Los asambleístas de la Revolución viajan a México. Te explicamos por qué se fueron

  • Asambleístas de la Revolución Ciudadana viajan a México

    • asambleístas de la revolución ciudadana viajan a méxico

      Los asambleístas Luis Fernando Molina, Soledad Buendía, Carlos Viteri y Gabriela Rivadeneira salieron del país. Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de Marcela Aguiñaga.

    Los asambleístas de la Revolución Ciudadana asilados en la embajada de México en Ecuador tomaron un vuelo comercial a la Ciudad de México. Lo anunció, en una rueda de prensa, el canciller del Ecuador, José Valencia. En horas de la mañana del jueves 9 de enero de 2020, Luis Fernando Molina, Soledad Buendía, Carlos Viteri y Gabriela Rivadeneira abandonaron el país, tras casi tres meses de permanecer en la sede diplomática mexicana, en el centro norte de Quito. 

    Los cuatro estaban asilados en la sede diplomática mexicana después de las movilizaciones del paro nacional de octubre de 2019, pues temían que fuesen apresados, según ellos, como parte de una persecución política. 

    La primera en tomar refugio en la embajada de México, una complejo de paredes blancas y tejas mediterráneas sobre una de las principales avenida quiteñas, fue la asambleísta Gabriela Rivadeneira, el 12 de octubre, el día de mayor violencia durante el paro. Rivadeneira quien, durante los primeros días de protestas, le pidió al Presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, que se activase el mecanismo de la muerte cruzada, que habría permitido cesar al presidente Lenín Moreno, las Asamblea Nacional y adelantar elecciones generales.

    La siguieron los asambleístas Luis Fernando Molina, Soledad Buendía, Carlos Viteri y sus cónyuges. Todos pidieron asilo, a pesar de que no tienen procesos judiciales abiertos en su contra.

    Después de concedérselo, el gobierno de Manuel López Obrador, hizo un llamado a una salida democrática, pacífica y dialogada de la crisis de octubre. En un comunicado ratificó “su compromiso con el respeto, protección y promoción de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su afinidad política”. En México está, también, otro alto funcionario del gobierno de Rafael Correa, Ricardo Patiño.

    El canciller Valencia dijo en su brevísima rueda de prensa, en la que no aceptó preguntas de la prensa, que la salida de los asambleístas evidenciaba que “detrás del discurso de persecución política esta un interés político de un sector que busca la impunidad ante los delitos por los que hoy son procesados por órganos judiciales independientes”. 

    Tras el paro de octubre de 2019, el gobierno de Lenín Moreno ha insistido que los niveles inusitados de violencia que se vivieron fueron promovidos por actores políticos ligados al correísmo, para desestabilizar el orden institucional y facilitar una amnistía en los procesos por corrupción que se iniciaron a altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa. Hay dos figuras de alto perfil, vinculadas al expresidente, que tienen una investigación fiscal abierta por el delito de rebelión, Paola Pabón y Virgilio Hernández. Además, está encausado Christian González, asesor de Pabón. 

    El expresidente Correa y sus partidarios han dicho que todas las investigaciones —tanto por corrupción como por los hechos violentos del paro de octubre— carecen de mérito y son producto de una persecución política.

  • ¿Qué reacciones hubo tras conocerse el viaje de los asambleístas correístas a México?

    • reacciones tras viaje de asambleístas de la revolución ciudadana

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de Marcela Aguiñaga.

    Varios asambleísta y personas afines al movimiento Revolución Ciudadana se han pronunciaron sobre la salida a México de los asambleístas de la bancada autodenominada Revolución Ciudadana (la facción correísta tras el cisma de Alianza País), Gabriela Rivadeneira, Luis Fernando Molina, Soledad Buendía y Carlos Viteri Gualinga. Todos han coincidido en que se trata de una persecución política. 

    Una de ellas fue la asambleísta Marcela Holguín. En un mensaje en su cuenta de Twitter, Holguín habló de la la noticia. “Resistir y vencer es la consigna. Aquí los esperamos, su lucha y ejemplo nos inspiran a seguir! #NiUnPerseguidoMás”, dijo la asambleísta correista. 

    La Prefecta de Pichincha, Paola Pabón, investigada por el presunto delito de rebelión ocurrido durante el paro nacional de octubre de 2019, también reaccionó a la salida de sus coidearios hacia México. En un tuit, aseguró que el autoexilio de sus compañeros “ratifica la existencia de una persecución política”. Además dijo que el gobierno del Ecuador había demorado la decisión, “violando el principio de respeto de asilo, esta es una buena noticia”. 

    La asambleísta Marcela Aguiñaga, otra de sus compañeras de partido, también se pronunció. En su cuenta de Twitter, Aguiñaga dijo “hoy dejan la Patria que los vio nacer para empezar de nuevo.Tengo sentimientos encontrados y la firme convicción que donde estén van a florecer. #NiUnPerseguidoMás”. 

    A excepción del canciller Valencia, ninguna otra autoridad del gobierno de Lenín Moreno se ha pronunciado sobre el viaje de los asambleístas a México.

  • El padre de Gabriela Rivadeneira es detenido por presunta asociación ilícita

    • padre de gabriela rivadeneira detenido

      Fotografía tomada de la cuenta de Flickr de la Asamblea Nacional bajo licencia CC BY-SA 2.0.

    Pedro Rivadeneira fue detenido la noche del jueves 9 de enero de 2019 en Imbabura. Su hija, Gabriela, es asambleísta de la facción correísta de Alianza País, que se bautizó como Revolución Ciudadana. Rivadeneira y otra persona fueron detenidos por el presunto delito de asociación ilícita y enriquecimiento ilícito en el operativo llamado Flamingo. Los involucrados se dedicaban a gestionar un patio de compra y venta de automóviles 

    En una rueda de prensa, el general Marco Villegas, director Nacional Antinarcóticos de la Policía Nacional, dio detalles sobre Flamingo. La investigación, dijo, se ha desarrollado desde abril de 2019, “previa una denuncia puesta por la comisión anticorrupción en Fiscalía”. En el operativo se allanaron cuatro inmuebles, un vehículo y se decomisaron 12 mil dólares. 

    El delito de asociación ilícita, según el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), consiste en que dos o más personas se asocien para cometer un delito. La pena es de tres a cinco años de prisión. El enriquecimiento ilícito, es cuando servidores públicos o personas actúan “en virtud de una potestad estatal” para incrementar su patrimonio o el de terceros de manera injustificada. Si el incremento del patrimonio es de hasta 200 salarios básicos, la pena va de tres a cinco años. Pero si el incremento del patrimonio superar esos 200 salarios básicos —pero es menor a 400 salarios básicos— la pena es de entre cinco a siete años. 

    La asambleísta Gabriela Rivadeneira  es militante del correísmo, que se ha agrupado en una bancada legislativa denominada Revolución Ciudadana. El 9 de enero de 2020, el canciller del Ecuador, José Valencia, anunció que ella —y otros asambleístas del ala correísta de Alianza País— habían salido del país, con destino a México. Desde finales del paro nacional de octubre de 2019, Rivadeneira y otros compañeros suyos se habían refugiado en la embajada mexicana en Quito, pues decían temer retaliaciones judiciales por su participación en las protestas.

  • El padre de Gabriela Rivadeneira deberá presentarse periódicamente ante un juez, y no podrá salir del país

    • medidas sustitutivas para el padre de gabriela rivadeneira

    El viernes 10 de enero de 2019, la Fiscalía formuló cargos contra Pedro Rivadeneira, padre de la asambleísta Gabriela Rivadeneira (asilada en México), y un hombre identificado como  Mauro Rafael F. G. El juez Fredy Sevillano aceptó los cargos formulados, y, como medidas cautelares, dictó prisión preventiva para Mauro F. G. A Pedro Rivadeneira, le ordenó presentarse periódicamente ante el juzgado y le prohibió salir del país, una medida sustitutiva a la prisión preventiva. 

    Además, Sevillano dispuso el inicio de la instrucción fiscal de noventa días para los procesados. La instrucción fiscal es la etapa del proceso penal en que la Fiscalía debe  investigar los hechos que constituirían el delito, y recabar los elementos de convicción que le permitan deducir su existencia y las presunciones de participación de los investigados —en este caso, Rivadeneira y M.

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    Rivadeneira y Mauro F.G. son acusados por presunta asociación ilícita y enriquecimiento privado no justificado. 

    Entre los principales elemento de convicción que presentó Jimena Moina, fiscal de Administración Pública de Pichincha, en contra de los dos hombres, está un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Según un comunicado de la Fiscalía, ese documento menciona “movimientos inusuales en las cuentas de los procesados, reportes de movimientos económicos en el sistema financiero, partes policiales, certificados de instituciones públicas, como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Servicio de Rentas Internas (SRI)”.

    La investigación fue abierta hace nueve meses por la Fiscalía de Pichincha y determinó irregularidades “entre los ingresos declarados y las acreditaciones realizadas en el sistema financiero nacional”. 

    Los procesados fueron detenidos la noche del 9 de enero de 2019 en el operativo denominado Flamingo en donde se allanaron cuatro inmuebles en Otavalo y Cotacachi, ciudades de la Sierra Central ecuatoriana. Según el general Marco Villegas, director Nacional Antinarcóticos de la Policía Nacional, la investigación se inició “previa una denuncia puesta por la comisión anticorrupción en Fiscalía”. 

    La asambleísta Gabriela Rivadeneira, junto a otros compañeros suyos, salió la mañana del mismo 9 de enero de 2019 del Ecuador, rumbo a México, donde está asilada.