Hace tres años, Ricado Luna entró a un nuevo trabajo y enseguida le pidieron, como a todos los empleados, que se haga una prueba del virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Luna preguntó por qué. Le dijeron en Recursos Humanos que el pedido era para dar charlas y acompañamiento a los empleados, según una disposición de la empresa. Ricardo no se hizo la prueba, les dijo que él vive con VIH, que estaban violando su derecho a la confidencialidad y que la decisión de hacerse la prueba es voluntaria. El personal de Recursos Humanos ya no le pidió la prueba, ni a él ni a sus compañeros, porque, dice Luna, entendieron la explicación.
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Ricardo Luna es activista por los derechos de las personas con VIH en Ecuador. Por eso sabía que eso era una forma de discriminación laboral: según el Ministerio de Trabajo, en el Ecuador está prohibido pedir pruebas de VIH en espacios laborales públicos o privados.
Pero mucha gente no sabe que exigirla (o que se la exijan) es ilegal. En una encuesta de 2010 de la Coalición Ecuatoriana de Personas que viven con VIH, el 41% de los encuestados respondió que por tener el virus perdieron su trabajo. A uno de cada diez encuestados le negaron una oportunidad laboral por vivir con el virus.
El VIH no impide que las personas trabajen, estudien o se relacionen con otros. Si una persona que vive con el virus mantiene su terapia antirretroviral, no hay nada que no pueda hacer. Luna explica que si una persona con VIH toma la medicina, no hay riesgos de transmisión porque “eso hace que no tenga suficiente virus para infectar a otras personas”dice. Poder llevar una vida como la de cualquier otro ciudadano es un logro de la ciencia.
En el Ecuador, casi 44 mil personas viven con VIH, el 76% de ellas conoce su diagnóstico, dice Alberto Stella, director de ONUSida (programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida) para Perú, Bolivia y Ecuador. Y hasta 2018, en el mundo, cerca de 38 millones de personas viven con VIH. Muchas, que tienen la información y los tratamientos adecuados, viven una vida al igual que todos.
Uno de los últimos grandes escollos para vivir esa vida plena no tiene nada que ver con lo que sucede dentro de su organismo, sino lo que pasa a su alrededor. Aún hay espacios de discrimen y segregación para las personas que viven con el virus. Combatir esa última barrera deber ser una meta de toda la sociedad.
El VIH, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es un virus que afecta progresivamente a las células del sistema inmunológico, encargado de defender al cuerpo de bacterias, virus, parásitos y hongos previniendo enfermedades e infecciones. El VIH se puede transmitir —no contagiarse, el contagio puede darse por el contacto directo con una persona, como tocarla—, a través de relaciones sexuales o a través de la sangre por reutilizar jeringuillas o agujas contaminadas. También hay la posibilidad de que la madre transmita el virus a su hijo en la etapa del embarazo, el parto o la lactancia pero en el Ecuador, el 95% de las mujeres embarazadas que viven con VIH están recibiendo tratamiento para prevenir la transmisión a sus bebés.
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Fuera de eso, el contacto diario no transmite el virus, a pesar de lo que mucha gente pueda pensar. Por eso, exigir una prueba de VIH en el trabajo, carece de sentido y resulta discriminatorio.
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La discriminación es la boca de un dragón que se muerde la cola. En 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para mejorar las condiciones de vida de la población mundial. Son diecisiete objetivos que los 193 estados miembros de la ONU esperan cumplir hasta el año 2030. Aunque tienen un nombre muy técnico, los ODS no son otra cosa que una gran iniciativa global para hacer del mundo un lugar mejor: buscan resolver la pobreza, el hambre, garantizar el acceso la salud y la educación, tratar de alcanzar la igualdad de género, trabajar por la paz y la justicia, y enfocan sus esfuerzos en el trabajo y evitar el cambio climático.
El ODS 3 busca una vida sana y promueve el bienestar de todas las personas en el mundo. En salud, el ODS 3 se ha propuesto erradicar la epidemia del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida), una enfermedad causada por el VIH en la que el sistema inmunológico está muy debilitado por el virus, y no puede resistir infecciones.
Parte del ODS 3 es cumplir con la estrategia 90-90-90, que intenta —explica Alberto Stella— lograr que el 90% de la población se haga la prueba de VIH, que de esas personas testeadas, el 90% que sea diagnosticado positivo con el virus acceda al tratamiento antirretroviral y que el 90% de las personas en tratamiento, tenga carga viral indetectable (es decir, que el virus no aparezca en los exámenes). Hasta junio de 2019, se contabilizaba que 24 millones de personas con VIH positivo —como dos veces la población de Cuba— siguen la terapia antirretrovírica. Este tratamiento consiste en la administración de medicamentos que impiden que el virus se multiplique y afecte al sistema inmunológico.
Pero, los ecuatorianos no nos hacemos la prueba porque, como dice Stella, hay muchas barreras estructurales, entre las principales: el estigma y discriminación de la sociedad. Según Stella, la decisión de hacerse o no la prueba, muchas veces está ligada a la ignorancia, y al acceso a los servicios de salud. Stella dice que con la educación sobre el acceso a derechos se ha logrado que la gente esté mejor informada y tenga elementos para discernir y entender que no hay razones para discriminar a otro ser humano por ninguna causa, mucho menos por el VIH.
Pero, a pesar de la educación o de acceso a derechos, no todos hemos entendido esto, incluso a nivel estatal. En julio de 2019, el Fondo Mundial de lucha contra el Sida, la tuberculosis y la malaria —organización creada en el 2001 por la ONU— publicó un estudio en el que dice que las Fuerzas Armadas y la Policía del Ecuador piden que los aspirantes al ingresar, se hagan la prueba obligatoriamente. Cuando el resultado es positivo, dice el informe, el aspirante es rechazado.
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Otro espacio donde aún surge la discriminación es uno donde jamás debería existir. Christian Acosta, coordinador del proyecto VIH de la fundación Kimirina, dice que, a pesar de que los niveles de discriminación en el servicio de salud pública son bajos en el Ecuador, todavía se producen. Acosta dice que “desde el personal de salud (médicos o enfermeras) no son altos los niveles de discriminación hacia las poblaciones clave y las personas viviendo con VIH”. Las poblaciones clave son grupos de personas que tienen más posibilidad de contraer el virus como gays y mujeres transgénero. Acosta dice que mientras médicos y enfermeras están más sensibilizados, el personal de limpieza, guardianía o recepción de las instituciones de salud no están preparados para atenderlas. Acosta dice que se debería sensibilizar a las empresas contratantes con el Ministerio de Salud para reducir a la discriminación a su único nivel tolerable: cero.
Ricardo Luna dice que sí ha sentido invadida su privacidad. En una ocasión fue al gastroenterólogo, y el médico le hizo preguntas personales que no estaban relacionadas con la razón de la cita médica. Sin embargo, dice que en Ecuador ha subido la calidad de atención “por el trabajo de varios médicos que han luchado por las comunidades positivas, pero todavía a nivel cultural estamos bien lejos”, dice. Acosta dice que si se elimina la barrera de acceso a los servicios de salud, las personas van a ir con más confianza y sin miedos. “La respuesta al VIH va a mejorar mucho”, dice. Si todos nos aplicamos, el ODS 3 cumplirá su objetivo de erradicar la epidemia del Sida. Eso, en palabras simples, significará un mundo mejor.
GK, UNFPA y ONUSida están comprometidos con la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
