La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea anunció que empezará acciones para enjuiciar políticamente a Richard Martínez, Ministro de Finanzas del gobierno de Lenín Moreno. Fue una decisión unánime de los 12 asambleístas que la conforman “por los recortes presupuestarios a la educación general y superior”, según la cuenta de Twitter de la Comisión.
El presidente de la Comisión, Jimmy Candell, anunció la decisión después que el ministro Martínez no compareciera ante la comisión. Los asambleístas esperaban que explique las motivaciones “constitucionales y legales” del recorte de 98 millones al presupuesto de las universidades públicas. “Las decisiones arbitrarias, caprichosas y tomadas al margen de la Constitución y la Ley no tienen cabida en un Estado de derecho”, dijo Candell.
Los asambleístas dicen que Martínez incumplió el artículo 165 de la Constitución que ordena que durante el estado de excepción no se usen fondos públicos de salud y educación para otros fines. Candell dijo que Martínez también incumplió el artículo 355 de la Constitución, que reconoce la autonomía financiera de las universidades y escuelas politécnicas y que el Ejecutivo no puede privarlas “de sus rentas o asignaciones o retardar las transferencias”. Según Candell, el Ministerio de Finanzas “ha tomado decisiones que contravienen de forma grosera lo dispuesto en el artículo 165 de la Constitución”. Por eso, la Comisión decidió empezar todas las consultas necesarias para “encauzar el juicio político contra Richard Martínez por el incumplimiento de sus funciones”.
| Si quieres recibir los textos de GK en tu correo, regístrate aquí. |
Actualmente, reciben presupuesto estatal 26 universidades públicas, tres universidades de posgrado y ocho particulares que son cofinanciadas. En estas últimas, el presupuesto va a las becas para estudiantes que pertenecen a grupos “históricamente excluidos”. En un comunicado del 5 de mayo, la Comisión legislativa dice que el recorte tendrá graves consecuencias en el sistema de educación superior: se cerrarán carreras, los nuevos bachilleres no podrán ingresar y “sobre todo la imposibilidad de garantizar la calidad de la educación superior”, dice el boletín.
Durante la sesión 40 de la Comisión de Educación, Candell se dirigió directamente al ministro Martínez porque “seguramente está escuchando”. Le recordó que él, al ser Ministro, tiene la confianza del presidente Lenín Moreno que lo designó como tal. Pero los asambleístas, dijo, gozan de la confianza de los electores y representan “ la voluntad popular expresada en las urnas, al pueblo del Ecuador”.
|Para saber las últimas actualizaciones del Covid-19 en Ecuador, haz clic aquí|
Para dar paso al pedido de juicio político, los miembros del Consejo de la Administración Legislativa, el CAL, deben revisar que se cumplan los requisitos de forma. Se necesita los votos de la mayoría del CAL — cuatro de siete — para que el trámite se apruebe. Si es así, pasará a la Comisión de Fiscalización, en donde se presentarán pruebas de cargo y donde el enjuiciado podrá presentar sus pruebas de descargo en máximo quince días. La Comisión de Fiscalización deberá emitir un informe en máximo diez días. Si es favorable, el juicio pasa al pleno de la Asamblea. Allí se necesita la votación de 92 asambleístas — dos tercios del total— para aprobar el juicio y destituir al funcionario.
