El 12 de junio de 2020, Caminantes, espacio de articulación antiminera del Ecuador, presentó en una transmisión por Facebook el informe global Despojo Minero y covid-19.
Los representantes de la organización hablaron sobre cómo las empresas mineras se han beneficiado en la pandemia, cómo continúan con sus operaciones durante la emergencia, y qué han hecho para, en su opinión, limpiar su imagen.
Durante la presentación, Inty Arcos, representante de la bioregión del Chocó Andino, ubicada en la provincia de Pichincha, dijo que desde que comenzó la emergencia sanitaria, la presión de las empresas mineras a las comunidades no ha parado. “En el territorio tenemos 43 concesiones de diferentes compañías que quieren explotar oro, cobre y ahora nos enteramos que también plutonio”. Además, dijo que las mineras están asentadas en el núcleo de la reserva de la biosfera, lo que pone en riesgo la biodiversidad, al agua y al sustento alimenticio de 64 comunidades y 6 cabeceras parroquiales.
La parroquia quiteña de Pacto está en la zona en donde se han registrado operaciones mineras. “El 16 de marzo las empresas intentaron entrar a esta parroquia en la noche y los vecinos pudieron impedirlo”, dijo Arcos. El representante del Chocó Andino también habló sobre otro incidente parecido y más reciente. “El 4 de junio, nuevamente con el apoyo de los vecinos y de las autoridades parroquiales, lograron interceptar dos volquetas con material aurífero que pretendía salir de la parroquia con destino incierto”, dijo
La parroquia de Pacto no es la única donde hay actividad minera durante el confinamiento. Se ha registrado actividad minera en las parroquia de Larama, en Loja, y en la de Buenos Aires, en Imbabura, según sus pobladores. En la provincia de Napo, una empresa sigue trabajando normalmente, de acuerdo a los reclamos que hicieron las organizaciones indígenas en abril de 2020.
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El caso del pueblo indígena Shuar Arutam es uno de los casos más preocupantes. Los Shuar Arutam exigieron la expulsión de las mineras de sus territorios por temor al contagio del covid-19. Ivonne Ramos, representante de Acción Ecológica, dijo que “muchas comunidades que están expuestas en lugares donde se realizan exploraciones mineras, han registrado casos de gente enferma y que no hay la presencia del Ministerio de Salud ahí”.
Según con Ramos, el Ministerio de Energía, Recursos Renovables y No Renovables anunció a finales de marzo que las actividades y los trabajadores se mantendrían en la zona. “Esto llama la atención porque se se exponen a las comunidades y a las personas que trabajan para estas empresas”, dijo. El Decreto Ejecutivo 1017 emitido el 16 de marzo de 2020, dice que las actividades relacionadas a los sectores estratégicos podían seguir funcionando durante la emergencia sanitaria y el aislamiento obligatorio para prevenir el contagio del covid-19.
Ángel Flores, representante de la parroquia de Cuellaje, en Intag, provincia de Imbabura, dijo que las empresas mineras pretenden continuar con sus operaciones en su territorio. “Duele pensar cómo se va negociando este suelo tan bondadoso que nosotros tenemos”, dijo Flores. El 27 de abril de 2020 enviaron un documento al presidente Lenín Moreno, “en donde expresamos nuestro sentir sobre la decisión de aprovecharse a diestra y siniestra nuestros suelos, sin tomar en cuenta la opinión de la gente de este territorio”, dijo Flores.
Flores dijo que un mes después recibieron una respuesta. “Nos dijeron que esto no nos compete, que es competencia del Estado y que pueden hacer lo que sea con nuestro territorio”.
Según Flores, su pueblo ha iniciado alternativas para activar su economía sin ceder a la minería. Comenzaron a sembrar más alimentos que antes de la pandemia y desarrollan un proyecto de crianza de pollos de campo para que el pueblo “no dependa de las grandes industrias” y que la gente se mantenga activa.
Kirsten Francescone, representante de la organización MiningWatch Canada, presentó el informe global Cómo la industria minera se está beneficiando con la pandemia covid-19. Francescone habló de varios casos en el mundo donde las mineras continuaron sus operaciones a pesar de que conocían que habían brotes de covid-19 en sus minas. “Nosotros denunciamos que las empresas mineras no están pensando en la salud de sus trabajadores y de las comunidades”, dijo.
Según Kirsten Francescone, muchas de las personas que están alrededor de las minas y sus empleados ya tenían problemas respiratorios antes de que inicie la pandemia. Francescone también dijo que algunas de las mineras estaban aprovechando la emergencia sanitaria para limpiar su imagen. “Newcrast Mining donó millones para la investigación de vacunas y un fondo de apoyo comunitario”, dijo, sin especificar una cantidad exacta. Pero esa empresa, dijo, ha sido “acusada de afectar gravemente la salud y el bienestar de las comunidades de Ecuador, Costa de Marfil y Papua Nueva Guinea”.