Una tarde de 2018, un grupo de indígenas de Sinangoe, una comunidad cofán —una de las quince nacionalidades indígenas del Ecuador—, volaba un dron para detectar amenazas a su territorio. Un año antes, el hallazgo casi coincidental de una patrulla minera los había hecho hacerse una pregunta: cómo saber cuántas invasiones extractivas había en su territorio, un área de más de 55 mil hectáreas. En su búsqueda de respuestas, se toparon con Amazon Frontlines y Alianza Ceibo, organizaciones de defensa de derechos indígenas, que les propusieron empezar a usar dispositivos tecnológicos para monitorear su territorio e identificar mineros, madereros y otras formas de explotación de recursos naturales que violentaran sus derechos. Con el paso del tiempo, lograron recabar tanta información con GPS, drones y cámaras trampa que les sirvió como evidencia estelar para ganar un juicio contra el Estado ecuatoriano por concesionar esas tierras sin consulta previa, violando su derecho a un medioambiente sano.
Aquella tarde de 2018, en la pantalla de monitoreo vieron a unos 50 hombres alrededor de retroexcavadoras. Era la primera vez que veían tantas máquinas que clavaban su brazo dentado en la orilla del río, removiendo su tierra. Para encontrar respuestas y entender lo que veían en la pantalla, revisaron el catastro de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) —un inventario donde están todas las concesiones. Allí descubrieron que se habían concesionado, a empresas privadas, 19 556 hectáreas de su territorio ancestral —un área que equivale a 152 veces el Parque Bicentenario de Quito (considerado como el área verde más grande de la ciudad). En esa lista que ellos nunca habían revisado antes, los cofán identificaron cincuenta y dos concesiones en proceso de licitación para la exploración y explotación de pequeña y mediana minería metálica de oro. Estas estaban en las riberas de los ríos Aguarico, Chingual y Cofanes. A ellos nunca se les había consultado sobre esas concesiones violando su derecho a la consulta previa que tienen todos los pueblos indígenas. Según la Constitución, se les debería preguntar sobre la “comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente”. Pero a ellos nadie les avisó.
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Cuando se dieron cuenta, ya había maquinarias como retroexcavadoras y dragas, que sirven para excavar directamente el material del fondo, a la orilla del Aguarico. En ese momento inició un proceso “muy riguroso de documentar lo que está pasando con esas concesiones y fundamentalmente de darnos cuenta que fueron entregadas de manera inconsulta”, dice María Espinoza, coordinadora jurídica de Amazon Frontlines y abogada de los cofán.
Las fotografías de los drones demostraron la presencia de retroexcavadoras que realizaban actividad minera dentro del territorio cofán. Nunca fueron consultados. Fotografía de Amazon Frontlines.
Así, esta comunidad indígena decidió llevar la protección de su territorio a otro nivel. El 12 de julio de 2018, Mario Criollo, presidente de los cofán de Sinangoe, puso una acción de protección contra el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Minería, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), la Secretaría Nacional del Agua y la Procuraduría General del Estado. Los cofán demandaban a las instituciones por haber vulnerado el derecho a la consulta previa, derecho al territorio y a la cultura, afectación a los derechos de la naturaleza y al medio ambiente sano.
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La vigilancia del territorio cofán empezó antes de 2018. No había drones ni GPS. Solo estaban ellos quienes se turnaban en caminatas de vigilancia. En uno de esos recorridos a pie, vieron a decenas de mineros trabajando en las orillas del Aguarico, que es el límite artificial entre los dominios cofán y la carretera. “Nos sorprendió, no sabíamos lo que estaban haciendo”, dice Nixón Narváez, un joven cofán de Sinangoe. En esa ocasión, los guardianes no se acercaron ni los mineros se enteraron que estaban siendo observados. En otras caminatas, los hombres que vigilaban empezaron a notar, poco a poco, que la presencia de mineros fue aumentando. En otros recorridos no veían a los trabajadores pero sí evidencias de que habían estado allí como unos tubos plásticos con los que, suponían, lavaban oro. A partir de ese momento empezaron a buscar alternativas para cuidar mejor su territorio.
Después de conversaciones con organizaciones como Amazon Frontlines y Alianza Ceibo crearon una guardia comunitaria más organizada, conformada solo por hombres, para cuidar su territorio. Durante cinco meses, Nicolás Mainville, coordinador de monitoreo ambiental de Amazon Frontlines, capacitó a seis miembros de la guardia en el manejo de cámaras trampa, drones, GPS, mapeo, uso de cámaras de foto y video.
En uno de los recorridos de vigilancia, Oswaldo Lucitante usa su celular para registrar en su aplicación de mapeo el estado de su territorio. Fotografía de Diego Ayala para GK.
Desde entonces, equipados con sus dispositivos, los miembros de la guardia caminan en medio de la selva. Una mañana de agosto de 2019, uno de ellos lleva un GPS en las manos, que permite registrar el recorrido de su camino y así, en caso de encontrar alguna evidencia, saber exactamente dónde están. Los otros cinco guardianes cofán miran a su alrededor como si supieran que los mineros podrían estar ahí. Quizá ellos no lleguen a ver a los intrusos, pero las cámaras trampa que han colgado en los árboles se los mostrarán cuando, días después, regresen a descargar todo cuanto han grabado sus lentes ocultos en el follaje denso.
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La comunidad de Sinangoe está en las afueras de la ciudad petrolera de Lago Agrio, en la provincia de Sucumbíos —al noreste ecuatoriano. Desde los años 60, con la perforación del pozo petrolero Lago Agrio, el primero de la historia hidrocarburífera de la Amazonía ecuatoriana, la postal selvática cambió por completo. Ahora, grandes tubos metálicos oxidados –que llevan petróleo, agua de formación, gas licuado– atraviesan el paisaje, junto a árboles, debajo de puentes y frente a pequeñas casas de madera. Sobre uno de esos tubos, que recorren el camino hasta Sinangoe, alguien ha pintado en blanco Exigimos justicia.
Un puente colgante divide la carretera de Sinangoe. Lo que algún día fue solo selva, hoy es una extensión de la ciudad de Lago Agrio. Sinangoe se convirtió en uno de los territorios donde el Ecuador ha puesto sus renovadas esperanzas de progreso: la minería.
A pesar de estar tan cerca de Lago Agrio, tener la comida necesaria para vivir no es nada fácil. Hace varios años que el río dejó de ser lo que era. En dos horas de pesca apenas se consiguen tres o cuatro peces. La minería alejó a los peces del río y los pocos que conseguían estaban estaban con hongos.
Miembros de la guardia cofán de Sinangoe se preparan para navegar por 30 minutos en el río Aguarico. Fotografía De Diego Ayala para GK.
La vida también ha cambiado. Ana Lucitante, una cofán de 23 años, cruza el puente colgante para llegar a la otra orilla del río, y la acompañan dos niños pequeños. Pero no irá a pescar, sino a lavar oro con una batea que lleva bajo el brazo. Como Ana, muchas mujeres cofán se dedican a lavar oro en el Aguarico para cubrir solo algunas de sus necesidades. El mazamorreo —un tipo de minería con batea— es una práctica común en la comunidad cofán. A diferencia de la minería a pequeña o mediana escala, esta es realizada con herramientas manuales que permiten clasificar el material conseguido de playas, lagunas y ríos. Según la Alianza por la Minería Responsable, el mazamorreo no tiene “impactos durables sobre las corrientes de agua”. Una de las actividades cotidianas para una mujer cofán es ir a lavar oro para “poder tener algo para la familia”, dice Fabiola Umenda, presidenta de la Asociación de Mujeres cofán de Sinangoe, sentada en las afueras de una construcción de madera donde se reúnen las mujeres de la comunidad. “No hay más que hacer porque nadie tiene trabajo fijo aquí en la comunidad ni los esposos. Nadie”, dice con una voz tímida y de resignación. Las pocas pepitas de oro que consiguen las mujeres, son el único “dinero” que les sirve para vivir en medio de una selva que alguna vez tenía todo.
Los hombres, miembros de la guardia comunitaria, se dedican a la vigilancia de un territorio que ha sido olvidado y que ahora luce para el gobierno como una mina de oro. Pero no reciben dinero por ese trabajo que hacen. Luchar por la protección de su territorio para los pueblos indígenas de la Amazonía ha sido una historia larga y, en muchos casos, llena de irregularidades como supuestos procesos disfrazados de consulta previa. Ahora, para algunos como los cofán, la lucha ya no es contra las grandes empresas petroleras sino contra la nueva, y menos desgastada, cara del progreso: las concesiones mineras. La guardia comunitaria de Sinangoe espera no volver a encontrarse con mineros ilegales o concesiones “legales” trabajando cerca de su territorio.
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Luego de que Mario Criollo, en representación de la comunidad de Sinangoe, presentara la acción de protección, se fijó una audiencia para el 3 de agosto de 2018. Ese día, en el cantón Gonzalo Pizarro de la provincia de Sucumbíos, un juez falló a favor de los cofán: dijo que no se habían respetado los procesos de consulta y que se debían detener las concesiones y operaciones en ese territorio. En la audiencia, el juez no solo escuchó los argumentos de los afectos sino que vio las fotografías aéreas obtenidas con los drones, que ayudó a que entienda cómo la minería estaba invadiendo y contaminando el territorio de los cofán.
Las entidades públicas demandadas no se contentaron con la sentencia y apelaron. Según María Espinoza, los representantes del Estado dijeron que “los cofán no son los dueños del territorio, que están dentro de un área protegida que es el Parque Nacional Cayambe- Coca, cuya propiedad recae en el Ministerio de Ambiente”.
Los efectos de la minería en las orillas del río Aguarico fueron captados por un dron. Fotografía de Amazon Frontlines.
El caso pasó a segunda instancia en la Corte Provincial y el argumento de las instituciones fue el mismo. Pero la sentencia no cambió: los cofán son dueños de su territorio y merecen ser consultados.
En primera y segunda instancia, cuenta la abogada Espinoza, los jueces ordenaron una visita al territorio y los cofán aprovecharon la visita para usar los drones y mostrarles en vivo lo que ellos habían visto. “(Las imágenes) le permitieron a los jueces entender la calidad del área que estaban protegiendo, el estado de conservación del área, el estado de conservación de los ríos”, dice Espinoza. Pero, además les permitió a los cofán profundizar sobre su relación con el territorio que, para ellos, significa más que un lugar donde viven. La tecnología jugó un papel muy importante y facilitó la comprensión de los jueces sobre lo que estaba en juego.
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Los drones, las cámaras trampa y los GPS son parte de la cotidianeidad de los cofán. Los días que ellos no hacen recorridos, las máquinas igual trabajan. Apenas pasa algo delante de una de las cámaras trampa, un sensor de temperatura y movimiento se activa y captura una fotografía o graba lo que sucede. Cada quince días, las retiran para ver todo el material que grabó. Roberto Umenda Criollo, un cofán de 20 años, retira una de las cámaras trampa de color verde selva, camuflada entre las ramas de un árbol, en medio de la espesa vegetación amazónica. Nadie, excepto ellos, los cofán, sabe dónde están ocultas. La cámara se convierten en sus ojos: es un vigilante más que cuida su territorio de la invasión de mineros, madereros y cazadores ilegales.
El territorio cofán está en una de las áreas protegidas del Ecuador, el Parque Nacional Cayambe- Coca también conocido como Parque Nacional del Agua. Es considerado como un área biodiversa dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas por tener ecosistemas de zonas altas como son los páramos y de zonas bajas como son los bosques tropicales. Aunque la Constitución garantiza “la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas” de las áreas protegidas, la minería no tardó en llegar a una zona que debería ser protegida. Lo que un día fue una selva virgen, hoy lucha por conservar algo de todo lo que les fue arrebatado. Después de la construcción de la carretera, el puente colgante, la presencia de los colonos, y ahora la minería, la selva luce diferente.
Las cámaras trampa funcionan con pilas que los indígenas deben cambiar cada cierto tiempo. Fotografía De Diego Ayala para GK.
Ángel Quenama Lucitante, otro de los miembros de la guardia de Sinangoe, se sienta en un banco, toma la cámara trampa, la abre y revisa el estado de las pilas y que no haya oxidación. Guarda la cámara para que, al siguiente día, después de 30 minutos de viaje en canoa por el río, regrese a la comunidad a ver las imágenes que capturó, en una computadora. Algunas veces, al ver las tomas de las cámaras, ven a mineros ilegales o tubos de plástico que les sirven para lavar el oro que sacan.
Los mineros ilegales trabajan en grupos pequeños. Nixón Narváez recuerda una vez en que se los topó, cara a cara, y les advirtió que estaban en territorio ancestral y debían irse. Cuando los mineros no reaccionan bien a la primera, dice Narváez, “les mostramos una notificación para decirles que ellos no pueden entrar y que ese es nuestro territorio”. Algunas veces se han ido y no han regresado, pero otras sí. Cuando vuelven, cuenta Nixón, les quitan los materiales que tienen y notifican a un policía o a la Fiscalía. Esta incautación pueden hacerla gracias a la sentencia de 2018.
Hacer minería en Sinangoe es una mala idea no solo porque está en un Parque Nacional sino porque es considerada un área vulnerable a desastres naturales como terremotos, inundaciones, deslizamientos de tierra y derrumbes. Realizar cualquier actividad extractiva es más peligroso de lo que parece, pero irónicamente ni el Ministerio de Ambiente ni la Arcom lo consideraron. Así como tampoco consideraron que el Parque está encargado de abastecer una parte del agua a Quito.
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El triunfo de los cofán va mucho más allá de la idea de que la tecnología “viene a salvar los pueblos indígenas”, dice Nicolás Mainville. La ayuda de la tecnología fue indiscutible, pero sin duda fue una herramienta “para tener más fuerza que ayudó a convencer los jueces”.
Ángel Quenama Lucitante revisa el estado de una de las cámaras trampa después de uno de los recorridos. Fotografía De Diego Ayala para GK.
Entre las pruebas había imágenes y mapas en detalle. Todo ese paquete de evidencias ayudó a los cofán pero sin la guardia o sin la vigilancia de la comunidad no habrían conseguido ganar el juicio. Nixon Narváez reconoce que la ayuda de la tecnología: “los vuelos de drone, las fotografías aéreas donde se miraba exactamente la deforestación y la destrucción que estaban realizando” fueron una prueba contundente para ganar.
La vigilancia, el uso de drones y la capacitación de los cofán evitó que los mineros destruyeran un territorio que ha intentado ser conservado durante muchos años.
