Durante década y media la historia de Paola Guzmán Albarracín se ha contado por todos los medios. Y ha vuelto a resonar porque ahora el Estado ecuatoriano es demandado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no haber actuado en un caso, en 2002, que debería haber conmocionado a todos los ecuatorianos.

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La historia de Paola ha estado silenciada por 17 años dejando huellas profundas en las vidas de su madre, hermana, padre y el resto de su familia. En la vida de sus compañeras, en la de las profesoras que también fueron víctimas de violencia sexual por parte del mismo vicerrector, y en la vida de todas las niñas y mujeres que han experimentado situaciones de violencia sexual en el ámbito educativo. Las huellas han sido profundas también en nuestra sociedad que aún considera que este tipo de casos pasan porque las mujeres somos provocativas y nos lo merecemos, como lo plantearon varios medios de comunicación hace casi dos décadas con contenidos indolentes y buscando la culpabilidad en la víctima. 

El impacto de este hecho, que durante 17 años ha acompañado a Petita Albarracín es muy profundo: ha enfrentado el dolor físico y psicológico de enfrentar la muerte de su hija luego de haber sido víctima de violencia sexual. Pero también ha enfrentado otros dolores como el que causa un Estado que no protege por su inacción, omisión o impunidad, por su incapacidad para garantizar derechos constitucionales, como el 78 que dice que “se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado”. Paola Guzmán Albarracín murió pero su madre busca reparación y que su muerte no sea impune. 

Petita Albarracín lleva 17 años luchando por esa reparación integral por la muerte de su hija porque el Estado la mató al no darle respuestas frente a situaciones de violencia sistemática, porque la mató una sociedad que se despierta todos los días y lleva este caso a cuestas sin siquiera inmutarse, porque la mató un colegio público que la dejó sola, a pesar de que sabían lo que pasaba.

La reparación integral, como se menciona en el Código Orgánico Integral Penal “radicará en la solución que objetiva y simbólicamente restituya, en la medida de lo posible, al estado anterior de la comisión del hecho y satisfaga a la víctima, cesando los efectos de las infracciones perpetradas”. Pero ¿qué significa esto para la madre de Paola Guzmán Albarracín? ¿Cómo se puede restituir objetiva y simbólicamente la muerte de una hija?

Cuando una madre pierde a una hija, pierde parte de su existencia. No existe una palabra ni una expresión que recoja el estado en el que queda. El dolor es muy fuerte y seguramente no desaparecerá. La reparación entonces se vuelve un acto de sobrevivencia, y aunque objetivamente no se puede reparar lo irreparable, la reparación debe estar enfocada en resarcir el daño causado a las familias de las víctimas. Con la reparación se debe garantizar la no repetición de la violencia sistemática ejercida por un Estado que se ha mantenido en silencio sin establecer responsabilidades para los agresores: no se sabe el paradero del vicerrector que abusó sexualmente de Paola ni del médico que le dijo que le practicaría un aborto a cambio de relaciones sexuales.  

La madre de Paola Guzmán Albarracín busca reparación y la busca como una forma de sanación. Ésta es un proceso donde se experimentan muchos sentimientos como la culpa, ira, nostalgia, entre otros. Se puede decir que es una etapa en la que una persona atraviesa una agonía psíquica generando rupturas consigo misma, el mundo y los demás. Este proceso puede resolverse en una relación intersubjetiva, donde se genere un espacio de contención y seguridad de manera que pueda reconocer lo padecido, hacer un duelo por lo perdido y reintegrarse de nuevo a la vida. Por tanto reparar no significa volver al estado anterior al trauma porque esto es imposible pero sí una integración de lo vivido para que se restablezca esta nueva realidad con la vida de esa persona y pueda enfrentar los nuevos retos de la vida, vincularse con otros y proyectarse a futuro.

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La reparación por tanto se convierte en un proceso fundamental para esta madre, donde un acto simbólico pueda nombrar y ubicar esa pérdida en el lado de la verdad, dónde se reconozca que quien omitió responsabilidades fue el Estado y donde se pueda procesar la muerte de una hija víctima de acoso, abuso sexual, violación, negligencia y todas las formas extremas de vulneración de derechos por los que pasó esta adolescente de 16 años, que aún tenía mucho que aprender, que hacer y que lograr. Pero también se convierte en una oportunidad de cambio, para que no vuelvan a repetirse estos casos y para que no existan más madres que tengan que pasar por una experiencia tan dolorosa.

Es por esto que Petita Albarracín sigue exigiendo una reparación, para que el Estado ecuatoriano ponga en palabras la responsabilidad sobre la muerte de Paola, que pida disculpas públicamente, que genere acciones preventivas y que garantice que nadie, nunca más, pase por este tipo de situaciones. Una reparación que busque más que compensaciones materiales, verdaderos cambios estructurales.