El jueves 23 de enero de 2020, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) emitió una resolución en la que dispuso la extinción del título habilitante para la frecuencia de la radio Pichincha Universal, que pertenece al Gobierno Provincial de Pichincha y se transmite en Quito. Además, dice la resolución, la Arcotel designará a un interventor para que “con el órgano de dirección de la empresa se encargue del cumplimiento de las obligaciones respectivas a fin de adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio”.

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La Arcotel sancionó a la radio por presuntamente prestar servicios en contra de la seguridad nacional. La decisión de revocar su título habilitante se habría fundamentado en el artículo 120 numeral 5 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. 

La prefecta de la provincia, Paola Pabón, como presidenta del directorio de Pichincha Comunicaciones EP, empresa pública a la que pertenece la radio, dijo que interpondrá una acción de protección con petición de medidas cautelares e “informaremos a los órganos del sistema interamericano de derechos humanos”. Según Pabón, la decisión de arcotel viola una primera acción de protección otorgada a la radio en noviembre de 2019, cuando fue allanada y sus equipos incautados. Pabón dijo que, además, apelará la resolución de la Arcotel. 

Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo en Twitter “La revocación y cierre de un medio es medida de mayor gravedad”. 

La extinción del título habilitante de Radio Pichincha Universal  se realiza después que fue sancionada con la suspensión de operaciones por quince días, entre el 10 y 25 de octubre de 2019. Ese día, se restablecieron sus transmisiones como un periodo de prueba por 20 días.  

La Dirección de Patrocinio del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) presentó una denuncia a la Fiscalía el 8 de octubre de 2019 por las supuestas infracciones de la radio. La denuncia la puso en base a un informe técnico de calificación de presunto contenido violento hecho por su dirección de Evaluación de Contenidos. El contenido que el Cordicom alega fue violento se habría emitido en el programa En la Oreja.

Con ese informe, la dirección de Contenidos del Cordicom inició un monitoreo desde el 3 hasta el 7 de octubre del 2019 para evaluar los contenidos del programa. Como resultado del informe y del monitoreo, el Consejo concluyó “una evidente parcialidad que ha incitado al caos, cometimiento de delitos a la propiedad pública y privada, desorden social y legal así como la suspensión de servicios públicos” durante el estado de excepción que había dispuesto el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, en el paro nacional de octubre de 2019. 

El 9 de octubre de 2019, el coronel Gonzalo Reyes Guevara, coordinador militar de Comunicación Social del Ministerio de Defensa Nacional envió un oficio a la Arcotel solicitando se sancione al  programa radial de opinión En la Oreja emitido el 3 de octubre de 2019, (el primer día de manifestaciones del paro nacional).  Pero los directivos de Pichincha Universal argumentaron “que se quiere atribuir al medio de comunicación ser el incitador de los hechos de violencia seis días después, cuando es público y notorio que los mismos tuvieron otros elementos” dice también la resolución de la Arcotel, un documento de 46 páginas. 

Según el sitio web de la radio, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia también les habría enviado una notificación para “exigir que se enganche a la señal de Radio Pública FM de forma inmediata y obligatoria”. 

Algunos periodistas y organizaciones de la sociedad civil calificaron el cierre de la radio como un ataque a la libertad de expresión. La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) dijo que lo rechazan y solicitan a las autoridades actuar con imparcialidad. La organización de monitoreo de libertad de expresión Fundamedios rechazó la decisión de la Arcotel y dijo que cerrar un medio de comunicación es “limitar el espacio democrático y una severa restricción de la libertad de expresión”. 

León Febres Cordero presidente del Ecuador entre 1984 y 1988, también condujo un gobierno severo con los medios de comunicación. Diego Oquendo, un periodista de larga trayectoria había denunciado que salió del canal de televisión Gamavisión por presiones de Febres-Cordero. 

En su gobierno, algunas emisoras de radio fueron clausuradas, en medio de una huelga del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), al no aceptar una cadena nacional obligatoria del Gobierno, según una nota del diario El Universo. 

También el expresidente del Ecuador, Lucio Gutiérrez dispuso que se retire la frecuencia de radio La Luna que transmitió un programa de opinión  ciudadana cuando un dirigente indígena fue detenido. 

En el gobierno de Rafael Correa, 17 medios de comunicación fueron cerrados e incautados. También muchos periodistas fueron atacados por sus publicaciones u opiniones, quizá el caso más emblemático fue el de diario El Universo de Guayaquil, que fue sentenciado a una reparación millonaria a favor del Presidente. 

Los medios de comunicación cerrados eran locales, no tenían cobertura nacional, pero eran considerados críticos al gobierno de Correa, como el canal del Consejo Provincial de Morona Santiago. La radio El Dorado de Nueva Loja en la provincia de Sucumbíos fue clausurada y sus equipos incautados. Las radios Ambato y Morena fueron clausuradas.  

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Además, en 2014 se publicó la Ley Orgánica de Comunicación que, aunque contiene algunos puntos positivos, es también una ley castigadora de medios de comunicación y comunicadores sociales.