Las autoridades de salud de Ecuador y Costa Rica se comprometieron a iniciar investigaciones oficiales a los ‘centros de embarazos en crisis’ tras un informe especial de openDemocracy.
Activistas por los derechos de las mujeres en ambos países consideran “importantes” esas promesas, pero advierten que sus gobiernos tienen malos antecedentes en aplicar políticas de derechos humanos, y que esto solo “se pondrá peor” en medio de la pandemia de coronavirus.
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En el marco de una investigación mundial, reporteras encubiertas se hicieron pasar por mujeres embarazadas vulnerables y visitaron centros antiaborto en Ecuador y Costa Rica, que cuentan con respaldo de dos grupos cristianos estadounidenses, Heartbeat International y Human Life International.
Estos centros se publicitan en internet como grupos de apoyo del derecho a decidir para mujeres que están considerando un aborto.
Pero en persona sus integrantes dieron información engañosa e incorrecta y dijeron, por ejemplo, que el aborto incrementa los riesgos de enfermar de cáncer. En Costa Rica a nuestra reportera le dijeron que tras un aborto a vida de la mujer “se convertiría en un infierno”.
El aborto es ilegal en los dos países, pero las mujeres siguen poniendo fin a sus embarazos y ha habido campañas para ampliar el acceso a aborto legal y seguro.
El Ministerio de Salud de Ecuador sostuvo en una carta de dos páginas enviada a openDemocracy que “no tiene conocimiento sobre la actividad o existencia de esos centros” y que las autoridades dispondrían que “se realice el monitoreo correspondiente” de esos lugares.
La entrada al centro que engaña a las mujeres es a través de un garaje. Fotografía cortesía de Ángela Meléndez.
El 12 de marzo, la gubernamental Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud confirmó que “la información detallada (que reveló la investigación de openDemocracy) ha sido enviada al área correspondiente, la cual se encargará de emitir un pronunciamiento”.
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Mientras, el ministerio de salud de Costa Rica contestó en un correo electrónico que “enviará las denuncias (de nuestro reporte) a las diferentes áreas de salud responsables para proceder con la investigación”.
Se “debe actuar de manera más seria”
Ana Vera, abogada ecuatoriana y experta en derechos sexuales y reproductivos, consideró “importante que el ministerio quiera tomar cartas en el asunto, pero lo debe hacer de una manera más seria”, porque ya hubo en el pasado cuestionamientos a esos centros, pero sin resultados.
Larissa Arroyo, abogada de Costa Rica, apuntó que su organización de derechos humanos Acceder “dará seguimiento a esta promesa del gobierno porque estos centros existen desde hace muchos años y ponen desde siempre publicidad en los periódicos”.
Arroyo dijo que a su grupo “le interesa totalmente… dar seguimiento a esto” y si bien “ahora todo gira en torno del coronavirus… el derecho a la salud es constitucional” y no puede suspenderse.
Las respuestas de los gobiernos ecuatoriano y costarricense fueron precedidas por otros reclamos de acción de legisladoras de todo el mundo, alarmadas por los ejemplos de “desinformación, manipulación emocional y engaño liso y llano”, documentados en la investigación de openDemocracy.
“Todos los políticos”, dijo el secretario del Foro Parlamentario Europeo por los Derechos Sexuales y Reproductivos, Neil Datta, deberían estar muy preocupados por los ejemplos de “desinformación, manipulación y engaño liso y llano” revelados por nuestras reporteras.
En el segundo piso del edificio, una hoja emplastificada es la única identificación para el lugar. Fotografía cortesía de Ángela Meléndez.
Los sitios de ambos países forman parte de la red regional Centro de Ayuda para la Mujer Latinoamericana (CAM) que mantiene una asociación con el grupo cristiano estadounidense Heartbeat International, pionero de los centros de embarazos en crisis dentro de EEUU.
La red CAM está también conectada a un segundo grupo estadounidense antiaborto, Human Life International (HLI). CAM fue fundada luego de que un activista asistiera a una conferencia de HLI, y el logo de HLI está todavía en su sitio web.
En Ciudad de México, donde el aborto es legal, a otra reportera se le dijo de forma incorrecta que necesitaba el consentimiento de su pareja o de un familiar para interrumpir su embarazo, y que ningún hospital la trataría de complicaciones graves (lo cual tampoco es cierto).
En respuesta, la secretaria de salud de Ciudad de México, Oliva López, dijo que su oficina había recibido quejas anteriores sobre esos centros y examinaría sus actividades y podría sancionarlos. Pero no está claro si se adoptó alguna medida.
En Argentina, la diputada oficialista Mónica Macha pidió que “la justicia investigue el grado de legalidad de los procedimientos” de esos centros.
El 1 de marzo, el presidente argentino Alberto Fernández dijo que enviaría en breve al Congreso dos proyectos de ley para legalizar el aborto y proteger a las mujeres embarazadas vulnerables –pero esas iniciativas siguen pendientes.
Acciones dilatorias
La carta ecuatoriana, firmada por el subsecretario nacional de Promoción de la Salud e Igualdad y otras tres autoridades, reafirma que el país es “laico” y que el ministerio debe suministrar y regular los servicios de anticonceptivos y cuidados posaborto.
El Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, agrega, también considera que la información y el acceso a anticonceptivos modernos son “derechos fundamentales de hombres y mujeres” que les permiten “ejercer el derecho a decidir si quieren o no tener hijos o hijas”.
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Pero la abogada Vera, que dirige además el grupo defensor de derechos sexuales y reproductivos Surkuna, contrastó las leyes de Ecuador en el papel y en la práctica. Las autoridades de salud tienen conocimiento de estos centros desde hace al menos un año y no han hecho nada, sostuvo.
“Ellos sabían. Es cierto que ahora hay nuevas autoridades (en el ministerio) pero los hechos estaban allí”, dijo Vera, quien se mostró pesimista respecto de alguna medida en medio de la actual crisis de salud pública. “En el marco del coronavirus no van a hacer absolutamente nada”, predijo.
Vera dijo haber asesorado a muchas mujeres que visitaron centros CAM y que “quedan aterradas, describen experiencias tortuosas”, pero son renuentes a activar denuncias “porque si se hicieron un aborto no quieren decirlo a las autoridades”.
El año pasado la fiscalía abrió una indagación preliminar luego de una investigación del medio feminista La Periódica, pero ninguna de las mujeres con las que Vera habló estuvo dispuesta a testificar.
En Costa Rica, la abogada Arroyo dijo que su grupo también recibió “muchas llamadas de chicas que han consultado en estos centros y que quedan asustadas y sin saber qué hacer”.
Ni HLI ni la red CAM respondieron preguntas sobre las comprobaciones de la investigación de openDemocracy. Heartbeat defendió a su federación de grupos afiliados en todo el mundo y aseguró que deben seguir “principios básicos” aunque por lo demás son autónomos.
“Las caracterizaciones públicas erróneas de los centros de ayuda al embarazo afiliados a Heartbeat no han resistido ningún escrutinio en una corte de justicia”, agregó. “Una reciente encuesta a las clientas reveló un grado de satisfacción de 99 por ciento”.
*Este artículo fue originalmente publicado en Open Democracy
