El miércoles 17 de junio de 2020, la  jueza Delicia de los Ángeles Garcés de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Quito aceptó parcialmente la demanda interpuesta por la nacionalidad amazónica Waorani. 

 En la audiencia —que se reinstaló hoy después de que empezara el viernes 5 de junio— los waorani insistieron en su pedido de medidas cautelares en contra del Estado ecuatoriano. El motivo que fundamenta su demanda es la falta de atención prioritaria y de respuesta inmediata por parte de las autoridades gubernamentales en la propagación del covid-19 en las comunidades wao. 

La resolución a favor de la nacionalidad, asentada principalmente en el noroccidente amazónico ecuatoriano, llega casi un mes después de haber solicitado las medidas cautelares. Según el comunicado de la nacionalidad, “las autoridades no lograron demostrar que protegen del covid-19 a Nacionalidad Waorani y a Pueblos en Aislamiento Voluntario”. 

Tras la decisión de la jueza Delicia de los Ángeles Garcés, el presidente de la nacionalidad, Gilberto Nenquimo, dijo que “el pueblo Waorani y nuestros hermanos y hermanas Tagaeri y Taromenane se enfrentan a graves riesgos por la expansión del virus en la Amazonía”. Enfatizó además que “la respuesta del gobierno no se ha basado en una buena coordinación con nuestra dirigencia”. 

A pesar de su alegría por la resolución, Nenquimo se pronunció frente a la muerte de su compañero y dirigente  waorani, Timpo Alejandro Omehuay, quien falleció por complicaciones relacionadas a la enfermedad causada por el coronavirus. “Esto nos parte el corazón y demuestra el grave riesgo que enfrentamos como pueblo Waorani”, agregó el líder wao. 

Entre los aspectos que se deben cumplir obligatoriamente tras el fallo está que el Ministerio de Salud realice una búsqueda de las personas con sintomatología relacionada al covid-19 en el pueblo wao. Además, el Estado deberá determinar la presencia del virus en todas las comunidades waorani, e identificar las diferentes necesidades de salud y subsistencia básica que tengan. 

“El Ministerio de Salud debe dotar a los Centros y Subcentros de Salud de personal médico, equipos médicos e insumos suficientes para atender la emergencia sanitaria”, dijo la nacionalidad Waorani, que aclaró que las acciones deben cumplirse en el plazo de ocho días. También, en coordinación con las autoridades de las comunidades, el Ministerio de Salud está obligado a concienciar sobre derechos y obligaciones en salud y vulnerabilidad en la pandemia en el territorio waorani. 

En la audiencia, también se habló sobre la explotación petrolera, que no ha cesado desde que comenzó el estado de emergencia por el covid-19. Sin embargo, en la sentencia no se dio paso a la suspensión de las actividades extractivas. Con respecto al pedido de los Waorani de que las entidades informen a las comunidades sobre la situación de las actividades extractivas en  su territorio, se resolvió que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua presente informes de las acciones de vigilancia realizadas durante la emergencia sanitaria. La Defensoría del Pueblo dará seguimiento al cumplimiento de estas medidas cautelares. 

“Esto quiere decir que al Estado le importa más sacar petróleo de nuestro territorio, que nuestras propias vidas”, dijo Nemonte Nenquimo, presidenta de la Organización Waorani de Pastaza. La reconocida lideresa insistió en que, aunque esta sea una victoria, hay mucho más que hacer para proteger a sus pueblos.