Fernando Burbano es un carchense que vive en Manabí, pasa buena parte de la semana en Quito: es asambleísta por el Bloque de Acción Democrática e Independiente (BADI), un grupo parlamentario conformado por legisladores que se separaron de los partidos o alianzas por los que llegaron a la Asamblea en las elecciones de 2017. Burbano ganó por (y separó de) la alianza entre CREO y Suma. Milita en Juntos Podemos, el movimiento liderado el exprefecto de Azuay, Paúl Carrasco. Tras la instalación del pleno de la Asamblea Nacional, posterior al paro, propuso crear una comisión que investigue lo ocurrido durante los once días que duró el paro nacional. La comisión se conformó con la participación de siete asambleístas de distintas organizaciones políticas y tras recibir los primeros testimonios que incluyen a la Ministra de Gobierno, María Paula Romo; al Prefecto de Azuay, Yaku Pérez; a policías, periodistas y ciudadanos agredidos durante las protestas, entre otros, Burano habla de los resultados en la investigación del paro.
Después de la crisis de octubre de 2019, la Asamblea del Ecuador creó una comisió multipartidista que investiga lo que sucedió: las acusaciones de represión excesiva contra el gobierno, la infiltración de grupos de violencia organizada que ahondar la violencia, las muertes a manos de la Policía, el intento de utilizar la protesta por la eliminación del subsidio a los combustibles para desestabilizar la institucionalidad del país. Burbano —vestido para la entrevista con chaqueta oscura y camisa celeste, sin corbata— preside esa comisión y habla sobre los primeros hallazgos que ha hecho.
Hablemos de los resultados en la investigación del paro, los primeros resultados tras estos días de comparecencias ¿En qué han aportado los primeros testimonios que ha recibido la comisión para esclarecer los hechos del paro?
Quisiera dejar claro que el espíritu de esta comisión, en esta etapa, es escuchar, permitiendo que este ejercicio se haga con mucho respeto. Hay que tener empatía para hacer una buena escucha. Estamos permitiendo que sea un espacio de perfecta libertad, que [quienes vienen] sientan que la Asamblea abrió este espacio para comprender cuáles son sus propias situaciones. Cada versión es importante. pero es más importante cuando está respaldada.
Allá iba justamente.
Hay que diferenciar entre las opiniones, el relato de los hechos y las comparecencias que tienen sustentos. Un informe tiene mayor validez si no se fundamenta solo en opiniones, sino en hechos relevantes.
Hemos tenido de todo en la comisión: hay personas que han venido a narrar los hechos, otros a contar su historia, pero hay algunos que aún nos deben información y lo que hemos cuidado es que, en la metodología, posterior a cada comparecencia, remitimos una solicitud de sustento para que esa opinión se pueda convertir en una opinión verificable.
Por citar un caso: la señora Joyce Sisoto, de las llamadas brigadas de paz. Ella habló sobre las supuestas amenazas que ella ha recibido, y del hostigamiento hacia algunos médicos del sector público por haber participado como voluntarios. ¿Ha presentado pruebas?
Les hemos solicitado. En ese caso todavía no. Entendemos también que el poder del ciudadano es limitado contra el Estado.
El Estado tiene todas las herramientas para acceder a la información, el ciudadano tiene que utilizar las herramientas constitucionales para acceder a esa información. En la Asamblea, nuestra facultad de control y fiscalización nos permite pedir y acceder a la información pública con mayor celeridad.
A través de la Secretaría, estamos pidiendo esa información que pudieran requerir otros actores y que se les va a complicar conseguirlo.
Hasta este momento, de las personas que han dado testimonios en la comisión, ¿quiénes han presentado sustento documental?
Hay informes, por ejemplo, del Defensor del Pueblo y de algunos organismos de derechos humanos.
Hay un grupo que se llama Acción Jurídica Popular, es uno de los observatorios que han tenido el cuidado de presentar su informe y adjuntar información.
Quizás a alguno les falta, por ejemplo, mostrar el documento oficial que permita constatar si, en realidad, fueron tantos heridos y demás, pero la comisión puede solucionar eso solicitándolo a su fuente y contrastando la información. Eso lo vamos a hacer.
Ya hemos hecho ciertas solicitudes de información. Por ejemplo, el sector productivo nos dice que ha habido tal afectación económica; entonces, vamos a solicitar al viceministro de Economía que nos remita la información oficial de los impactos económicos del paro.
¿Para poder contrastar?
Por supuesto.
Se habló, por ejemplo, de que unos manifestantes en Tungurahua golpeaban una tubería que pensaban era de agua, pero era de gas. Si hubieran logrado romperla, habría habido una terrible explosión en Ambato. Eso hace pensar que hay quizá una centralización de información de lo que pasó en Quito ¿Qué se ha logrado saber, con estos testimonios, sobre la situación en las demás provincias del país, fuera de Pichincha?
Mire que para nosotros está información también resultó nueva. Usted tiene razón sobre la cobertura periodística. Fue un acierto del gobierno no intervenir ni limitar la comunicación como en el 30 de septiembre de 2010, por ejemplo, porque eso permitió que los medios pudieran hacer una cobertura libre.
Sin embargo, los hechos se concentraron en Quito, entonces, los medios documentaron lo que sucedió en Quito. Lo que pasó en Ambato nos hemos enterado muchos aquí [en la comparencias a la Comisión]. No lo conocíamos con ese [nivel de] detalle. Sí nos pareció preocupante.
Fernando Burbano preside la comisión que investiga los hechos del paro. Fotografía de Diego León Ayala para GK.
Han comparecido ciudadanos, representantes de gremios en Tungurahua. Vamos a hacer las consultas a las autoridades para esclarecer las circunstancias de los hechos.
Sobre las tomas de gobernaciones provinciales, la ministra Romo ha ofrecido presentar un informe porque justamente fueron las dependencias de su ministerio las que fueron tomadas. Ese informe dirá cuáles fueron las características [de esas tomas] y las acciones que se ejecutaron al respecto.
Hay otra información que no tenemos a la mano: cómo obró la justicia en esos casos. Es una tarea complicada porque en un Estado centralista la información nos llega por partes.
Es evidente que la concentración fue en lugar de Quito. Esa también es una particularidad. Todo el país estuvo incomunicado de alguna manera. Muchos recibimos incluso noticias falsas de los acontecimientos.
Eso crea también una idea sobre lo que está pasando que no necesariamente es la realidad.
De estos acontecimiento salen muchas lecciones. Desde el Estado, desde la ciudadanía, desde el sector político. Hay que mirar de otra manera el problema, a veces lo vemos solo superficialmente.
¿Qué es lo que hay que mirar? La ministra Romo decía que no hay una sola explicación de los hechos. ¿Cómo analiza usted lo que pasó?
La Ministra presenta, en su informe, algunas entradas al problema. Señala la posibilidad de una conspiración política, el tema de las infiltraciones, que hubo una coincidencia de acciones y algunos aprovecharon esas circunstancias.
Quizás la verdad tenga que ser construida desde diferentes ópticas.
Cada actor, cada institución tiene su relato, tiene su hipótesis. Nuestra comisión tarea es aportar luz a esa verdad mirando todas estas particularidades.
Debemos tener una línea de tiempo sobre la cual vayamos bajando cada participación y sus actores: los convocantes, los sujetos y actores políticos, las autoridades.
¿Cuál fue su participación? Nuestra tarea no es juzgar sino ordenar estos elementos, darles un sentido, dar una explicación de lo que pasó. En función de eso, si hay indicios de responsabilidad, derivarlos a las autoridades competentes.
En GK publicamos, basados en información que nos entregó la fiscalía, el número de delitos que están siendo investigados tras el paro. Allí incluimos además el tipo de delito y la provincia. La mayoría es en Guayas y luego en Pichincha. En Tungurahua apenas se registra un presunto delito. Se habló mucho también de que había venezolanos intentando caotizar el país, pero de los 312 delitos investigados, apenas ocho fueron presuntamente cometidos por extranjeros. ¿Ustedes han pedido esta información a la Fiscalía para contrastarla con lo que se dice en las comparecencias a la comisión?
Hemos solicitado a la Fiscal General que acuda a la comisión porque, como usted sabe, las responsabilidades son estatales.
En ese marco de las responsabilidad estatales hay que comprender que hay otras funciones del Estado, más allá del Ejecutivo. Esta fue la respuesta que nos dió.
Una persona de la comisión, sentada frente al asambleísta, extiende un documento de la Fiscalía en el que da una respuesta sobre el pedido de que la Fiscal comparezca. Burano la toma y la señala.
Antes de leer, imagino que les dijo que por ser investigaciones en curso no se puede pronunciar al respecto.
Así es.
Pero nosotros solicitamos esta información que le estoy dando y nos la entregaron porque es información pública. No estamos pidiendo detalles de los procesos pero sí es importante saber qué delitos son, en qué provincias…
Claro, queríamos escuchar a la Fiscal. Si no viene por este argumento, eso no la exime de la posibilidad de que a la Asamblea, su controlador político, le presente la información que le requerimos.
Mi preocupación es que este informe tiene que tener la mirada territorial. Yo vivo en una provincia. Estuve parte del paro en Quito, vivo cerca de la zona cero.
Estos son delitos conexos al paro pero también hay otros delitos que se cometieron por ausencia de control de la fuerza pública.
Sí, en la publicación está eso también: robo, tentativa de robo, entre otras. Estos, en su mayoría, fueron cometidos en Guayas. Pero sabemos poco de las otras provincias.
No hemos escuchado aún a todas las provincias. La próxima semana vienen las cámaras de Guayas.
Hemos escuchado Tungurahua y Cotopaxi, pero en nuestra línea de tiempo deberíamos incluir los delitos, las acciones gubernamentales, los incidentes.
¿La línea de tiempo incluye lo que pasaba en paralelo en todas las provincias?
Por supuesto. No es lo mismo la manifestación del paro en la Costa ecuatoriana, que en todo el centro del país, donde hay mayor presencia indígena, donde se levantaron. No es lo mismo que en la Amazonía.
Hay provincias de mayor y menor impacto.
La Asamblea ha sido acusada de inacción durante el paro. Ustedes no sesionaron en ese período. ¿Cómo evalúa usted la forma de actuar del legislativo?
Muchas de estas opiniones dependen de la percepción de la opinión pública.
Nuestros propios legisladores, cuando ven que la opinión pública va hacia la condena de la Asamblea, se paran en la curul y dicen que por qué la Asamblea no intervino.
La valoración positiva o negativa sobre las acciones o inacciones de la Asamblea, la historia evaluará.
Lo que sí puedo decir es que no era una decisión fácil. No había las condiciones políticas como para tomar decisiones y le voy a decir con toda la franqueza; para efecto de la gobernabilidad de la Asamblea se necesitaba una mayoría, y creo que en estas circunstancias, cuando tenía presión de poderes fácticos, no importaba dónde nos reunamos.
Si la presión en Quito incrementaba porque la Asamblea estaba reunida, en cualquier lugar del país, y si la Asamblea no tomaba la decisión que quería el grupo de presión, esa reunión hubiera exasperado los ánimos. No era fácil tomar una decisión.
La opción de la prudencia lo que hizo es provocar que se sienten a negociar. Hubo un momento en que fuimos consultados los jefes de bancada y los coordinadores de los grupos políticos, nosotros le dijimos al Presidente de la Asamblea que era hora de sesionar. Dijimos que ponga una fecha y nos reunimos, y que les anunciara a las partes que tenían que encontrar una salida de diálogo. Eso sucedió.
Anunciamos que íbamos a sesionar en Santa Elena el lunes (14 de octubre), y mi lectura es que ese anuncio fue entendido por ambas partes como que había que sentarse, y que no podían permitir que la Asamblea que estaba sitiada mediáticamente, sitiada por las presiones fácticas, tome una decisión equivocada.
El objetivo era preservar la institucionalidad democrática y creo que ese era también el objetivo del movimiento indígena. El movimiento indígena se manifestó, yo los escuché ante los medios, dijeron que no querían tumbar al gobierno, que querían que se derogara el decreto.
Pero allí también hubo contradicciones porque en el Ágora de la Casa de la Cultura, el día de la retención a policías y a ciertos periodistas, sí hubo líderes indígenas que se pronunciaron a favor de que caiga el gobierno.
Quizás porque yo entiendo que el movimiento indígena no es fácil de comprender [en cuanto a cómo toma] sus decisiones: hay una tradición de decisiones colectivas, no hay una organización estrictamente vertical.
Esta concepción de la plurinacionalidad va para ellos, es el mejor ejemplo. Hay visiones orientales, visiones de la Costa, de la Sierra centro, de la Sierra norte, de la Sierra sur, y quizás esas visiones en un momento como ése no confluían. Estaban tomando decisiones en el trayecto.
No me voy a poner del [lado] del sector indígena, pero trato de comprender para poder leer qué es lo que estaba sucediendo. Emitir un juicio de valor sin comprender ese contexto cultural también nos puede llevar a una equivocación.
La comisión debe presentar un informe hasta el 25 de noviembre. Fotografía de Diego Ayala León para GK.
Usted habla de presiones de poderes fácticos durante el paro. Con la información que tienen hasta ahora, ¿qué poderes había detrás?
Los mismos poderes económicos.
¿En qué sentido?
En el sentido de empujar y apoyar una medida con toda su fuerza y no querer dar opción a abrir un camino de diálogo u otra opción y esos mismos poderes, hoy, frente a otra medida económica, se oponen.
Muchas veces, dentro de la misma sociedad, no hay una predisposición de todos construir, de ser juntos obreros para salir de la crisis, porque creo ese es era el propósito de todos.
Pero aunque todos tengan el objetivo de salir de la crisis, si la ideología es distinta, los caminos planteados van a ser diferentes. Pregúntele a dos economistas con tendencias distintas y le van a dar dos soluciones absolutamente opuestas.
Lo grave es que en función de una posición de poder se quiera imponer una manera.
A los indígenas les decían que ellos quieren imponer un proyecto político sin haber ganado en las urnas y por otro lado el proyecto político que gobierna actualmente ganó con una propuesta política y económica distinta a aquella que hoy pone en práctica. ¿Cómo se empatan estas visiones tan contradictorias que chocan?
El ejercicio de gobernar es el diálogo, de generar consensos, gobernabilidad —ojalá pudieramos generar gobernanza.
Esa es la responsabilidad de quien tiene el poder. Quienes estamos del otro lado, como ciudadanos, también tenemos la responsabilidad de pensar en el país. Eso no es fácil en un país fragmentado. En un país que tuvo un período muy largo en el que perdió la costumbre del diálogo no es fácil poder reconstruirse.
Esa es una de las lecturas que se hace: el silencio de la protesta durante diez años que explota de forma violenta. Hay distintos pedidos manifestándose: indígenas, estudiantes, organizaciones sindicales, entre otros y en la mitad, personajes que no se logran identificar, y que generan caos y violencia. ¿Cómo lee usted eso?
Si es que ha habido grupos infiltrados eso está por demostrarse. Quienes dicen que han existido tienen que probarlo y documentar que así fue. Debe haber la suficiencia de pruebas.
Lo segundo que me parece interesante, que usted menciona, cuando mejora la calidad de la democracia, afloran las libertades, una de esas es la libertad de expresión, la libertad de protestar.
Cuando la democracia es restringida se pierden ciertas libertades, el diálogo político desaparece y lo sustituyen las imposiciones. La libertad es sustituida por la persecución, entonces en una sociedad que vivía en esa circunstancia, al tratar de mejorar su calidad de democracia comienzan a aflorar estas virtudes.
La libertad de expresión es una de las primeras triunfadoras de esto.
¿En el sentido de que la gente pudo manifestarse?
En el sentido de que la gente pudo manifestarse, de que hoy la gente puede hablar, que los medios pueden decir sin temor lo que tengan que decir, e incluso que la gente en redes sociales pudo expresarse con libertad.
Ese es el mérito que tiene vivir en un ambiente de mejor calidad de la democracia.
¿Qué más hay detrás de la protesta?
Esa será quizás parte de una de las conclusiones del informe.
Mi percepción es que el país está obligado a construir más diálogo. Todos los sectores sociales, especialmente las élites de todo nivel, están obligadas a tener una visión de país, una visión de más largo aliento.
No podemos tener la visión de tener réditos de cualquier naturaleza para mañana o pasado. Es complejo tener esto estando a las puertas de nuevas elecciones.
Esta es una prueba porque es un hito dentro de la historia del país. Once días paralizado el país. Once días el movimiento indígena levantado y el Estado actuando. Hay que revisar las capacidades estatales para garantizar los derechos de los ciudadanos.
¿Estamos preparados para eso?
«Un informe tiene mayor validez si no se fundamenta solo en opiniones, sino en hechos relevantes.» Fotografía de Diego Ayala León para GK.
Allá iba. Por un lado, un Estado que garantice los derechos a la protesta libre y por otro lado, ciudadanos que se sentían inseguros incluso en sus propias casas por los brotes de violencia. ¿Cómo cohabitan estas dos realidades?
Al ser esto sorpresivo, inesperado, no sé si en los escenarios que se maneje a nivel de la seguridad integral del Estado se haya considerado.
Toda la institucionalidad quizás no pudo manejar el tema como debía.
No es el ejemplo más apropiado pero qué pasó cuando en el terremoto [de 2016]. Hubo un sinnúmero de equivocaciones y errores porque no estamos preparados para eso. El Estado se puso a prueba, la institucionalidad.
Pero hay que entender que esa institucionalidad nos pertenece. Nosotros decidimos tener esta institucionalidad, nosotros decidimos tener este marco legal para organizarnos como sociedad.
Es una lección aprendida. Tenemos que revisar si las capacidades estatales están preparadas operativa, logísticamente, y cuentan con todas las herramientas para abordar este tipo de situaciones.
Una de las críticas que se ha hecho es a los sistemas de inteligencia.
En este estado de crisis quien preside el Consejo de Seguridad es el Ministro de Defensa. Él ha postergado su visita, cuando venga le vamos a preguntar eso.
Yo soy el más interesado en saber eso.
¿Cuánto tiempo más tiene la comisión para recibir testimonios y qué pasará después?
Hoy vamos a actualizar la información porque hay nuevos ciudadanos y gremios que han pedido ser recibidos y vamos a ver si nos alcanzan los tiempos.
Si necesitásemos abrir uno o dos días más para recibir comparecencias, está dentro de lo previsto. La norma nos permite incluso ampliar el plazo que es hasta el 25 de noviembre.
¿Cuál es el siguiente paso después de recibir los testimonios?
Luego de los testimonios abrimos un espacio de debate interno. Ahí los comisionados pueden proponer sus hipótesis y vamos configurando el informe.
En estos días ya hemos sistematizado la información, y vamos construyendo la línea de tiempo para que los comisionados tengan su opinión sobre el informe final.
¿Qué pasa con el informe final? ¿Allí se incluirán los resultados de la investigación del paro?
El informe debe pasar al pleno, el pleno lo observará, tendremos la posibilidad de mejorar el informe y luego pasará a las instancias pertinentes, a quien tenga la competencia, sea la Fiscalía, la Contraloría, la Corte Constitucional. No podría adelantar a cuáles órganos.
Luego viene el efecto de control político que es más una responsabilidad institucional, hacer seguimiento a las instituciones que van acogiendo las observaciones que les correponde. Adicionalmente hay que hacer vigilancia y cumplimiento de acuerdos.
¿Qué acuerdos?
El acuerdo entre el gobierno y los manifestantes. El domingo 13 de octubre hubo un acuerdo: que iban a sentarse y dialogar, no solo estaba suscrita la derogatoria del 883.
Usted recordará que hubo un ofrecimiento de construir una agenda común, con unos temas, que el gobierno tomó la iniciativa con el sector laboral, y ha propuesto de abrir tres mesas de trabajo, en fin. Ese tipo de acuerdos, nosotros debemos presentar un informe adicional como comisión, que dé testimonio y verifique cuál ha sido su nivel de avance.
Usted hablaba de las lecciones de este paro. ¿Para la Asamblea Nacional cuál es la lección?
Siempre he tenido un criterio respecto de la Asamblea: tiene que estar más cerca de los ciudadanos.
No voy a pensar únicamente en los días del paro. La Asamblea tiene que estar más conectada con la ciudadanía.
Su sistema de participación ciudadana tiene que estar más cerca, especialmente, de las realidades territoriales.
Muchas veces no miramos a la periferia como institución. Es necesario tener estas miradas, no del centro sino de la periferia, de los que no están incluidos, de los que no tienen la posibilidad de venir a la Asamblea para hablar. Por eso, este ejercicio de la comisión es un ejercicio abierto: aquí todos hablan y pueden venir a hablar ante los representantes que eligieron.
Algo anecdótico: el primero o segundo día de las comparecencias, vino un señor sin que estuviera en la agenda y pidió ser recibido y lo recibimos, y habló.
¿Y quién era?
Es el presidente de un barrio, Tola Alta o Tola Baja, no recuerdo. Vino, lo recibimos, y expuso su versión. Él había estado en el momento que se tomaron la Asamblea. Él nos comentó su experiencia.
Al final nos dijo: “No pensé que me iban a recibir, vine por si acaso”.
Eso debería ser algo natural para una institución como esta que representa a los ciudadanos. La política tiene que cambiar.
¿En qué sentido?
En su relación con los electores. Antes, la política era la intermediaria entre el poder y los ciudadanos, era como una bisagra. Hoy no.
Hoy los ciudadanos no necesitan de la política ni de los partidos. Aquí hay un gran mensaje. Estamos a puertas de cambiar el Código de la Democracia, ¿cómo estamos pensando en esas instituciones políticas del futuro? ¿Son las instituciones políticas resucitadas de hace veinte o treinta años? ¿O debemos promover instituciones más democráticas, más proactivas, más conectadas con la gente?
Todo el mundo se queja de la dispersión política. Hay un gran movimiento local. Vamos otra vez al territorio. Es que los partidos centralistas no están escuchando a las periferias y las periferias se organizan para participar políticamente porque no están siendo escuchadas.
Hay que repensar la democracia, porque es la democracia la que procesa. Los partidos políticos que representamos a los ciudadanos debemos procesar adecuadamente, siendo más cercanos a la gente.
