La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, confirmó que el calendario electoral de 2021 no ha sido modificado y que se seguirá ejecutando según lo planificado. Lo anunció en una reunión virtual de la Comisión de de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, el 29 de junio.

La fecha de las elecciones fue definida el 10 de febrero de 2020 en una reunión entre los consejeros del CNE y los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). La primera vuelta electoral se hará el 7 de febrero y “de existir una segunda vuelta” será el 11 de abril de 2021. Además, el CNE aseguró, en un boletín, que se siguen preparando para que las elecciones del próximo año sean “limpias y transparentes”.

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En el boletín, el Consejo dijo que la decisión de no modificar el calendario se debe a que el 25 de junio, el TCE le notificó que el cambio de fechas no era posible porque “atenta contra los plazos y términos establecidos en el Código de la Democracia para que las organizaciones políticas y los propios candidatos puedan ejercer sus derechos”. El cambio de fechas, según los organismos electorales, modificaría al menos 53 actividades del calendario electoral. 

A principios de junio, algunos partidos y movimientos políticos —el Partido Social Cristiano, Alianza PAÍS, Juntos Podemos, Avanza, Ruptura 25 y Libertad Es Pueblo — presentaron un pedido para cambiar las fechas del calendario electoral. La solicitud, dijeron, era porque la pandemia del covid-19 alteró los procesos internos de las organizaciones. El TCE dijo que la decisión de modificar las fechas podría ser causal de nulidad de las elecciones.

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Durante la reunión virtual del 29 de junio la presidenta del CNE también se pronunció sobre las especulaciones de su renuncia al cargo. Según el boletín de prensa de la institución, Atamaint dijo que sus actuaciones al frente del CNE no deben “ser juzgadas a través de redes sociales” o “caricaturas de medios de comunicación”, sino por las autoridades competentes con las que “siempre estará dispuesta a colaborar”. 

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Sus declaraciones se dieron después de que la asambleísta Silvia Vera pidió su dimisión por el presunto financiamiento de empresas públicas a la campaña electoral de Alianza PAÍS a favor del SÍ en el referéndum constitucional y consulta popular  de 2018.