El 15 de octubre de 2019 la Fiscalía del Ecuador confirmó que el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Julio Arrieta, dictó prisión preventiva para Paola Pabón, prefecta de Pichincha, y Christian G. A Pablo D., detenido también dentro de la misma investigación, se le dictó “medidas alternativas” a la prisión (podrían ser llevar un dispositivo de rastreo y presentarse periódicamente ante el juez). 

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Al ser prefecta de Pichincha, Pabón tiene fuero de corte provincial —es decir, que es procesada en primera instancia por una corte provincial y no por un juez penal de primer nivel. La identidad de los otros procesados no ha sido revelada, pero, según la regla legal, el fuero “arrastra”, por lo que también son procesados ante el presidente de la Corte provincial. 

Arrieta ordenó, además, la inmovilización de las cuentas bancarias de los tres, prohibiéndoles, también, enajenar sus bienes. 

Según la Fiscalía, se les formularon cargos por “el delito de rebelión” por lo que llamó “los actos delictivos registrados durante las protestas de días atrás”. La instrucción fiscal del caso durará 90 días. 

En el allanamiento a la casa de Christian G —quien supuestamente financió alimentación, medicina y escudos de protección para el paro nacional— se incautaron tarjetas de crédito, panfletos y material usado en las manifestaciones. 

Minutos después de confirmar la orden de prisión preventiva contra Paola Pabón, la Fiscalía anunció que se allanó la casa de Luis Flores, esposo de la asambleísta Gabriela Rivadeneira. En esta diligencia se incautó una “caja fuerte, una libreta de ahorros en la que se detalla pagos al ‘señor presidente’, libretas de notas de pagos, dispositivos electrónicos y material electoral”. 

Por la mañana del mismo 15 de octubre, la Fiscalía confirmó que en el mismo caso se allanó “la sede de un partido político”, sin especificar cuál. En las fotografías publicadas por la Fiscalía se pueden ver cuadros del expresidente Rafael Correa, pese al intento de la Fiscalía de disimular su rostro. Entre lo que la Fiscalía levantó en el allanamiento están cinco computadoras portátiles, dos CPUs y dos celulares.  La Fiscalía dijo también que el 14 de octubre se allanaron “tres inmuebles para ejecutar orden de detención contra Virgilio H.”. En ellos, la Fiscalía encontró dinero en efectivo —en dólares y euros—, banderas y otros elementos.