad. 

Durante una sesión que fue suspendida el 15 de julio, la consejera María Fernanda Rivadeneira habría presentado documentos del SRI que prueban que Cruz sí hizo uso de beneficios tributarios a través de su carné de discapacidad. Según Rivadeneira, el campeón de artes marciales tuvo una rebaja especial del impuesto ambiental a la contaminación vehicular y del impuesto anual de la propiedad de un vehículo. 

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Hasta las 8 de la mañana del 23 de julio, Christian Cruz no se ha pronunciado sobre el pedido de renuncia exigido por el pleno del CPCCS.