La crisis económica que vive el Ecuador se agravó tras el paro de octubre de 2019, y las soluciones que el gobierno da no van a ser suficientes para superarla. El presidente Lenín Moreno logró que la Asamblea apruebe su proyecto de Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria. El proyecto espera recaudar 620 millones más en 2020: apenas el 12% del déficit fiscal que podría llegar a los 5 mil millones de dólares al terminar 2019. Víctor Hugo Albán, vicepresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, dice que, según las simulaciones de su gremio,  en el mejor de los casos, se recaudarán 250 millones de dólares. Cómo va el Ecuador a cubrir, en verdad, el déficit que arrastra aún es una pregunta que no tiene una respuesta completa.

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El proyecto que se aprobó se llama Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria y reemplazó al Frankenstein inicial que se llamó Ley de Crecimiento Económico. “Una verdadera fanesca, era una barbaridad”, dice Albán sobre el primero que el gobierno propuso. La propuesta era tan enredada como masiva: tenía 404 artículos y afectaba a veintidós cuerpos legales. Además de las reformas tributarias, hacía cambios al Código Monetario y al de Finanzas Públicas, entre otros. Fue desechado por la Asamblea el 17 de noviembre de 2019. “Es mejor que se apruebe una ley concentrada en un solo enfoque”, dice Albán. Pero el problema, ahora, ya no es el gigantismo de ley, sino el escepticismo que genera entre los expertos. 

El nuevo proyecto carece del paquidermismo del primero y se autoproclama “simplificado”. Tiene solo 50 artículos y aborda solo el aspecto tributario de los planes económicos del gobierno. Pero más que simplificado, el adjetivo preciso podría ser incompleto: aunque hay algunos aspectos positivos, las medidas —celebradas antes de tiempo por el gobierno y algunos de sus aliados— no resuelven la cuestión de fondo. 

El tamaño del déficit es más de siete veces mayor de lo que se puede recaudar con la ley.  El analista económico Paúl Palacios dice que eso “simplemente evidencia que el país tiene problemas fiscales estructurales que no se van a resolver con más impuestos”.  Palacios dice que uno de los elementos positivos es la eliminación del impuesto a la transferencia de bienes inmuebles, “que era una suerte de Ley de Plusvalía”. Palacios dice, además, que otro cambio positivo respecto del primer proyecto que envió el gobierno es que se eliminó una parte de la ley que establecía un impuesto único y temporal para los capitales que estaban en el exterior que retornaran al país. En la forma en la que estaba propuesta, según Palacios, podría haberse convertido en una “norma de perdón y olvido para actos indebidos”, como el blanqueo de dinero.

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Entre lo mejor de la ley, coinciden algunos expertos, está la eliminación del anticipo al Impuesto a la Renta —el pago adelantado de una parte del impuesto a la renta del año siguiente que se hacía mes a mes. “Esa supresión le va a dar más holgura a las empresas para que trabajen”, dice la economista y catedrática María Herrera. Además, el proyecto propone disminuir el impuesto a los consumos especiales (ICE) a la cerveza artesanal, y la devolución de pagos por la reconstrucción de casas afectadas en el terremoto del 2016, así como la remisión de intereses y multas a los dueños de esas casas. 

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Entre lo peor, dicen esos mismos analistas, están los impuestos que se incrementan y que van a reducir la capacidad adquisitiva de la ciudadanía, como el ICE a la telefonía móvil. “El acceso a planes de telefonía y a servicios digitales ya no son un lujo, así que los impuestos van a hacer que el paquete de Netflix o que el plan de celular sea más caro”, dice Herrera. Y agrega que el consumo se va a contraer pues mucha gente evitará contratar esos servicios por los nuevos tributos. 

El aumento de impuestos y el gravamen a quienes facturen más de un millón de dólares tendrá un impacto. “Esto da como resultado que no haya inversión en el país”, dice Albán. La inversión nacional y extranjera para el cierre del 2019 llegará a, máximo, 800 millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva: hasta octubre de 2019, Perú sumaba 13 mil millones de dólares. Colombia, 16 mil millones. Hasta ese mes, el Ecuador, unas veinte veces menos.

Nuestro país no parece un lugar seguro para los inversionistas extranjeros. El 21 de noviembre, después de que el gobierno no lograra la aprobación de la Ley de Crecimiento Económico, el Riesgo País — que muestra cuán seguro es un país para invertir— llegó a su punto más alto (es decir el peor) en cuatro años: 1814 puntos. Hasta el 11 de diciembre, había regresado a estar por debajo de la barrera de los mil puntos. “¿Quién va a querer invertir en Ecuador?”, se pregunta Albán. Cuando se reduce la certeza que los inversionistas tienen sobre un país, se reduce la inversión y la capacidad de producción. Sin producción, no hay empleo, no hay ingresos y así sucesivamente. Es un círculo vicioso. No importa cuántos impuestos nuevos se creen por ley: no hay soluciones.

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Las consecuencias de la crisis —que se intensificó después de las manifestaciones de octubre de 2019— se sienten cada vez más. El Colegio de Economistas de Pichincha realizó un análisis de los locales comerciales de Quito y concluyó que, en noviembre y diciembre, la facturación se ha reducido a un 25% y 30% de lo que se facturaba en meses anteriores. “El quiteño no está con ganas de demandar [bienes o servicios], no puede comprar” dice Albán, el vicepresidente del gremio. 

Que el dinero no se mueva es grave. El sector productivo se estanca porque no tiene a quién vender. Si la facturación en la parte comercial baja, también se reduce lo que se paga en impuestos. A eso debemos sumarle la “competencia desleal” colombiana y peruana, dice Albán, que manejan mejores precios y llaman más la atención de los consumidores ecuatorianos. 

Otro síntoma es que los ecuatorianos no compran pero tratan de vender. El economista Albán confirma que en Quito, Guayaquil y Cuenca aumentaron las propiedades en venta, pero la compra no. Además, los estudios del Colegio de Economistas estiman que el nivel de desempleo subirá un 4% en los primeros meses de 2020. No parece que la nueva ley vaya a cambiar ese panorama. 

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El peor escenario al que podríamos llegar, según el economista Alberto Acosta Burneo, es la cesación de pagos. El Estado ecuatoriano vive de lo que le han prestado del exterior, y si no solucionamos los problemas económicos, el país no podría pagar sus deudas, perdiendo préstamos futuros porque nadie quiere prestarle a un moroso. “Por eso se debían tomar medidas como las reformas tributarias, aunque más impuestos implica que se saque dinero del bolsillo de los ecuatorianos”, dice Acosta Burneo. La otra alternativa que tenemos es no hacer nada para corregir la crisis fiscal, dejar que se mantenga y que nos lleve al peor escenario. 

Para evitarlo, necesitamos un conjunto de soluciones. Paul Palacios dice que lo principal es focalizar el controversial subsidio a los combustibles y atender rápidamente el desequilibrio en las finanzas de la Seguridad Social. Dice que es preciso vender o liquidar entidades públicas que ofrecen bienes y servicios que el sector privado puede proveer —la banca, la telefonía, el transporte aéreo. “Sería parte de la propuesta económica ideal para Ecuador”, dice Palacios. María Herrera dice que para mejorar la situación es necesario renegociar la deuda externa. “Para todo eso la economía ecuatoriana debe tener un base, seguridad, y eso no tenemos” dice Herrera. “Hemos tenido, por mucho tiempo, un Estado que ha querido dedicarse a todo y hace mal lo que realmente importa porque no tiene recursos”, dice Alberto Acosta Burneo. 

Para muchos, la solución implica complementar las reformas fiscales aprobadas con austeridad en el gasto y las compras públicas, austeridad en la nómina de empleados del Estado, reducción de subsidios y renegociación de las deudas, extendiendo los plazos de pago. 

El problema es que, cuando se habla de austeridad, el Estado recorta programas útiles y castiga, siempre, a los más vulnerables. En la proforma presupuestaria de 2020, eliminó los fondos para la prevención del embarazo adolescente, a pesar de que el Ecuador es el país tiene la tasa más alta de toda América Latina en ese triste rubro. También les quitó fondos a las universidades públicas mejor calificadas del Ecuador, la Espol y EPN.  Mientras que el presupuesto para seguridad se reduce en apenas un 4,3% y se planea comprar nuevos equipos para las Fuerzas Armadas, como seis helicópteros Airbus H145 para operaciones de búsqueda y rescate. El economista Steven Weber dice que el principal defecto de la austeridad es que su éxito se basa en los números y en las matemáticas, “en lugar de la imperfección líquida y cambiante de la vida de las personas” que necesitan salud y educación. En otras palabras: los programas de austeridad se felicitan por reducciones numéricas sin darse cuenta que esos cambios implican impactos reales en las condiciones de vida y el futuro de personas.

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El futuro parece sombrío. Según las predicciones, crecerá el desempleo, no se recortará la brecha fiscal, a pesar de la medidas aprobadas por la Asamblea, y, además, los recortes para la austeridad llegan por el lado de lo social. Y a pesar de que, según dónde estén parados en el espectro ideológico, los expertos discrepan en cómo abordar la crisis, todos coinciden en que la actual ley no alcanza, precisa de otras medidas, más profundas y estructurales, para que el país prospere, recorte la pobreza, genere empleo y dé salud y educación. El escenario contrario es el caldo de cultivo perfecto para nuevos populismos autoritarios.