Según el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, los centros de paz que se organizaron en las universidades Central, Salesiana y Católica en Quito eran “centros logísticos de abastecimiento para los manifestantes y los grupos que actuaban vandálicamente”. Lo dijo el 23 de octubre de 2019, ante la Comisión de Soberanía de la Asamblea, cuando presentó un informe sobre la actuación de las Fuerzas Armadas durante el paro de octubre de 2019.

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Según Jarrín, hubo un “gran conglomerado de manifestantes, de bandas y de grupos que habían alterado el orden y que habían pasado a una violencia que había escalado hasta niveles que nunca el país había estimado”. El Ministro de Defensa dijo que esto respondería a una estrategia destinada al “derrocamiento del gobierno, a la inestabilidad política y la finalización del Estado democrático”. 

En su informe dijo que las manifestaciones — en las que participaron unas 35 mil personas— estuvieron “marcadas por una violencia sin precedentes”. Jarrín dijo que en los cócteles molotov usados en las manifestaciones se “agregaban sustancias adherentes como aceites o químicos” para que se pegaran a la superficie que toquen, en algunos casos la piel. Otros de los implementos usados fueron lanzacohetes y escudos metálicos, que fueron confeccionados “con anticipación”, según explicó el ministro de Defensa.

Las Universidades que funcionaron como Centros de Paz y Acogida Humanitaria durante los días del paro nacional en Quito — la Salesiana, Politécnica, Católica, Central y Andina — publicaron un comunicado rechazando “las desafortunadas declaraciones del Ministro de Defensa”. Confirmaron que ellos se encargaron de “resguardar la integridad y condiciones de dignidad elementales de familias indígenas, incluidos mujeres, niños y adultos mayores”. 

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La ministra de Gobierno, María Paula Romo, también presentó su informe ante la Comisión de Soberanía de la Asamblea. Romo dijo que los dos jóvenes que murieron después de caer del puente de San Roque “no fueron arrojados por la Policía Nacional”.  Refutó las acusaciones de que la Policía usó excesivamente la fuerza, de la que dijo “cumplió con su deber” y que los casos excepcionales serán investigados. 

Todavía no se tiene una cifra exacta de las pérdidas económicas de las manifestaciones. La  ministra de Gobierno habló de los “daños de la fractura social” que provocaron. Además de la desconfianza y los enfrentamientos, hay ciudades que eran seguras para el turismo y ahora son “no recomendadas”, dijo la Ministra. Romo no incluyó una cifra de muertos en su informe.