Desde el 20 de abril, la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional se ha reunido través de videollamadas con analistas económicos y funcionarios del gobierno para escuchar sus opiniones y analizar a profundidad todas las propuestas del proyecto de ley presentado por el gobierno. El primero en hacerlo fue el ministro de Finanzas, Richard Martínez. “En esencia recoge las sugerencias emitidas por la Comisión de Régimen Económico”, dijo Martínez, en referencia al fallido proyecto de Ley de Crecimiento Económico que fue presentado y archivado en octubre de 2019.
La propuesta, explicó Martínez, está sobre tres ejes. La sostenibilidad fiscal para garantizar la articulación entre planificación y disponibilidad de recursos, la previsibilidad en ingresos y gastos con presupuestos institucionales más cercanos a la realidad, y la transparencia, enfocada en el libre acceso a la ciudadanía sobre información de manejo de recursos públicos.
El ministro Martínez dijo que el envío de esta ley “es un mensaje para la comunidad internacional de que Ecuador sigue una ruta clara que le permitirá sanear su economía”. Con el proyecto de ley se espera modular el gasto, según Martínez. Dijo que el gobierno “no hará uso discrecional” de los recursos de la seguridad social y que no se restringirán los ingresos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados —es decir, municipios, prefecturas y otros gobiernos locales.
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Verónica Artola, gerente del Banco Central del Ecuador (BCE), se reunió con la Comisión el 21 de abril. Dijo que las reformas del proyecto de Ley de Ordenamiento de Finanzas Públicas “no son suficientes” para fortalecer la dolarización. Artola explicó que se necesita “blindar al BCE” a través del Código Monetario y Financiero. Además, dijo que hay que limitar la salida de divisas del país para fomentar el consumo interno y evitar el debilitamiento de las reservas internacionales.
Artola pidió que se revise el artículo 2 de las reformas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que pretende ubicar al Banco Central en la categoría de banca pública lo que, a su criterio, afectaría su accionar. Según la gerenta del BCE, la institución es la “custodia de la dolarización y mantiene la liquidez de la economía ecuatoriana”, pero no hace intermediación financiera, por lo que no debe estar en esa categoría.
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La Comisión de Régimen Económico también se reunió con Nathalie Cely, representante del Centro de Competitividad e Innovación. Cely dijo que el proyecto de ley es de “vital importancia para sacar adelante al país en estos momentos de crisis económica y de salud”. Cely y el economista Mauricio Pozo concordaron en la necesidad de tener un seguro petrolero. Según los dos expertos, este seguro debe establecerse también en otros sectores donde hay impactos negativos. El turismo y el sector agropecuario, por ejemplo, que también están siendo afectados por la pandemia.
