El viernes 10 de enero de 2019, la Fiscalía formuló cargos contra Pedro Rivadeneira, padre de la asambleísta Gabriela Rivadeneira (asilada en México), y un hombre identificado como  Mauro Rafael F. G. El juez Fredy Sevillano aceptó los cargos formulados, y, como medidas cautelares, dictó prisión preventiva para Mauro F. G. A Pedro Rivadeneira, le ordenó presentarse periódicamente ante el juzgado y le prohibió salir del país, una medida sustitutiva a la prisión preventiva. 

Además, Sevillano dispuso el inicio de la instrucción fiscal de noventa días para los procesados. La instrucción fiscal es la etapa del proceso penal en que la Fiscalía debe  investigar los hechos que constituirían el delito, y recabar los elementos de convicción que le permitan deducir su existencia y las presunciones de participación de los investigados —en este caso, Rivadeneira y M.

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Rivadeneira y Mauro F.G. son acusados por presunta asociación ilícita y enriquecimiento privado no justificado. 

Entre los principales elemento de convicción que presentó Jimena Moina, fiscal de Administración Pública de Pichincha, en contra de los dos hombres, está un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Según un comunicado de la Fiscalía, ese documento menciona “movimientos inusuales en las cuentas de los procesados, reportes de movimientos económicos en el sistema financiero, partes policiales, certificados de instituciones públicas, como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Servicio de Rentas Internas (SRI)”.

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La investigación fue abierta hace nueve meses por la Fiscalía de Pichincha y determinó irregularidades “entre los ingresos declarados y las acreditaciones realizadas en el sistema financiero nacional”. 

Los procesados fueron detenidos la noche del 9 de enero de 2019 en el operativo denominado Flamingo en donde se allanaron cuatro inmuebles en Otavalo y Cotacachi, ciudades de la Sierra Central ecuatoriana. Según el general Marco Villegas, director Nacional Antinarcóticos de la Policía Nacional, la investigación se inició “previa una denuncia puesta por la comisión anticorrupción en Fiscalía”. 

La asambleísta Gabriela Rivadeneira, junto a otros compañeros suyos, salió la mañana del mismo 9 de enero de 2019 del Ecuador, rumbo a México, donde está asilada.